Martín Vizcarra y Pedro Castillo cerca de ser sentenciados: sus juicios entran en la recta final con sus interrogatorios

MIRA: El prófugo Vladimir Cerrón seguirá siendo procesado por lavado de activos

El interrogatorio será este lunes 20 en el caso de Martín Vizcarra, y este martes 21 y jueves 23 en el caso de Pedro Castillo. En este último caso, además, se ha programado el inicio de los alegatos finales para el viernes 24.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

En las últimas dos semanas, los jueces a cargo de ambos casos terminaron de evaluar todas las pruebas presentadas por la fiscalía y las defensas. En otras palabras, todas las cartas de ambas partes ya están sobre la mesa.

Los juicios contra los expresidentes:

Superada esa fase, ambos tribunales anunciaron en las últimas dos semanas el pase a la siguiente etapa: el interrogatorio de los procesados por parte de la fiscalía, la procuraduría, las defensa todos los procesados y, de considerarlo necesario, por los propios jueces. Eso sí, la declaración es voluntaria: cada acusado anunciará en audiencia si accede a ser interrogado o si opta por guardar silencio.

En el caso de Martín Vizcarra, el exmandatario y su defensa ya adelantaron que sí declararán. Para ello, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional programó una audiencia para este lunes 20 de octubre desde las 10:00 a.m.

Ese día, el también exgobernador de Moquegua (2011-2014) podrá dar una declaración inicial ante los jueces, será interrogado por el fiscal que lo acusa, por la procuraduría que busca cobrarle una reparación civil y por su propia defensa, que busca su absolución. Los abogados de las empresas que son parte del proceso (Astaldi e Incot) también podrán participar.

El juicio de Martín Vizcarra cuenta con un solo acusado por un solo delito. Sin embargo, avanzó de forma relativamente lenta desde su inicio a fines de octubre pasado hasta julio, debido a que el tribunal solo hacía una audiencia por semana. Ese en ese lapso, el tribunal escuchó a todos los testigos y peritos de la fiscalía y de la defensa del acusado.

El ritmo cambió desde agosto, cuando pasó a ser de dos sesiones semanales, luego de que el mismo tribunal resolvió otro juicio emblemático que tenía a su cargo (Odebrecht-Metro de Lima) y en medio de la prisión preventiva dictada al expresidente por esos días. La nueva velocidad se mantuvo luego de que esa medida fue revocada.

Todo ello permitió que todas las pruebas documentales de la fiscalía se evalúen en las 18 audiencias realizadas entre el 30 de junio y el 16 de septiembre de este año. Con ese mismo ritmo, todas las pruebas documentales presentadas por Martín Vizcarra fueron analizadas en siete audiencias realizadas entre el 18 de septiembre y el pasado 9 de octubre.

Ese último día, el abogado terminó de sustentar todos los documentos que presentó como prueba y la presidenta del tribunal, la jueza Fernanda Ayasta, anunció que “hemos terminado con todos los medios de prueba personal y las documentales, lo que corresponde es la declaración del procesado”.

Al inicio del juicio, antes de que comiencen a evaluarse las pruebas, el juzgado ya le había preguntado a Martín Vizcarra si iba a declarar. Aquella vez, indicó que lo iba a hacer al final, luego de la evaluación de pruebas. Por lo tanto, esta vez le preguntaron de nuevo y el expresidente respondió que sí.

“Sí, por supuesto, tengo todo el interés y la voluntad de declarar en este caso, porque me parece que va a ser de mucha ayuda para que tomen la decisión más adecuada”, respondió. Dijo que buscara que los jueces escuchen su “relato de los hechos” y que espera hacer “algunas precisiones que, en el devenir de este proceso de investigación, de este juicio oral, me parece que no están del todo claras”.

La jueza Fernanda Ayasta pidió luego que la declaración este lunes “se ciña y guarde relación con los hechos materia de imputación”.

En este caso, Martín Vizcarra es acusado de recibir S/ 2.3 millones en coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de obras durante su gestión como gobernador: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente. Por ello, el fiscal Germán Guárez, del Equipo Especial Lava Jato, le imputa el delito de cohecho pasivo y pide 15 años de prisión.

La acusación se basa en declaraciones de distintos colaboradores eficaces, complementada con pericias y documentos como cheques, facturas, registros de llamadas, registros de movimientos bancarios y financieros, entre otros. El exmandatario niega la imputación y presentó sus propios testigos y documentales para persuadir a los jueces.

El interrogatorio de este lunes será el primer careo público entre Martín Vizcarra y el fiscal que lo acusa. No será la última oportunidad del expresidente de hablar. Más adelante, también le corresponde dar la última palabra (defensa material) como último acto antes de que el juzgado dicte su sentencia por este caso.

Antes de ello y luego del interrogatorio de este lunes, se prevé que la defensa pida a los jueces que evalúen un último grupo de “pruebas excepcionales”. El tribunal deberá resolver si admite esos documentos para su debate y luego recién pasaría a evaluarlos como pruebas. Eso está previsto para el jueves 23. Después, vendrán los alegatos finales de la fiscalía, procuraduría y defensa.

Con todo ello por delante y con el ritmo de dos audiencias semanales, la sentencia de Martín Vizcarra llegaría en las primeras semanas de noviembre, poco más de cinco años después desde que la investigación de este caso se inició en el Equipo Especial Lava Jato.

En el caso de Pedro Castillo, se trata de un caso con incluso menor número de pruebas y testigos, pero con más acusados. El expresidente es procesado junto a sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, así como el general PNP Manuel Lozada y el comandante PNP Jesús Venero.

Pedro Castillo fue acusado por la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción del delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, por los que se pidieron 34 años de cárcel. Al resto de enjuiciados solo se les atribuye rebelión con una pena requerida de 25 años. Durante el juicio, los jueces de la Sala Penal Especial dispusieron que todos ellos sean juzgados el delito de conspiración para rebelión, que acarrea la mitad de la pena prevista para el de rebelión.

El juicio de Pedro Castillo comenzó en marzo y avanzó a ritmo de tres audiencias por semana. Su resolución pudo haber llegado más pronto, pero el juzgamiento ha estado marcado por constantes incidencias, dilaciones y recursos de las defensas frente a las decisiones que ha ido adoptando el tribunal. También hubo incidentes como las huelgas de hambre, una más breve que la otra, de los acusados Pedro Castillo y Betssy Chávez. A la fecha, se han realizado ya 72 audiencias.

Aún con todo eso, la sala anunció en la audiencia del último jueves que este martes 21 de octubre se escuchará a dos peritos como las últimas pruebas del juicio y luego se pasará “al interrogatorio de los procesados, si así lo creen conveniente”. Si alguno de los acusados no accede a declarar, la fiscalía queda facultada para leer antes el tribunal las declaraciones que dieron durante la etapa de investigación del caso.

A diferencia de Martín Vizcarra, Pedro Castillo no ha adelantado si declarará o no. El Comercio consultó a los exministros acusados o a sus defensas si lo harán, ya que todos se reservaron la oportunidad para el final del juicio, a excepción de Manuel Lozada, quien sí declaró al inicio. Solo el exministro Willy Huerta respondió: “Lo estoy evaluando, porque no sé si valdrá la pena en este proceso”.

La sala estimó que el interrogatorio de los acusados o la lectura de sus declaraciones previas se realizarán ese día y se extenderá a la audiencia de este jueves 23. Luego, programaron el inicio de los alegatos finales para el viernes 25. De cumplirse esa previsión, ese día será el turno del Ministerio Pública, representado por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, de dar sus argumentos de cierre.

Se estima que los alegatos de cierre de la procuraduría y de todos los abogados, así como las posteriores últimas palabras los acusados se extiendan durante las tres audiencias previstas para la semana subsiguiente. Por ello, la sentencia de Pedro Castillo estaría llegando, como la de Martín Vizcarra, en los primeros días de noviembre.

Es así que se vienen semanas decisivas para ambos acusados, que podrían quedar libres de sus acusaciones o sumarse, casi en paralelo, a Alejandro Toledo y Ollanta Humala como expresidentes condenados por la justicia e internados en el penal de Barbadillo.

Declaración no libraría a los expresidentes

Opina el penalista Miguel Reyes

En diálogo con El Comercio, el penalista Miguel Reyes comentó que el reservarse la declaración para el final del juicio, luego de la evaluación de todas las pruebas, es una estrategia común de las defensas en la que se busca recién responder un interrogatorio luego de “saber qué es lo que se ha actuado en el juicio”.

Sin embargo, consideró que será difícil que ambos expresidentes puedan convencer a los jueces que los juzgan y que ambos terminarán siendo condenados a partir de todo lo actuado en el juicio. “En el caso de Vizcarra, veo muy difícil que su declaración pueda mover la aguja de lo que se tiene. Hay declaraciones, y hay actuaciones probatorias en el juicio que realmente sí tienen la capacidad de quebrar su presunción de inocencia”, dijo.

"Más alla de lo que vaya a declarar y de que él treate es de justificar sus respuestas ante lo que el fiscal pregunte, no creo que varíe mucho lo que los juzgadores puedan tener preformado en su mente. Para mí, la probabilidad de condena para Martín Vizcarra es bien alta (…) En el caso de Castillo también, va a ir por el mismo lado. Las probabilidades de que él logre una absolución también me parecen bien bajas”.

Por otro lado, indicó que las posibilidades de que estos interrogatorios terminen siendo perjudiciales para ambos acusados y favorables para la acusación dependerá de "la experiencia y de la técnica que utilice el fiscal para interrogar y lograr que, a través de la propia declaración del acusado, se reafirme lo que ya ha probado”.