(Foto: Ralph Zapata)
(Foto: Ralph Zapata)

Esta madrugada, luego de siete horas de audiencia, los jueces Mario Reyes Puma, Manuel Arrieta Ramírez y Laurence Chunga Hidalgo, de la Segunda Sala de Apelaciones de Piura, confirmaron la prisión preventiva a seis policías y le revocaron la misma a otros cinco agentes, investigados por haber cometido presuntamente una ejecución extrajudicial ocurrida en febrero de 2015.

Los jueces confirmaron la prisión preventiva al coronel PNP Luis Alberto Zúñiga Saavedra, ex jefe de la División Contra el Crimen Organizado (Divinco) de Piura, al capitán PNP Francisco Arévalo Quispe, de esta misma división, así como a Noemí Santiago Gonzáles, de la Dirección de Inteligencia (Dirin) Lima.

También confirmaron la medida para los suboficiales Heyse Fiestas Yarlequé, Eddy Antón Campos y Víctor López Carrasco. Los jueces, además, variaron la prisión preventiva de 20 a 18 meses para estos seis agentes.

En cambio, la medida fue revocada por comparecencia restringida para los siguientes policías: Horacio Cruz Cruz, Guvis Fiestas Yarlequé, Eileen Humberto Yovera Cisneros, Elmer Gerardo Carrasco Zegarra y Jean Claude Miranda Jiménez. A todos ellos se les pidió respetar reglas de conducta, como no ausentarse de sus domicilios, y se les exigió el pago de una caución de S/2 mil en el lapso de 72 horas.

El caso
A los policías se los acusa de haber cometido una presunta ejecución extrajudicial ocurrida el 27 de febrero de 2015, en Piura, la cual dejó cuatro hombres fallecidos. El fiscal Álvaro Rodas, de la Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado, dijo que existen indicios para suponer que un equipo de la policía de Piura y tres integrantes de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de Lima coordinaron y planificaron una operación extrajudicial para conseguir ascensos.

Aunque son 14 los policías implicados en el caso –según la fiscalía–, los jueces solo han resuelto la medida para 11 de ellos, pues los otros 3 no presentaron abogados defensores. Estos últimos son Irvin Castillo Mendoza, Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño, quienes también participaron del operativo en 2015.

Ponce y Castaño son imputados como coautores del delito de homicidio calificado. Ambos son investigados, además, en otros casos (Santa Anita, La Floresta, Puente Piedra, Chiclayo y Chincha), donde se los acusa de formar parte de un presunto “Escuadrón de la Muerte”, liderada por el comandante PNP Raúl Prado Ravines.

A ellos se les había programado su audiencia para el jueves pasado, pero presentaron una recusación contra el juez Francisco Fernández Reforme, quien vio el caso en primera instancia. Se conoció que mientras no se resuelva dicho recurso no podrá realizarse su audiencia de prisión preventiva. Los abogados defensores de los policías dieron que el juez no individualizó la participación individual de sus patrocinados, y por tanto a todos no los puede enviar a prisión.

Cabe mencionar que El Comercio llamó al general PNP Luis Bisso, jefe de la Policía en Piura, para saber si están buscando a los 11 agentes con orden de prisión preventiva. Sin embargo, no contestó su celular. Se supo, eso sí, que los efectivos policiales han pedido vacaciones, pero estas no han sido aceptadas aún. Más bien Inspectoría evalúa pasarlos al retiro por haberse ausentado de su centro de labores.

Expresiones de gobernador regional
El gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, condenó los escuadrones de la muerte, como el que investiga el fiscal Rodas, y que serían encabezados por el comandante Raúl Prado Ravines, quien también habría participado en el operativo de Piura en 2015.

“Por supuesto que no, claro que no estoy de acuerdo (con los escuadrones de la muerte). Se debe castigar y con la máxima ley. Los rechazo totalmente, hay que eliminarlos, porque no es forma de hacer justica. ¿Quién va a estar de acuerdo con este sistema de terrorismo? Estoy de acuerdo con las decisiones judiciales que se tomen en el proceso, y respeto la autonomía del Poder judicial y del Ministerio Público”, dijo Hilbck.

En anteriores oportunidades, Hilbck cuestionó la decisión del juez Fernández Reforme de enviar 20 meses a la cárcel a 11 policías, presuntos miembros de un escuadrón de la muerte. “Digo que no es conveniente para los policías, ponerlos junto a otros delincuentes, porque corren riesgo, ellos y sus familias”, comentó.