Hablar de pobreza en el Perú en el 2025 implica reconocer una herida profunda que, aunque parcialmente atendida, permanece abierta y en proceso de cicatrización lenta.
Según un informe del Banco Mundial sobre el panorama de la pobreza en el Perú, solo la mitad de los peruanos que trabajan accede a un empleo asalariado formal frente al 90% en países desarrollados, lo que perpetúa la informalidad y limita el acceso a protección social. En el 2025, la pobreza monetaria tendría una ligera mejora de 27,5% a 25,8%, según proyecciones. Sin embargo, la pobreza extrema persiste en regiones como Huancavelica, Cajamarca y Apurímac. Por ello, programas como Juntos y Pensión 65 han cubierto a 1,2 millones de hogares en el 2025, reduciendo la pobreza extrema en zonas rurales, pero su enfoque asistencialista no rompe el ciclo de vulnerabilidad.
Esta situación consolida la informalidad laboral como uno de los principales mecanismos de reproducción de la pobreza. Al no haber empleos estables ni ingresos suficientes, millones de hogares viven en vulnerabilidad frente a choques económicos. De esta manera, cualquier adversidad puede empujarlos por debajo de la línea de pobreza, anulando los avances alcanzados y ahondando en un ciclo de precariedad difícil de romper.
Desde una perspectiva económica y social, enfrentar la pobreza en el Perú requiere ir más allá de políticas asistencialistas de corto plazo. Es indispensable promover una estrategia que impulse la formalización laboral, fortalezca la educación pública, fomente la inversión descentralizada y mejore la productividad regional.
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