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En Vivo USLa denuncia constitucional presentada contra la presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, podría quedar ya en manos del próximo Congreso de la República. Así lo adelantó a El Comercio el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa.
La denuncia fue interpuesta el último lunes por el congresista César Gonzáles Tuanama, por la medida cautelar que emitió el PJ a través del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, ordenando que se suspenda el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
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El parlamentario afirma que se habría vulnerado el artículo 201, que faculta al Legislativo realizar las elecciones de los magistrados del TC y el artículo 39, vinculado a la función que cumplen como altos funcionarios. Además, asegura que no se tuvo en cuenta los artículos 99 y 95 vinculado a que el mandato legislativo es irrenunciable.
Por ello solicitó que Barrios Alvarado sea inhabilitada por diez años.
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El documento fue recibido este martes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero no podrá evaluarlo.
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El presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa, advirtió que “ya no habría tiempo para darle trámite” por cuestiones “operativas” ya que se encuentran al cierre de la legislatura el próximo 16 de julio.
“Lo veo bien complicado, estamos a días de cerrar la legislatura, yo quiero tener la última sesión de la subcomisión para hacer una suerte de balance de lo que hemos avanzado”, sostuvo.
Informó que la reunión con el grupo de trabajo sería este viernes o a más tardar el lunes, por lo que “la calificación y el trámite ya sería para el próximo Congreso”.
“Ya quedaría para el próximo Congreso porque ahora están abocados a realizar los inventarios y preparar la entrega”, anotó.
Los argumentos
Según la acusación presentada, Barrios Alvarado habría negado la competencia que tiene el Congreso de la República para la elección de los magistrados del TC, al afirmar que toda persona o autoridad debe acatar los fallos judiciales.
Ello, con referencia a la medida cautelar emitida por la jueza Soledad Blácido Báez del Tercer Juzgado Constitucional que dictó la medida cautelar en el marco de un proceso de amparo presentado contra la elección que se efectuaba en el Parlamento.
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Además, cuestionó que la titular del PJ se haya pronunciado sobre la investigación que abrió la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) contra Blácido Báez.
Según Gonzáles Tuanama, dichas afirmaciones significarían un “respaldo” a una resolución que calificó como “violentadora de la Constitución y abusiva”.
El congresista adujo entonces que Barrios Alvarado actuaba “bajo un perfil político” y no jurisdiccional, por lo que no debería seguir ocupando el cargo de presidente del PJ y tampoco juez suprema, por lo que debía ser destituida.
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Al archivo
El abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, sostuvo que debido a que el actual Congreso de la República está a diez días de concluir su gestión, sería la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del nuevo Parlamento quien podría ver el tema.
Sin embargo, precisó que, inicialmente, este caso como otros que no fueron calificados, “pasarán directamente al archivo” y será cualquiera de los próximos nuevos congresistas que quiera hacer suya la denuncia, que la vuelve a presentar.
“Sucede igual con los proyectos de ley, los proyectos de ley del quinquenio van al archivo, salvo que algún parlamentario la quisiese hacer suya. Con este Congreso, algunos casos no se fueron al archivo porque los congresistas los hicieron suyos. Entonces, cualquier de los 130 en el nuevo Congreso puede hacer suya la denuncia constitucional”, afirmó.
Pero más allá de que la denuncia se vea o no en el próximo Congreso, agregó, no existe una responsabilidad constitucional de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. En todo caso, señaló, si hubiera una violación o intromisión de los fueros, sería de la jueza que firma la medida cautelar, cuya responsabilidad sería personalísima, exclusiva y excluyente.
“Lo que hizo ella (Elvia Barrios) es algo protocolar que es defender a su institución nada más, pero ella no tiene responsabilidad absolutamente en nada. La jueza sí, y creo que esa jueza ha cometido un exceso”, sostuvo.
Denuncia no prosperará
Además, el abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico, Daniel Huamán, sostuvo que la denuncia presentada contra Elvia Barrios, no prosperará porque la facultad de la presidenta del Poder Judicial no tiene relación con la función jurisdiccional.
“Si existe algún tipo de incomodidad o disconformidad con el fallo, será un tribunal de apelaciones el que determine si será correcta o no la emisión. El presidente del poder judicial carece de competencia para poder determinar algún sentido u otro el fallo, de allí que la denuncia por parte del congresista no va a prosperar”, afirmó.
En ese sentido, comentó que “cada juez en el Perú es independiente y responde por sus propios fallos”.
El abogado precisó que todas las personas están sujetas a la Constitución, incluso los congresistas, y por ende todos están sujetos a la potestad judicial, cumpliendo precisamente con la separación de poderes que señala el Congreso. Agregó que, en base a dicha autonomía, es el pronunciamiento de Barrios Alvarado.
Por ello, indicó que si se está en contra de lo señalado por una autoridad judicial en el marco de un proceso, se tienen los mecanismos que el propio sistema jurídico nos habilita para poder contradecir la resolución.
“Si bien ha habido un pronunciamiento de la doctora Barrios en el sentido de que se debe acatar lo dispuesto por un tribunal judicial, es un pronunciamiento que es correcto y le corresponde a su función como presidenta de dicha institución, que es respetar el fuero y el sentido constitucional del Poder Judicial”, agregó.
Sobre la elección de los magistrados del TC, que aún no ha sido declarado nulo por parte del Congreso, Huamán Castellares sostuvo que si el Parlamento decide seguir adelante con el proceso “lo podría hacer, siempre y cuando, en una apelación, la medida cautelar dictada fuera dejada sin efecto”.
“Este no es el caso, todavía la medida cautelar está en vigor, por ende, mientras siga en vigor aún tiene la obligación de impedir que la elección se realice. Dado los escasos tiempos sería muy difícil, no imposible, que en estos días exista un pronunciamiento distinto del Poder Judicial que permita continuar al Congreso de la República con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional”, concluyó.
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