El último fin de semana, el programa “Panorama” publicó un video en el que se ve a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán disfrutando del verano en una casa con piscina ubicada en Lurín, al sur de la capital. El inmueble pertenece a su familia y ha sido en el pasado reciente escenario de diversas noticias, desde la revelación de que no contaba con permiso de construcción (se habían erigido cinco pisos cuando las autoridades solo permitían tres) y ocupaba un tramo de playa de manera irregular, según denunció el mismo “Panorama” en el 2017, hasta el allanamiento del que fue objeto un año después por personal fiscal y policial.
Villarán, como se sabe, viene afrontando tres investigaciones por supuestos hechos de corrupción que habrían tenido lugar durante su paso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre el 2011 y el 2014. Casi diez años después de que dejara el cargo, sin embargo, aprovecha el sol para refrescarse mientras miles de limeños reclaman por el desaguisado que dejó su gestión en torno de los peajes ubicados al sur y al norte de la ciudad.
Todo esto, gracias al avance cansino de los procesos en su contra. Especialmente aquel que lleva más de seis años investigándola por los aportes que recibió de constructoras brasileñas para su campaña por el ‘no’ a la revocatoria del 2013 y que se encuentra en etapa de control de acusación desde hace nueve meses. Ello, pese a que, en el 2019, la propia Villarán reconoció que sí recibió ese dinero, tal y como habían declarado previamente exfuncionarios de Odebrecht y OAS. Una circunstancia que negó durante mucho tiempo y solo aceptó cuando supo que quien había sido su gerente municipal, José Miguel Castro, se había sometido a un proceso de colaboración eficaz.
“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña por el ‘no’ a la revocatoria”, confesó Villarán en una entrevista en radio Exitosa en el 2019. “Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña […] y yo cometí un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña”, añadió. Lo que para ella es un “error”, no obstante, para el Ministerio Público es un delito por el que ha solicitado una pena de 29 años de cárcel en su contra.
El caso, sin embargo, avanza con pies de plomo, debido, según pudo conocer este Diario, a la carga procesal del juez Jorge Chávez Tamariz, que viene celebrando audiencias solo una o dos veces por semana. Para algunas fuentes allegadas al proceso, este recién podría llegar a la etapa del juicio oral para el próximo año; es decir, más de una década después de la supuesta comisión de los delitos, un tiempo tan largo que roza con la impunidad.
No es este, además, el único pendiente que tiene la exalcaldesa de Lima con la justicia. Actualmente, ella enfrenta otros dos casos que se encuentran en etapa de investigación preparatoria. El primero de ellos es el conocido como Vías Nuevas de Lima, en el que se la investiga por presuntamente haber beneficiado a la concesionara Rutas de Lima, integrada por Odebrecht, una de las empresas que financiaron su campaña contra la revocatoria y para su reelección fallida en el 2014. El segundo está vinculado a la obra Línea Amarilla y a la posibilidad de que su gestión haya favorecido a la brasileña OAS –también financista de sus aventuras electorales– a través de la ampliación de un contrato de concesión.
No estamos diciendo aquí que Villarán debería estar en una cárcel mientras espera su sentencia. De hecho, ya lo estuvo hasta que la pandemia justificó que la prisión preventiva que se le había impuesto un año antes le fuera variada. Lo que es inaceptable es que la demora en las autoridades les entregue a los limeños postales como las del último domingo, en donde una exalcaldesa sobre la que pesan serios indicios de delitos vive a la expectativa de un juicio que nunca empieza en una especie de dulce (y refrescante) espera.
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