Nicanor Boluarte: Todas las denuncias e investigaciones que pesan en su contra y las veces que la mandataria lo defendió

Otro escándalo alcanza a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. La fiscalía allanó su vivienda este miércoles 27 de agosto como parte de una nueva investigación que lo implica en presuntos actos irregulares.

Como ya es costumbre, la mandataria salió en defensa de su hermano lanzando ataques contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, dijo en una actividad oficial en Palacio de Gobierno.

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La fiscalía investiga a Nicanor Boluarte como líder de una presunta red criminal. Se le imputa haberse valido de contactos en diversas áreas públicas (Ministerio del Interior y otros) para lograr la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú (CPP), a través de prefectos y subprefectos nombrados a su pedido.

Boluarte es investigado junto con más de 20 personas, entre ellas Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno Interior. A este último se le imputa haber emitido resoluciones con las designaciones de prefectos que se encargarían, posteriormente, del llenado de fichas de firmas para la inscripción de CPP. La agrupación logró su afiliación al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) en enero de este año.

Bajo las supuestas órdenes de Boluarte Zegarra, el investigado Ortíz Marreros dispuso la designación del exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay y de los subprefectos regionales Gilmer Flores Fernández y Jorge Spelucín Angulo.

En mayo del 2023, la Unidad de Investigación de El Comercio dio a conocer que el hermano de la presidenta promovía la organización de un partido político en el cual participan funcionarios de los sectores del Interior y de Desarrollo e Inclusión Social.

En dicho informe este Diario mostró conversaciones de WhatsApp, que evidenciaban coordinaciones cuando la mandataria Boluarte apenas tenía dos meses en el cargo.

En el chat grupal del mencionado partido, en el cual el hermano de Dina Boluarte aparece como el administrador, El Comercio identificó entre sus integrantes a prefectos y subprefectos de diferentes zonas del país, nombrados por la Dirección General de Gobierno Interior. También a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), del que Dina Boluarte fue ministra hasta noviembre del 2022.

Por este caso, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó en noviembre del 2024, 36 meses de prisión preventiva contra Boluarte. El magistrado concluyó, en su decisión, que existen elementos que demostrarían que el hermano presidencial y otros, habrían incurrido en los delitos imputados por la fiscalía. Sin embargo, la orden fue revocada gracias a una norma del Congreso.

En noviembre del 2024, días antes de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara la orden de prisión preventiva en su contra, Boluarte ya no se conectaba a las audiencias y su paradero era desconocido. Así permaneció varias semanas.

Pese al tiempo transcurrido, el nombre del hermano de la presidenta de la República no fue colocado en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior.

El entonces primer ministro Gustavo Adrianzén justificó la decisión argumentando que no existían “los elementos suficientes” para incluir a Boluarte en dicha lista.

En enero del 2025, gracias a las leyes del Congreso, Boluarte logró que se revoque su prisión preventiva.

No obstante, continúa siendo investigado por el caso Los Waykis en la sombra. No logró que se archive el delito de organización criminal en su caso, ni que este sea excluido del Subsistema Judicial de Crimen Organizado y pase a un juzgado común.

En marzo de este año, “Cuarto Poder” reveló que Boluarte seguía manteniendo reuniones con funcionarios públicos y proveedores del Estado, pese a la investigación que afronta por Los Waykis en la sombra.

Según el dominical, los encuentros se realizaban en una oficina ubicada en Miraflores, donde opera la ONG “Las manos que ayudan de corazón”.

En febrero y marzo de este año, Nicanor Boluarte acudió seis veces al edificio donde funciona la ONG, trasladado siempre por su esposa Martha Reátegui.

En dicho lugar, por ejemplo, se habría reunido con Marco Antonio Revilla Arredondo, gerente general del Servicio de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), en pleno horario laboral.

“Fue una reunión, no de trabajo, una reunión coloquial. El tema que se trato es que quería firmar un convenio con Sencico (…) Yo decidí acceder porque no vi nada, lo vi dentro de lo normal y llegué y conversé con él y nada más”, trató de justificar Revilla en declaraciones a “Cuarto Poder”. Tras el reportaje, Sencico lo retiró del cargo.

“Punto Final” dio a conocer que, mientras era asesor del Midis en la gestión de Dina Boluarte, Walther Iberos Guevara también ofició como abogado del hermano de la presidenta, en una investigación que se abrió en su calidad de gerente municipal de Comas, cargo que ocupó a lo largo del 2019.

El hermano de la mandataria fue comprendido en una indagación fiscal en el 2020 por la supuesta falta de supervisión y fiscalización de botaderos de residuos sólidos en ese distrito.

En abril del 2022, y a solicitud de la Fiscalía, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte archivó la investigación contra Nicanor Boluarte y las demás autoridades implicadas.

Walther Iberos, actual viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, entonces apareció como su abogado. Así figura en un documento en el que se le notifica que su defendido debía estar presente en la lectura de archivamiento.

En su defensa, Iberos Guevara admitió que defendió al hermano de la mandataria mientras era funcionario del Midis y dijo que su participación en el caso de la Municipalidad de Comas se limitó a una sola diligencia en sede fiscal, tras lo cual no tuvo mayor participación ni conocimiento del tema.

El entonces ministro de Justicia (hoy primer ministro), Eduardo Arana, defendió la presencia de Iberos Guevara en su sector alegando que ha demostrado “capacidad, idoneidad en su función” y rechazó cualquier versión respecto a que habría recibido alguna recomendación para que lo designe en el cargo.

A fines del 2023, Juan Enrique Alcántara Medrano -ahora exministro de Justicia-, no tuvo reparos en reconocer que era amigo de Nicanor Boluarte, desde “hace años”.

En efecto, conoció al hermano presidencial cuando se desempeñó como asesor legal del Viceministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015-2018).

En el 2016, como se recuerda, Boluarte Zegarra se desempeñó como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo.

Luego, en el 2018, ambos coincidieron en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, donde se desempeñó como Asesor Legal de la Gerencia General. En el 2019, también volvieron a reunirse en la Municipalidad de Comas.

Durante la gestión de Dina Boluarte, fue designado como Subsecretario general de Palacio de Gobierno entre febrero del 2023 hasta abril de ese mismo año y también fue “encargado” de la Dirección General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

En abril del 2023 fue trasladado hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde ocupó el cargo de Director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles.

En mayo del 2025, Alcántara Medrano fue designado como ministro de Justicia. El fin de semana fue reemplazado por Juan José Santiváñez.

De acuerdo con la investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), al menos siete allegados al “hermanísimo” de la presidenta obtuvieron, entre mayo del 2023 y abril del 2024, 19 órdenes de servicio en el IPD, durante la administración de Guido Flores Marchán, por un valor de S/218.500, según reveló El Comercio.

La primera contratación a favor de un integrante del círculo de Boluarte Zegarra fue la del abogado Edwin Ugarte Nina, quien fue personero legal de Ciudadanos por el Perú. Esta persona logró brindar una asesoría legal a la Oficina General de Administración del IPD por S/27 mil.

Ugarte Nina- según informó “Cuarto Poder”- fue uno de los primeros “waykis” en convertirse en delator.

De otro lado, en su declaración ante el Eficcop de junio del 2024, el colaborador eficaz Víctor Torres Merino- principal operador de Los Waykis en la Sombra y amigo de infancia de los hermanos Boluarte- narró cómo logró la designación de Flores Marchán como presidente del IPD. Incluso, refirió que desde que Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social lo intentó sin éxito.

“En el IPD, eso ha sido a petición de mi persona, conversé con Nicanor Boluarte para la propuesta del presidente del IPD Flores Marchán. Lo propuse porque lo conozco en la Universidad La Cantuta, hace más o menos 20 o 25 años que trabajamos juntos en programa de capacitación [...] Conversé con la presidenta cuando todavía era ministra, [pero] no se puedo completar”, manifestó.

Un par de semanas después, el 9 de febrero del 2023 (cuando el país aún estaba en medio de protestas contra el gobierno), Boluarte y el entonces ministro de Educación, Óscar Becerra, firmaron la resolución N°005-2023-MINEDU, a través de la cual se nombró a Flores Marchán como titular del IPD.

Torres Merino subrayó que, tras la designación, él mismo acompañó a Flores Marchán al Instituto Peruano del Deporte, donde le dijo que debía cumplir ciertos condicionamientos para mantenerse en el cargo, entre ellos respaldar al gobierno de Boluarte, apoyo al partido Ciudadanos por el Perú y la contratación de personas “a conveniencia” de Los Waykis en la Sombra.

El Ministerio Público apunta a que las contrataciones de los siete allegados al “hermanísimo” en el IPD se hicieron por órdenes suyas.

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Este miércoles 27 de agosto, la presidenta Dina Boluarte volvió a salir en defensa de su hermano. Ello tras el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte ubicado en San Borja, así como en otros inmuebles.

“No me puedo quedar callada porque más allá de presidenta de la República soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte”, exclamó.

“No demos un salto al vacío donde van a querer nuevamente capturar las instituciones como lo tienen capturado parte del Ministerio Público y parte del Poder Judicial y, desde allí en las sombras, quieren seguir llevando las riendas del país. Esa es la verdad y aquí se lo decimos de frente. No les tengo miedo. La familia Boluarte siempre se mantendrá firme y digna. No tenemos rabo de paja”, concluyó.

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No es la primera actividad oficial que la mandataria utiliza para defender a su hermano. Lo hizo incluso en el mismo mensaje presidencial por 28 de julio. Aquella vez dijo que “sostener la democracia” implicó enfrentarse a “poder fácticos” que pretendieron doblegarla con “innumerables investigaciones y denuncias fiscales” extendiendo el “acoso” a funcionarios y miembros de su familia.

En otro momento dijo: “A mis padres que están en el cielo, Nicanor y Ercilia, por su legado de amor, de honestidad, de resiliencia y que dentro de su sencillez de habernos educado a sus 14 hijos con valores y poder decir con orgullo: los 14 hijos somos personas honorables, decentes, no tenemos malas mañas como la corrupción y aquí podemos decir, señor presidente, que los hijos de Nicanor y Ercilia no tenemos rabo de paja.”

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En noviembre del 2024, cuando el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra su hermano, la mandataria sostuvo que “ningún ruido político, ninguna voz que busca dividirnos detendrá la ruta de desarrollo”.

Meses atrás, en diciembre del 2023, Boluarte cuestionó - en declaraciones a la prensa- que su hermano “domingo a domingo” sea “el protagonista principal” de diversos reportajes y remarcó que su hermano no es parte del Gobierno.

Esa declaración la hizo luego de que “Panorama” revelara que Víctor Torres Merino, cercano a los hermanos Boluarte, obtuvo tres órdenes de servicio por S/35 mil en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para realizar pausas activas cuando la mandataria era titular de dicho sector. La Contraloría advirtió irregularidades en estos contratos.

“Para que la prensa que sigue transmitiendo la mismas noticias tenga claro, por enésima vez, que mi hermano no es parte de este gobierno [...] Ninguna (injerencia). Totalmente abierto está todo el Ejecutivo para que el medio de comunicación pueda ir verificar y revisar bajo la alfombra. Mi hermano no tiene ninguna participación en el Ejecutivo”, subrayó en aquella ocasión.

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Un mes antes, la presidenta dijo que su hermano “está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”. Ello luego de que “Cuarto poder” revelara que el distrito de Nanchoc (Cajamarca) recibió casi S/ 20 millones que después de una visita que el alcalde de esa jurisdicción, Nixon Hoyos, hizo a Nicanor Boluarte el día de su cumpleaños.

“La persona, el familiar al que mencionaron no trabaja para el Estado y él está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños, lo raro sería que en ese cumpleaños se pactaran cosas ilícitas, situación que no ha sucedido”, expresó.

“Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones [de soles]. Que se investigue, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar y seguramente lo van a hacer, pero así como estoy parada frente a ustedes y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que le han querido inventar”, agregó.

Minutos después arremetió contra la prensa y dijo que “es demasiado atrevimiento” comparar su gobierno con el de Pedro Castillo, del que ella fue parte como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Por este caso, el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder inició una investigación preliminar contra el hermano de la presidenta y el alcalde de Nanchoc por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado.