Las discusiones sobre la regulación del sistema bancario, con el objetivo de proteger a los consumidores financieros, son frecuentes. Un claro ejemplo es la ley para establecer topes a las tasas de interés promulgada en el 2021. Aunque la intención inicial era mejorar la inclusión financiera y proteger a los usuarios de prácticas abusivas, la implementación de la legislación ha generado efectos adversos.
Las tasas de interés no existen para que “los bancos ganen”, sino para salvaguardar el dinero prestado de otro ahorrador que confía sus fondos a la entidad. La imposición de límites desincentiva la concesión de créditos a aquellos con mayor riesgo, ya que las instituciones no pueden ajustar las tasas para compensar dichos riesgos. Esto limita el acceso a créditos formales.
Esta enorme consecuencia ha generado un mercado fértil para el crimen organizado y actividades delictivas como el “gota a gota”. La premisa principal es que los prestamistas informales no requieren mucha información sobre el solicitante; solo les importa que les devuelvan el dinero prestado.
Lo anterior puede verse reflejado en informes como el Reporte de Estabilidad Financiera del BCR de mayo del 2022, que concluyó que las entidades financieras debieron trasladar a los clientes gastos que antes pasaban desapercibidos dentro de su tasa anual. Esto generó una mayor exclusión de clientes y desaceleró la bancarización.
Resultaría más oportuno que se tomaran en cuenta medidas orientadas a una mejor educación financiera, para que los propios usuarios puedan tomar decisiones informadas. Además, levantar el tope de tasas permitirá una mejor competencia, lo que incentivará a las entidades financieras a diferenciarse. Así, se abordarían estas situaciones de manera más efectiva, sin comprometer la viabilidad del sistema financiero.
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