“Están creando un nuevo Reinfo”: advierten graves riesgos en predictamen del Congreso sobre nueva ‘Ley Mape’

El predictamen emitido por la Comisión de Energía y Minas del Congreso para la nueva ‘Ley Mape’ contiene graves riesgos y apunta ser, en la práctica, una extensión e incluso una “perpetuación” de las condiciones favorables a la ilegalidad e informalidad del actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que expirará el próximo 30 de junio.

Así lo advirtieron especialistas consultados por El Comercio luego de revisar el texto que será sometido a debate y a una posible votación este martes a nivel de ese grupo parlamentaria, presidido por el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial). El texto también fue objeto de críticas en una mesa de trabajo realizada este martes en la que participaron legisladores, más especialistas y la directora ejecutiva de la SNMPE.

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La comisión sesionará este martes desde las 2:30 p.m. Su agenda contiene el predictamen de la "Ley que regula el régimen especial para la pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional (Mape)", el cual agrupa a nueve proyectos de ley presentados por distintos legisladores.

La versión final del predictamen, cuyos borradores ya habían sido objeto de cuestionamientos, ya fue socializada a nivel del Parlamento y también es de acceso público. Se trata de un documento de 213 páginas, de las cuales 71 desarrollan lo que sería el texto de la norma y una serie de disposiciones complementarias.

Según este texto, la ley tiene como objeto “establecer el régimen jurídico especial” para la “pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional en el territorio nacional”, con la finalidad de “promover e incentivar” su desarrollo y “reconociendo su aporte a la economía nacional, a la inclusión social y al uso responsable de los recursos naturales, en armonía con los derechos fundamentales y el medio ambiente.

El predictamen define a la minería ilegal como la que se “realiza sin autorización de la entidad administrativa estatal competente” y “en zonas de exclusión minera”; mientras que la minería informal se define como la que “se realiza sin haber iniciado el proceso de formalización con el Estado”.

En un informe previo, este Diario reportó que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) había advertido, en un oficio enviado al presidente la comisión, que de esa definición de minería informal ya se desprendía un “ánimo por dar legitimidad a actividades mineras informales e ilegales” y la “impunidad de actividades que hoy son ilegales”.

Pero no es el único concepto cuestionable. El predictamen pasa luego a introducir el concepto de “minería tradicional” (ya adelantado en el propio título de la ley) como la “ejercida de manera empírica y heredada, con métodos manuales ancestrales, desarrollada por personas, familias o comunidades, sin fines industriales y vinculada históricamente a su entorno social y cultural”.

Finalmente, la minería artesanal sería la “ejercida como fuente principal de sustento económico, de forma individual o asociativa, destinada a la extracción y recuperación de sustancias minerales en pequeña escala, conforme a los límites productivos y condiciones establecidos en la legislación minera”.

En consecuencia, el texto también busca establecer los conceptos de “pequeño productor minero” (PPM), "productor minero artesanal” (PMA) y “productor minero tradicional”.

 A lo largo del texto, además, al término “minería tradicional” se adjunta también el término “ancestral”. Ese así que el dictamen apunta a crear el Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional Ancestral (Renapmat), encargándoselo al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, indica que con este texto busca crear “una nueva categoría de minero”, que sería ajeno al control. “Antes decían que eran pequeños y artesanales. Luego pretendieron meter de contrabando una categoría de minero ancestral, pero como vieron que esto generó rechazo, han puesto minero tradicional, que es heredable y se mantiene en el tiempo”, dijo a El Comercio.

Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, remarcó que con este concepto, se está “validando las concesiones a terceros, a los llamados ‘mineros tradicionales’”. “Se habla de una minería ancestral, que no tiene una calificación antropológica. ¿Qué son? Es un tema que cambia todo, cambia incluso la Ley General de Minería”.

En efecto, el dictamen también introduce una disposición complementaria para modificar la Ley General de Minería y establecer allí que “el Estado protege y promueve la pequeña minería, la minería artesanal, la minería tradicional, así como la mediana minería, y la gran minería”. Junto a ello, se añade a esa norma la definición de “productores mineros tradicionales” como aquellos que extraen o seleccionan minerales con estos métodos:

“-Selección manual de minerales mediante pallaqueo, acopio o clasificación en botaderos, desmontes o escombros ubicados dentro de concesiones mineras

-Extracción eventual de minerales en concesiones de terceros, previo acuerdo expreso y sin necesidad de vínculo laboral, a cambio de una contraprestación en dinero o especie

-Extracción de minerales en áreas libres o toleradas, siempre que no exceda una producción máxima de cinco toneladas métricas por día.”

“Es decir, un pallaquero va a ser un minero tradicional. Yo puedo ir mañana a ser pallaquero y me dan la condición de minero tradicional”, cuestionó Iván Arenas.

Adicionalmente, se le encarga al Minem establecer, mediante un reglamento, los lineamientos para “facilitar la intervención de mineros tradicionales dentro de concesiones mineras”, conforme al principio de desarrollo sostenible y “sin menoscabar el derecho de los mineros tradicionales a laborar”.

Es así que el dictamen busca crear el Renapmat, que según advierten los especialistas, no es más que la continuación del Reinfo.

Según el dictamen, “el inicio o reinicio de actividades de explotación, beneficio, labor general o transporte en pequeña minería, minería artesanal o minería tradicional se habilita mediante la inscripción en el Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional – Renapmat, a cargo del Ministerio de Energía".

Junto a ello, se establece que la condición de pequeño productor minero, minero artesanal o minero tradicional se acredita “ante la Dirección General de Minería mediante declaración jurada bienal, quien emite la calificación correspondiente”.

Una vez registrados en el Renapmat, los pequeños mineros, mineros “tradicionales” y artersnales podrían operar bajo su protección. En ese nuevo registro también serían “automáticamente inscritas” las personas que hoy figuran en el Reinfo, para seguir con “su proceso de formalización minera” bajo esta nueva ley.

Ipenza advierte que esta estamos ante una “iniciativa totalmente peligrosa”. “Lo que hace es disfrazar, cambiar de nombre al Reinfo, y sigue perpetuando la ilegalidad (…) No hay ningún plazo para el proceso de formalización. Sería eterno”.

Arenas coincide y señala que, en la práctica, “el Reinfo no desaparece, solo se cambia por este Renapmat. Esta ley no tiene por objetivo la no desaparición de Reinfo, sino la aparición de una nueva herramienta”

“Lo más importante es cuándo el informal pasa a ser formal. La ley que propuso el exministro Rómulo Mucho decía que tenías un tiempo (para formalizarse) y en ese tiempo te iba a ayudar. Aquí no hay eso, no hay en qué momento pasas a ser formal. Ese es el problema. Es, básicamente, la perpetuación del Reinfo”, cuestionó.

Otro aspecto cuestionado está en otra de las disposiciones complementarias, que establece la “exención de responsabilidad penal durante la formalización minera”

Con esto, los productores mineros pequeños, los mineros artesanales y los mineros tradicionales quedan libres de ser responsables del delito de minería ilegal, siempre que esté inscrito en el Renapmat, no actúe en “zonas prohibidas” y tenga “instrumentos de gestión ambiental presentados por la autoridad competente o esté en proceso de formalización minera”.

“La exención sólo será aplicable respecto de hechos directamente vinculados al ejercicio de la actividad minera en el marco del proceso de formalización y no alcanzará a delitos dolosos contra el medio ambiente ni a conductas reincidentes”, añade el predictamen.

Los especialistas coincidieron en que esta disposición va en contra de un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional que ordenó a los poderes del Estado a no “contemplar un marco jurídico-normativo de exención de responsabilidades penales” en el proceso de formalización minera y en cualquier política que regule esa actividad.

“Se sigue exceptuando la impunidad, porque plantea una disposición para evitar que se emitan sanciones contra mineros que están inscritos en ese proceso, yendo en contra de lo que ha ordenado el TC”, dijo Ipenza. “El tribunal prohibió eso, es inconstitucional”, añadió Arenas.

Ipenza añadió que la norma también “va en contra de sentencias del que prohíben el uso de dragas, equipos o artefactos similares sobre los ríos amazónicos. Concretamente, desarrolla todo un capítulo de minería aluvial sobre los cuerpos de agua y las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas”. También consideró “bastante preocupante” el establecimiento de la figura de la “servidumbre minera”.

“Es decir, si hay titulares de concesiones que no quieren otorgar autorización del uso de su concesión, les van a imponer una servidumbre para que puedan ejercer la actividad, lo que va en contra de la Constitución (…) Se está creando esa figura. Es, en la práctica quitar, concesiones legales para dársela a informales”, explicó.

Sobre ese punto, Arenas lo calificó como “un contrasentido”. “La mayoría, casi el 92% de los Reinfos, están sobre concesiones que no son suyas. Se está favoreciendo (a ellos), se está entregando completamente”.

A la luz de estos cuestionamientos, el especialista consideró que la consecuencia sería que esto no llegue a ser aprobado por la comisión o el pleno y se termine optando por una nueva ampliación del Reinfo.

En la víspera a su votación, el predictamen fue criticado durante una mesa de trabajo realizada este lunes y liderada por la legisladora Ruth Luque.

En la sesión participó Ángela Grossheim, exministra de Energía y Minas y actual directora ejecutiva de la SNMPE, quien cuestionó el predictamen al advertir que “en lugar de terminar el proceso de formalización, lo que estamos haciendo es creando un nuevo Reinfo, pero ahora con otro nombre: ahora es el Renapmat”.

“Es un nuevo régimen, que además genera servidumbres mineras. Es decir, si no hay contrato entre los pequeños mineros o los que tienen una concesión, con los que tiene el Reinfo, se tendrá que otorgarles la actividad minera, pasando por (encima de) la Constitución, que te dice la actividad minera solo se puede realizar a través de concesiones”, señaló.

Grossheim también cuestionó que el aspecto tributario del dictamen: “Vemos con preocupación que establecen que cuando se tiene una utilidad mayor a S/ 800,000, recién van a pagar el 10% del impuesto a la renta (…) Ahí valdría la pena conocer el análisis que realice el Ministerio de Economía”.

“También nos causa una preocupación muy grande que se mantenga el tema de la exención de responsabilidad penal. Vemos con extrañeza que se crea un régimen excepcional de formalización en zonas de amortiguamiento, en áreas naturales protegidas. Es muy extraño que se esté yendo en ese sentido, cuando lo que se busca es realizar una actividad formal y sostenible en el tiempo”

En esa línea, la representante de la SNMPE dijo que una ley MAPE tiene que ser “una ley técnica, una ley que nos ayude a trabajar ordenadamente con fiscalización y con sanciones, en caso no se cumplan con ello”.

Durante la misma sesión, las legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Karol Paredes (Avanza País) y Silvana Robles (Bancada Socialista) también manifestaron su oposición a lo propuesto por el dictamen y manifestaron que no debe ser aprobado.

“No podemos formalizar la ilegalidad y la informalidad (…) No podemos cuidar los intereses de grupos de personas que están afectando la vida, el bienestar de nuestros pueblos No podemos hacer que esas actividades ilícitas prácticamente se vuelvan lícitas y las veamos como una cuestión normal, natural”, dijo Paredes.

La legisladora afirmó que “tenemos que ir y convencer a las bancadas: así como está, esta propuesta no puede pasar, no debería pasar”. “Necesita un mayor análisis (…) Es como que si hubiese hecho un copia y pega”, añadió.

Concluida la sesión, Luque aseguró a través de su cuenta de X que “este predictamen no debe aprobarse”, al considerarlo “la continuación del Reinfo”.

“Formaliza lo “ilegal” en legal. No establece ninguna medida ambiental al contrario permite que se realice explotación en zonas de amortiguamiento y áreas de reserva. Los más grave no toma en cuenta a los pueblos indígenas cuyos territorios están destruidos por contaminación y actividades ilícitas (…) Se requiere formalizar, sí, pero no perpetuar la ilegalidad”, sostuvo la congresista.

Moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas sigue en pie

Luego de retroceso en el 'Reinfo hereditario'

La moción de interpelación promovida contra contra Jorge Montero Cornejo, ministro de Energía y Miinas, por el manejo del proceso de formalización minera sigue en pie luego de que su sector elminó el útimo fin de semana la "sucesión" del Reinfo.

Según consta en el portal del Congreso, la moción sigue en trámite y a la espera de que sea vista por el pleno. Un total de 31 congresistas de 10 bancadas figuran como autores: ocho de Acción Popular, cinco de Bloque Democrático Popular, cuatro de Bancada Socialista, tres de Somos Perú, tres de Perú Libre, dos de Podemos Perú, dos de Renovación Popular, uno de JPP-Voces del Pueblo, uno de Fuerza Popular, uno de Avanza País y una no agrupada. Además, se adherió a la moción un integrante más de Acción Popular, Raúl Doroteo, con lo que toda esa bancada apoya la iniciativa.

El congresista acciopopulista Luis Aragón había adelantado que la moción seguiría su trámite para que el ministro responda ante el pleno sobre temas vinculados a su gestión y al sector minero.

A su vez, legisladoras como Karol Paredes, María del Carmen Alva y Ruth Luque manifestaron a El Comercio que seguirían apoyando la interpelación pese a lo definido sobre el Reinfo hereditario' y no retirarán sus firmas de la moción. Esta última indicó que también mantiene en pie su denuncia constitucional contra el ministro por el mismo tema.

"Su actuar fue negligente y grave", dijo Luque sobre el ministro. Desde el despacho de Alva indicaron que ella "apoyó la moción por el tema de Reinfo, pero esta tiene más preguntas que considera que debe esclarecer. La congresista no retirará su firma".