Agonía interminable

Una nueva rebaja en las calificaciones crediticias de Petro-Perú nos recordó ayer la agonía sin fin a la que esa empresa estatal parece estar condenada. Esta vez fue la calificadora Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings la que anunció que había bajado sus calificaciones de B+ a B y que había revisado también su perfil crediticio independiente, rebajándolo de ccc+ a ccc (“lo que refleja un mayor deterioro en el flujo de efectivo esperado”, precisó).

Con este anuncio, S&P Global Ratings se suma a Fitch Ratings y a Apoyo & Asociados, que también comunicaron recientemente sendas disminuciones en la valoración financiera de la referida empresa estatal. No se puede decir, sin embargo, que estas notificaciones sorprendan. Es pública y conocida desde hace años la penosa situación de la petrolera, particularmente desde que se embarcó en la construcción de la refinería de Talara sin ningún criterio técnico detrás de ella, y hasta las personas nombradas por el Gobierno para manejarla han proclamado hace poco que requiere, como solución factible en el corto plazo, una gestión privada.

Como se recuerda, hace más de dos semanas, el directorio transitorio de Petro-Perú divulgó un comunicado en el que señalaba, entre otras cosas, que la empresa requería un enésimo rescate financiero del Estado, que esta vez ascendería a US$2.200 millones, pero sentenciaba al mismo tiempo que sería un “acto de inmoralidad” que se procediera a ello, pues nada garantizaba que en un futuro cercano el pedido se repitiera. El Ebitda –esto es, las ganancias antes de los descuentos por concepto de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones– proyectado este año para la petrolera es de solo US$135 millones, una cifra a todas luces insuficiente para cumplir con sus deudas. Como además los directivos han reconocido que no pueden descartar que la compañía necesitará otro rescate financiero en el futuro dado que esta suele estar expuesta a “apetitos políticos”, propusieron que una gestión privada se haga cargo de ella a fin de lograr la autosostenibilidad financiera.

La declaración, por lo demás, fue algo inédito. A pesar de lo evidente del mensaje que transmitía, nunca un directorio de Petro-Perú había osado siquiera sugerir algo así. Designados políticamente, como suele suceder en las entidades que dependen del Estado y en última instancia del gobierno de turno, sus integrantes fueron muchas veces cómplices del despilfarro y la irresponsabilidad con las que se condujo la empresa. Esta vez se enrostraba a las autoridades concernientes la tarea que no estaban acometiendo y debían acometer.

Increíblemente, no obstante, la única respuesta que ofreció el Ejecutivo al día siguiente del comunicado estuvo dirigida a los sindicatos de trabajadores de Petro-Perú y tuvo por objeto asegurarles que no se privatizaría la empresa. Con respecto a lo señalado por el directorio, en cambio, todo fue silencio. Y solo hace tres días, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, compareció para apuntar: “Estamos trabajando en un plan que debe salir en unas semanas sobre de qué manera queremos viabilizar Petro-Perú a largo plazo”. Un anuncio lo suficientemente gaseoso como para sospechar que es una salida retórica. ¿Es acaso serio que la situación de la petrolera sea terminal y que el Gobierno se dé “unas semanas” para decidir qué va a hacer ante ella? ¿No ha pasado ya demasiado tiempo y no se ha dilapidado ya demasiado dinero de todos los peruanos en sostener artificialmente la empresa estatal que nos ocupa como para que ahora venga el ministro a decirnos que esperemos un poco más?

Habida cuenta, además, de la vocación de este gobierno por quitarles el cuerpo a los empeños del Congreso por acabar con la salud fiscal del país y por sumar, más bien, iniciativas propias de dispendio absurdo de los recursos de los contribuyentes en “rescates” de distinto tipo, es natural que se desconfíe de esa promesa. La pregunta, por otra parte, es qué van a hacer los miembros del directorio ante las largonas oficiales con las que se ha atendido su demanda. Quedarse de brazos cruzados después de haber lanzado la advertencia que conocimos a mediados de este mes no debería ser para ellos una opción a considerar, pues mientras el Ejecutivo guarda silencio, la situación de Petro-Perú solo empeora.