El 12 de abril del 2026 marcará el inicio de un experimento institucional decisivo en la historia reciente del Perú. No se trata de otra elección presidencial; estamos ante el retorno a la bicameralidad.
El nuevo mapa legislativo divide funciones y votos de forma distinta. Por un lado, elegiremos 130 diputados en 27 distritos electorales para asegurar una representación regional. Por otro, estrenaremos un Senado de 60 integrantes con una lógica doble: 30 elegidos en una sola lista nacional y 30 que representarán a las regiones. En este tablero, Lima Metropolitana adquiere un peso determinante al concentrar cuatro senadores propios; se convierte en el árbitro que podría inclinar la balanza en la Cámara Alta.
Desde una perspectiva política, el fundamento del Senado es actuar como una “cámara de enfriamiento”. Es decir, se erige como un filtro para moderar los impulsos de la cámara baja y asegurar la calidad técnica en la designación de altas autoridades. Sin embargo, este equilibrio enfrenta un obstáculo: la hiperfragmentación partidaria.
Con 35 fórmulas presidenciales en competencia, el riesgo de que no tenga mayoría en el Parlamento es el escenario más probable. En esa línea, la bicameralidad podría incentivar la dispersión del poder en lugar de consolidarlo.
La pregunta central es qué partidos poseen el peso orgánico suficiente para evitar que el Congreso de dos cámaras se convierta en un laberinto de bloqueos. Si las fuerzas políticas no logran construir puentes, la bicameralidad será percibida no como una solución a la crisis, sino como una trampa de diseño que profundiza la ingobernabilidad.
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