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Editorial: Números reales

El mensaje de quienes se oponen a Tía María tiene como principal destinatario al gobierno.

Editorial

Vizcarra y Cáceres

"El futuro de Tía María y de la minería en general bien puede estar definido por cómo el Estado elija subsanar los vicios en su trabajo que la ciudadanía le está enrostrando".

Una encuesta publicada por este Diario, en el marco del conflicto en torno al proyecto Tía María, reveló que el 54% de peruanos informados sobre el tema están en contra del proyecto minero. La cifra, además, supone un aumento considerable respecto a las registradas en los dos meses anteriores (38% en junio y 47% en julio) coincidente con el desarrollo de las protestas en Arequipa.

Cifras de este tipo, en manos de un gobierno que guía sus acciones a partir de ellas, podrían ser interpretadas como una oposición a la ejecución de la mina per se y, por ende, como un aval a la decisión del presidente Martín Vizcarra de cambiar su posición sobre la licencia que su propio gobierno emitió. No obstante, una revisión de la letra pequeña de esta encuesta da cuenta de otro mensaje: el gobierno no ha cumplido con su obligación de garantizar que las condiciones estén dadas para la ejecución del proyecto.

Así, podemos explicar las razones planteadas por quienes se oponen a Tía María. El 52% lo hace: “porque no creo que el gobierno vaya a supervisar que la mina no cause daño ambiental”; 22%, “porque no creo que vayan a construir una planta desalinizadora para usar agua de mar, creo que van a usar agua del valle” y 16%, “porque si un sector de la población se opone, puede haber más violencia”. Todas posiciones que se sostienen en reparos que el gobierno pudo procurar disipar.

La primera, por ejemplo, evidencia la desconfianza de las personas a la pericia con la que el Estado pueda llevar a cabo sus responsabilidades de vigilancia luego de que Tía María entre en operación. Una situación que, además, demanda particular atención habida cuenta de que el ejercicio correcto de la minería formal exige que el ente que la regula tenga un mínimo de legitimidad, algo de lo que, por lo menos en este campo, el Ejecutivo carece.

Por otro lado, la segunda respuesta da cuenta del pobre trabajo, no solo del Estado sino también de Southern Perú, para dar a conocer los alcances del estudio de impacto ambiental (EIA) que el Ministerio de Energía y Minas aprobó en el 2014. Cualquiera hubiese pensado que en cinco años el Ejecutivo y la empresa podrían haber comunicado de manera meridiana que el agua que empleará la mina vendrá del mar y no del valle, a través del empleo de una planta desalinizadora similar a las que usa Southern Perú en Ilo, y, además, que la protección del medio ambiente estaba garantizada, so pena de que la empresa sea castigada. Una pieza de información que podría haber evitado mucha de la oposición que hoy parece próxima a sofocar Tía María.

La tercera respuesta tampoco debe pasar desapercibida. En este caso, la situación bien podría explicarse por la tibieza con la que el gobierno eligió (no) lidiar con los actos vandálicos protagonizados por algunos manifestantes en Arequipa y por cómo el presidente, en lugar de denunciar a las autoridades con discursos capaces de azuzar el desorden, pareciera que decidió hacer concesiones a costa de lo determinado por su propia administración…

En suma, todo lo descrito es resultado del descuido del gobierno frente a aquello que debió siempre defender: el cumplimiento de la ley. Como dijimos en el editorial “Una oportunidad de cobre”, luego de otorgar la licencia de construcción, el Ejecutivo tenía la responsabilidad de despejar las dudas que subsistían en torno al proyecto minero, asumiendo compromisos de monitoreo verificables y garantizando el uso de sanciones si la empresa no cumplía con sus obligaciones. En pocas palabras, ganarse la confianza de los peruanos.

Así las cosas, el futuro de Tía María y de la minería en general bien puede estar definido por cómo el Estado elija subsanar los vicios en su trabajo que la ciudadanía le está enrostrando. Está claro que para comenzar a corregir los errores cometidos en el camino, el presidente y su equipo tendrán que preocuparse por defender y salvaguardar los procesos que se llevan a cabo en el seno del gobierno
–como aquellos que derivan en el otorgamiento de licencias–. Así contribuirán a fortalecer nuestras instituciones y nuestra economía.

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