La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), archivando de manera definitiva el Caso Cocteles, que involucraba a Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros investigados por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.
Fue al declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C., con lo cual también declaró el sobreseimiento definitivo de ambos por el delito de lavado de activos.
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“Precisar que la confirmación y reglas dispuestas impiden al Ministerio Público reactivar, reformular o introducir por vía indirecta la misma matriz fáctica y jurídica de lavado de activos y organización criminal que fue constitucionalmente clausurada por la Sentencia 185/2025”, indicó.
No obstante, la sala subrayó que la decisión y postura adoptada en dicha resolución no impiden que el Ministerio Público emita un nuevo pronunciamiento sobre hechos “verdaderamente autónomos” no comprendidos por la clausura constitucional.
Remarcó que de ser así, esos extremos deberán tener autonomía fáctica, típica y probatoria; es decir, no pueden sostenerse sobre la misma fuente de lavado, la misma organización criminal, los mismos aportes empresariales o la misma justificación partidaria que fueron neutralizados por la sentencia del TC.
El pasado 13 de enero el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional anuló el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros procesados por los presuntos aportes ilícitos a las campañas electorales del 2011 y 2016.
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Según la tesis fiscal, Fujimori Higuchi lideró una organización criminal que lavó más de US$ 17,307,359.72 y S/ 18,000. Se presume que uno de los aportes de un US$ 1 millón sería de la constructora brasileña Odebrecht, lo que ha sido negado por la defensa de la excongresista.
El entonces fiscal José Domingo Pérez acusó a la lideresa de Fuerza Popular de los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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Por ello, había solicitado 30 años de prisión para la candidata presidencial y 15 años y 5 meses de inhabilitación. Para el juicio oral, que se había iniciado en julio del 2024, había presentado una lista de 1.031 testigos.
El caso también incluía a Jaime Yoshiyama, Efraín Goldenberg Schreiber, Adriana Tarazona Martínez, Pier Figari, Ana Herz, Luis Brussy Barboza Vivanco, Augusto Bedoya Camere, Mark Vito Villanella, Vicente Silva Checa, Antonietta Ornela Gutiérrez y la persona jurídica Fuerza Popular.
