La reforma de transporte parece estar destinada al olvido y, cada vez que puede, el Congreso aprueba leyes que borran aún más los objetivos de esta en beneficio de la informalidad que ha producido, entre otras cosas, que en la ciudad de Lima ocho personas fallezcan cada semana por accidentes de tránsito.
La más reciente de estas iniciativas es la Ley 842 que propone regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio privado de transporte especial a través de plataformas tecnológicas. Esta iniciativa anula una disposición reglamentaria de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que regulaba este servicio y, si bien tenía errores, al menos exigía que los conductores que buscaban brindar el servicio de taxi no figuren en el subregistro de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, la vida de mujeres, niños y adolescentes, así como violencia familiar, feminicidios, explotación sexual, entre otros.
Lo aprobado, en lugar de proponer otro tipo de fiscalización, ha establecido que los usuarios de las aplicaciones que brindan el servicio de taxi, así como cualquier persona con licencia de conducir y auto, ya no necesiten autorización del organismo técnico para brindar este servicio y, además, las empresas que ofrecen estos servicios no serán responsables por los delitos que puedan cometer los conductores de taxi que utilicen su aplicativo.
Sin embargo, esto no es lo peor, puesto que la ley aprobada permite que los miles de colectiveros que recorren de manera informal la capital perjudicando el servicio de transporte formal puedan evadir la fiscalización de la ATU aduciendo que están realizando un servicio de aplicativo; es decir, la nueva normativa les permitirá circular y competir con las empresas de transporte formal sin ningún tipo de regulación.
En un informe publicado hoy por José Cayetano en este Diario, se reveló que la Comisión de Transportes del Congreso que propuso el dictamen aprobado en el pleno ni siquiera consultó a la ATU su opinión técnica sobre la iniciativa.
Como mencionan diversos especialistas interrogados por El Comercio, el Ejecutivo debería observarla, pero parece ser que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tampoco está del lado de la reforma.
Y es que el MTC no solo autorizó en los últimos días que unidades de transporte público de hasta 35 años de antigüedad se mantengan circulando en las pistas de Lima y el Callao, sino que tiene previsto renovar también las rutas de circulación e incluso ha exonerado a los choferes de mototaxis del examen de conocimientos para poder obtener licencia de conducir.
Esto ocurre a la par de otros proyectos de ley que se están discutiendo en el Parlamento, como el que busca autorizar a vehículos menores como los ticos para realizar el servicio de taxi en provincias o aquel que busca formalizar a todos los taxis colectivos en Lima y el Callao.
Hace más de seis años, El Comercio inició una batalla a favor de la reforma del transporte en el Perú con la campaña #NoTePases, y si bien se realizaron ciertos avances, las recientes decisiones del Congreso y disposiciones del Gobierno evidencian que la situación no ha cambiado demasiado e incluso ha empeorado.
La única manera de mejorar el transporte público en el país es que las autoridades tomen consciencia de la importancia de culminar una reforma sin retrocesos y se comprometan con esta.
En El Comercio seguiremos insistiendo hasta que los peruanos podamos tener el transporte público integrado que merecemos y no se siga permitiendo que los infractores puedan ingresar a la legalidad a través de iniciativas que los favorecen, pese a no haber optado por el camino de la formalidad.
WUF
