
Vladimir Cerrón, quien lleva más de un año y tres meses prófugo de la justicia, acumula cerca de 26 casos ante la justicia, entre investigaciones, procesos judiciales y sentencias, por diversos delitos. Estos casos son por hechos vinculados con actos de corrupción, presunto crimen organizado y lavado de activos.
Y, dentro de estos mismos procesos, el fundador del partido político Perú Libre (PL) afronta medidas restrictivas que incluyen órdenes de captura en su contra para que cumpla con mandatos de prisión preventiva.
Por ello, pese a que recientemente logró que el Poder Judicial (PJ) anule la orden de captura en su contra por el Caso Antalsis, el exgoberandor de Junín (2011 al 2014 y 2019), se mantiene en la clandestinidad, rehuyendo a la justicia.
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A continuación, estos son los casos que El Comercio ha podido confirmar que se encuentran en curso, según información a la que se accedió de manera oficial.

De los casos antes señalados, algunos los afronta bajo prisión preventiva, en otros ha sido declarado reo contumaz, y en otros tiene comparecencia con reglas de conducta.
Presunto lavado de activos – Prisión Preventiva
La fiscalía de lavado de activos investiga a Vladimir Roy Cerrón Rojas por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.
En este caso, actualmente, se mantiene vigente una orden de prisión preventiva en su contra por 24 meses.
En diciembre del 2023, el Sexto Juzgado De Investigación Preparatoria Nacional varió su comparecencia por prisión preventiva a solicitud de la fiscalía, por haber incumplido las reglas de conducta. El juzgado dictó 36 meses de prisión preventiva, en ese momento.
Sin embargo, pese a la apelación del prófugo, la Tercera Sala Penal De Apelaciones Nacional confirmó la medida; no obstante la redujo a 24 meses de prisión preventiva.
Según la tesis fiscal, sería el presunto líder de la presunta organización criminal constituida dentro del partido político Perú Libre (desde su fundación), teniendo como función dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar la comisión de diversas actividades criminales previas a los integrantes de la mencionada red.

Con las ganancias ilícitas obtenidas, provenientes de ilícitos penales, se habrían realizado actos de conversión y transferencia para financiar indebidamente las diversas campañas políticas del partido Perú Libre, así como financiar los pagos, servicios y gastos personales relacionados a los distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de la presunta organización criminal, específicamente, los procesos seguidos contra el investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, como presunto líder de dicha organización.
Pero además, la tesis fiscal señala que los aportes irregulares para el partido político Perú Libre provenientes de empresas y proveedores favorecidos ilícitamente a través de actos de corrupción, habrían sido aprovechados por Cerrón Rojas; no solo para incrementar injustificadamente su patrimonio, sino también para convertir dichas ganancias en adquisición de bienes muebles o inmuebles, o realizar acciones de transferencia a su favor, o a favor del partido político Perú libre, sus representantes, candidatos, miembros o militantes, a fin de evitar la identificación de su origen.

Caso “Aeródromo Wanka”-Requisitoria Vigente
Vladimir Cerrón es aún procesado por el delito de colusión por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción del Aeródromo Wanka. Esto, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) recientemente anuló la sentencia de octubre del 2023, mediante la que dictó condena efectiva de tres años y seis meses contra el prófugo, y dispuso un nuevo pronunciamiento.

El Comercio informó que Cerrón Rojas buscó que el Poder Judicial extienda los efectos de la sentencia del TC y levante la orden de captura y detención dicta en su contra a razón de la sentencia emitida.
Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín - Sede Central- rechazó el pedido del exgobernador; por lo que la orden de requisitoria dispuesta en su contra, continúa vigente.
Además, mantiene vigente la condena accesoria que le impuso, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así sea por elección popular, por el mismo plazo que la condena (tres años y seis meses); y la reparación civil de S/800.000 en favor del Estado, que tendría que pagarla junto a su cosentenciados.
La Sala de Junín también deberá pronunciarse sobre la condena impuesta y si se debe o no aplicar la prescripción del delito como requiere Cerrón Rojas.

Cabe precisar que este extremo también es materia de un recurso de habeas corpus interpuesto por Cerrón Rojas ante el Tribunal Constitucional, órgano que tiene pendiente emitir un fallo respecto al pedido para revocar la orden de captura en su contra, cuestionando que la sentencia aún no podía ejecutarse hasta que la Corte Suprema revuelva un recurso de casación que interpusieron y que recién se evaluará el mes de marzo próximo.
Según la imputación fiscal, se habría producido una concertación ilícita para que Vladimir Cerrón, faltando a su función, lleve adelante la iniciativa privada cofinanciada para la construcción del Aeródromo Wanka en Junín (2013-2014). Y, de manera “oficiosa” dispuso actos administrativos (documentos, informes, oficios, acuerdos regionales, ordenanzas regionales, dictámenes, contratos y otros) dirigidos a favorecer al Consorcio Wanka, con el que habría concertado previamente para que sea beneficiado con el referido proyecto.
Caso “Obra de agua y saneamiento en La Oroya” -Condena suspendida con reglas
Vladimir Cerrón mantiene vigente una condena suspendida de cuatro años de pena suspendida, con reglas de conducta.
En agosto del 2019, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín dictó cuatro años y ocho meses de pena efectiva; sin embargo, en octubre de este mismo año, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín - Sede Central reformó la condena en voto por mayoría e impuso la sentencia suspendida.
En su condición de exgobernador Regional de Junín, fue hallado culpable del delito de negociación incompatible.
En el 2020, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación de Cerrón Rojas y otros sentenciados buscando anular la condena; mientras que en el 2022, la misma instancia suprema rechazó el recurso de casación presentado por el Ministerio Público para que se incremente la condena y sea efectiva.
Por este caso, Cerrón Rojas venía cumpliendo reglas de conducta como parte de la sentencia suspendida, de no cumplirlas será revocada por condena efectiva. Entre las reglas dispuestas, el tribunal ordenó la prohibición de ausentarse del lugar de su domicilio, sin autorización del juez, b) comparecer mensualmente al juzgado de ejecución correspondiente, personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades.
La sentencia halló responsable a Cerrón Rojas por haber impulsado y realizado actos para que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) disponga un pago adicional para que el Gobierno Regional de Junín -autorizando una partida extra- eleve el costo de la obra de S/36 millones a S/500 mil millones, generando perjuicio al Estado.
El pago se realizó luego de una carta enviada por Cerrón a la OEI, luego de un procedimiento administrativo que no cumplió con las condiciones legales para autorizar dicho pago.
Este caso también fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por un recurso de hábeas corpus que interpuso Cerrón Rojas, a través de su defensa legal, cuestionando el debido proceso y alegando que el exfuncionario fue sentenciado por hechos que no estaban contemplado en la acusación. El TC mantiene pendiente la emisión de la resolución.
Los Dinámicos del Centro-Comparecencia
Vladimir Cerrón es investigado desde julio del 2021 como el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, según el Ministerio Público.
La fiscalía le imputa los presuntos delito de organización criminal y tráfico de influencias. Pese a que en este caso se solicitó prisión preventiva para cerca de 20 investigados -entre ellos Arturo Cárdenas Tovas, alias “Pinturita”, mano derecha de Cerrón- el exgobernador de Junín afronta este caso bajo comparecencia simple.
Según la hipótesis de la fiscalía, como gobernador regional (2019) Cerrón Rojas habría conocido sobre las actividades ilícitas de la red criminal. En un primer aspecto, vinculadas al tráfico de licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y, en paralelo, referido a la contratación de personal, y presuntos actos de corrupción con los tramitadores y jaladores para la emisión de licencias.

En agosto del 2024, los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón (congresista de la República) buscaron archivar el delito de crimen organizado, buscando beneficiarse de la aplicación de la Ley 32108 (Ley actual 32138) que modificaba los requisitos para investigar a un grupo de personas como organización criminal.
Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido y dispuso que continúen siendo investigados por el presunto delito de organización criminal.
Dicha decisión fue apelada por los Cerrón Rojas. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional deberá emitir su pronunciamiento en los próximos días.
Caso “Resguardo policial ilegal”- Comparecencia
El prófugo exgobernador regional de Junín es acusado por la fiscalía por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada. La fiscalía ha solicitado que se le impongan nueve años de cárcel y su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.
El control de la acusación concluyó a fines del 2024, y el juez de investigación preparatoria de Junín, Walter Camarena, concluyó que había elementos para que el prófugo afronte juicio oral. Se espera que el Poder Judicial fije la fecha para el inicio del juicio y se determine la situación legal de Cerrón (declararlo o no reo contumaz).
Desde el inicio del proceso, Cerrón Rojas afronta este caso bajo comparecencia restringida, junto a otros 13 acusados.
La fiscalía señala en su acusación que, tras ganar las elecciones regionales en el 2018, Vladimir Cerrón Rojas solicitó a la VII Macro Región Policial (Macrepol) de Junín que se destacara a un grupo de agentes para su custodia personal.

Caso “Terrorismo y 'José”- Comparencia con restricciones
La Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos conexos de Huánuco investiga a Vladimir Roy Cerrón Rojas, Alex José Pimentel Vidal y a los congresistas Guido Bellido Ugarte y Guillermo Bermejo Rojas, por presuntamente integrar la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).
El Décimo Juzgado Penal Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada les impuso comparecencia con restricciones a los investigados.
La etapa de investigación preparatoria del caso ya concluyó y se espera pronunciamiento fiscal sobre la acusación y continuar con el proceso judicial respecto a la etapa intermedia de control de acusación.
Según la investigación, Cerrón y su coprocesados habrían tenido contacto directo con el conocido como terrorista “José” en los campamentos del VRAEM a través de Alex José Pimentel Vidal.
Caso “Chupuro-Chongos” - Reo contumaz
Vladimir Cerrón afronta otro juicio oral por presuntas irregularidades en la auditoría de la obra “Mejoramiento de la Carretera Chupuro Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín”.
La fiscalía lo acusó por el presunto delito de colusión agravada que tiene una pena entre los 6 a 15 años de cárcel.
Al inicio del juicio oral, en marzo del 2024, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, dispuso la medida coercitiva de comparecencia simple para los 21 acusados, incluyendo el prófugo exgobernador regional de Junín.
No obstante, en la audiencia del pasado 14 de enero del 2025, Cerrón Rojas fue convocado a las sesiones del juicio oral en calidad de “reo contumaz”, según la resolución obtenida por El Comercio.

Cabe precisar que, cuando inició el juicio oral, el juzgado apercibió a los acusados para que estén presentes en las sesiones, “bajo apercibimiento” de revocar la comparecencia y declararlos “reo ausente o contumaz” y disponerse su ubicación y conducción compulsiva por la autoridad policial.
La siguiente sesión del juicio oral se programó para este viernes 24 de enero a las 2:30 de la tarde.
Según la acusación fiscal, las irregularidades se habrían producido bajo el gobierno regional de Cerrón Rojas (2014) y según el informe de Auditoría Nº 416 – 2016 – CG/COREHU – AC, en sus conclusiones estableció un perjuicio económico valorizado en S/.2′680, 241.19.
Este Diario buscó el pronunciamiento de tres abogados de Cerrón Rojas (Ángel Espinoza Quispe, José Llumpo Agapito y Juan Silva Rojas), pero no respondieron.
Caso “Antalsis” - Nuevo pronunciamiento sobre su prisión preventiva
Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada, cohecho pasivo propio y colusión agravada, en agravio del Estado.
En julio del 2024, el juez Leodán Cristóbal le impuso 12 meses de prisión preventiva a pedido de la fiscalía. Sin embargo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la medida y dispuso que otro juez vuelva a evaluar los pedidos de ambas partes.
En diciembre del 2024, el juez Jorge Chávez Tamariz, reevaluó la medida y le impuso 18 meses de prisión preventiva.
El 20 de enero último, por segunda vez, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la orden de prisión preventiva dictada contra Cerrón Rojas, argumentando falta de motivación en la resolución del juez Chávez.
Por ello, dispuso que el requerimiento sea analizado y resuelto una vez más por otro juez.
En los próximos días, el juez que suma la competencia deberá convocar a una audiencia y resolver el requerimiento.
Según la tesis fiscal, el exgobernador regional de Junín habría integrado una presunta organización criminal que operó para defraudar al Estado con más de S/26 millones, a través de presuntas contrataciones irregulares – a través de convenio interinstitucional con la empresa SIMA, la que a su vez subcontrató a la empresa privada Antalsis- para obras públicas que se realizaron cuando se desempeñó como gobernador regional, entre el 2011 y el 2014.

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