El 65% de presuntas víctimas de violación en el Perú son menores de edad

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En febrero, la Defensoría ya había solicitado a las autoridades que se tomaran medidas para combatir la violencia contra las mujeres en la región, pues solo en los dos primeros meses del año se habían reportado 125 casos de violencia sexual. Además, había advertido demoras en los procesos para atender a las denunciantes.

Hasta noviembre del 2022, se registraron 9.549 denuncias por violación sexual en el país. En estos casos, el 94% de presuntas agraviadas son mujeres, una cifra que se ha mantenido constante en los últimos tres años. Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) a los que accedió ECData, Huánuco es la región con más denuncias por cada 100 mil habitantes. Le siguen Junín, Madre de Dios, Tacna y Cusco.

Así mismo, del total de denuncias realizadas, el 65% corresponde a menores de edad. En la mayoría de los casos, las presuntas víctimas tienen entre 12 y 17 años.

Rossina Guerrero, directora de programas de Promsex, explica que aunque las cifras disponibles ayudan a aproximarse al problema, no es posible ver el panorama completo, pues solo se denuncia una fracción de los casos.

“Si bien, en los últimos años se ha incrementado las denuncias, la violación es un delito poco reportado”, afirma. Pese a ello, subraya que las cifras que se tienen ya deberían movilizar la política pública.

Según la experta, algunas medidas a tener en cuenta son la capacitación del personal que atiende los reportes y denuncias para que pueda brindar la adecuada protección a las sobrevivientes, y la difusión de los pasos a seguir para realizar estas denuncias. “Muchos no saben que acudir al centro de salud es igual de importante que ir a la comisaría”, señala Guerrero. Por eso, el Ministerio de Salud (Minsa), ha desarrollado guías como la Norma Técnica de Salud 164, para el Cuidado Integral de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Afectados por Violencia Sexual, que organiza los servicios para la atención de víctimas.

Según los informes de la PNP, el lugar más frecuente en el que ocurrió el presunto delito fue la propia vivienda de la víctima, Además, 45% de los agresores tenía algún tipo de parentesco con ella, mientras que sólo 18% eran desconocidos.

“Al contrario de lo que se cree, el número de violaciones en un carro o en una fiesta son menos frecuentes, pero son los más sonados. En realidad, el agresor suele ser una persona del entorno de la víctima”, sostiene Guerrero. Según señala, la mayoría de denunciados son familiares o alguien que la persona agraviada puede identificar: familiares, parientes, profesores, vecinos, amigos, familiares de amigos o amigos de familiares.

Asimismo, Guerrero precisa que “la violación es el último eslabón de una cadena de abusos ,y en término de prevención es sumamente importante estar atentos a los indicios, sobre todo cuando el agresor, muchas veces, está en casa”.

La experta explica que esos indicios -como palabras, gestos o tocamientos- son reportan por los adolescentes a sus amigos, maestras o algún familiar. “Hay que tener claro que cualquier cosa que a uno le moleste o incomode debe ser reportado, y como cuidadores adultos responsables de menores se debe actuar para prevenir”, enfatiza.

Por su lado, Juan José Quispe, abogado de IDL, sostiene que en el país el sistema ocasiona que las víctimas no denuncien, pues “está lleno de deficiencias: desde no tener una política adecuada de prevención hasta demorarse entre tres y cuatro años en resolver un caso”.

Según indica “no hay capacidad de la PNP ni de la fiscalía para brindar atención oportuna a la víctima, no hay suficientes cámaras Gessel y las medidas de protección son meramente declarativas”. En ese sentido, Quispe menciona que, en ocasiones, las denunciantes deben cuidarse no solo del agresor, sino también de las represalias de sus familiares, que muchas veces son también los suyos.

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Otro punto en el que enfatiza el abogado es que no está funcionando la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. “No se tiene la capacidad logística necesaria para aislar a la víctima, sacarla del lugar donde está la violencia, darle asesoría legal y psicológica. Por todos lados la mujer sigue siendo vulnerable, a pesar de que se tienen penas altas”, subraya.

Para Quispe, deberían modificarse y mejorarse ciertos artículos del nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia en Lima en el 2019. Un ejemplo es en el cambio del sistema de tercios, que divide en tres segmento la pena legal: tercio inferior, medio y superior. “Cuando no existen antecedentes, cuando el denunciado no tiene una condena previa, por más horrible que haya sido su delito, no se le dará la pena máxima. Según el sistema de tercios su pena estará en el tercio inferior”, explica Quispe.

Otra modificación sugerida por el especialista es que la participación del abogado de la parte denunciante en las audiencias deje de ser opcional. Actualmente, explica, solo es obligatorio que el abogado del presunto agresor se encuentre presente. De lo contrario, la audiencia se cancela. “¿Por qué esa diferencia?”, cuestiona Quispe.

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