El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón lleva 908 días prófugo de la justicia, sin acatar la prisión preventiva que pesa en su contra por presunto lavado de activos y crimen organizado por un caso de aportes ilícitos a Perú Libre. Esta semana, el Poder Judicial renovó la orden de ubicación y captura en su contra, lo que frustra, por ahora, su intento de anular la prisión preventiva. La verdadera batalla, sin embargo, se libra en el Tribunal Constitucional (TC), y lo que ocurre allí merece una particular atención.
El magistrado Pedro Hernández Chávez, ponente de la resolución sobre el recurso de hábeas corpus que busca anular esa prisión, carga con un historial por lo menos cuestionable. Fue su ponencia la que propuso anular la condena de Cerrón por el caso La Oroya, fue su ponencia la que recortó las facultades del Ministerio Público para investigar a la expresidenta Boluarte y fue su ponencia la que repuso a magistrados destituidos por la JNJ en el escándalo de Los Cuellos Blancos. En el 2021, fue excluido de una postulación al TC por falta de solvencia moral; en el 2023, se repitió la recomendación de exclusión. Sin embargo, el Congreso lo eligió igualmente, con el respaldo de Perú Libre. El círculo se cierra solo.
Para que no quede duda del cuadro, el expediente de Cerrón fue tramitado en apenas 15 días hábiles –mientras casos similares esperan meses o años– y llegó al pleno sin la firma del coordinador de la comisión de hábeas corpus, quien se negó a visarlo por estar en desacuerdo con una propuesta que favorecía al prófugo. La presidenta del TC, Luz Pacheco, reconoció en una entrevista con este Diario la irregularidad y abrió una investigación interna. Que el propio TC tenga que investigarse a sí mismo es una señal de alarma que no debería pasar desapercibida.
No obstante, la figura más escandalosa es la del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Antes de asumir el cargo, fue abogado de Cerrón durante años y militó en Perú Libre. Pese a ese vínculo explícito y documentado, presentó un amicus curiae ante el Poder Judicial a favor de su excliente sin abstenerse del caso. Es un conflicto de intereses tan evidente que resulta difícil entender cómo puede justificarse. La Defensoría del Pueblo existe para proteger a los ciudadanos, no para convertirse en extensión legal de un candidato prófugo.
El argumento de que Cerrón merece atención preferente porque postula a la presidencia es tan peligroso como falso. El Perú ya vivió el caso de Gregorio Santos, quien en el 2016 candidateó desde la cárcel, en prisión preventiva, sin recibir trato diferenciado de la justicia. Ser candidato no es un salvoconducto. No lo era entonces, no debe serlo ahora. Un prófugo que lo es hace 908 días no tiene derecho a atajos en el TC, ni a que un magistrado acelere sus causas ni a que su exabogado –hoy defensor del Pueblo– le tienda una mano institucional. La igualdad ante la ley no admite excepciones para quienes aspiran al poder. Precisamente ellos deberían de dar el ejemplo y cumplir lo que la ley dicta.
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