Situación de Piero Corvetto en manos del PJ: ¿Por qué la fiscalía solicita su detención preliminar?

El requerimiento fue formalizado por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima contra Corvetto Salinas y otros.

El Ministerio Público viene realizando una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos colusión agravada, por presuntas incongruencias en la licitación del despliegue y repliegue del material electoral realizado por la ONPE.

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El pedido, señalaron fuentes a El Comercio, se sustenta en la investigación e informes elaborador por la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Público de la Policía Nacional (Dircocor) de la Policía Nacional, que ha recabado diversa documentación sobre el caso.

La tarde del lunes, la Dircocor remitió una recomendación al Ministerio Público, señalando que se hacía necesario solicitar la detención preliminar, por siete días, contra los funcionarios de la ONPE implicados en presuntas irregularidades.

“El pedido ya se ingresó cerca de la medianoche del martes”, señalaron fuentes vinculadas al caso.

En declaraciones a El Comercio, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, confirmó que el pedido de detención preliminar alcanzaba a Corvetto y otros funcionarios.

“Confirmado. Se ha pedido la medida detención contra el señor Corvetto; son varios funcionarios (de ONPE)”, indicó.

Por la mañana, en declaraciones al programa “Siempre a las 8” de El Comercio, Gálvez Villegas también manifestó que la fiscalía había presentado el requerimiento y que el juzgado podría resolver “entre hoy (miércoles) o mañana (jueves)”.

En la tarde del miércoles, Corvetto Salinas abandonó su vivienda ubicada en Miraflores y llegó hasta las instalaciones de la Prefectura de Lima de la Policía Nacional, ubicada en la avenida España del Centro de Lima, acompañado de sus abogados.

Ricardo Sánchez, abogado del exfuncionario, confirmó a El Comercio que la razón de dicha diligencia era solicitar garantías personales para su patrocinado y su familia.

Como se recuerda, Corvetto Salinas tuvo que renunciar al cargo de jefe de la ONPE, en medio de críticas por las fallas logísticas para llevar adelante el reciente proceso electoral.

Por ello, el Ministerio Público inició una investigación tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, que había sido penalizada hasta en tres oportunidades por la ONPE debido a incumplimiento de contrato; había sido nuevamente adjudicada para el reparto y replique del material electoral.

El domingo 12 de abril, un total de 13 locales de votación no recibieron el material electoral, perjudicando a cerca de 60 mil electores, quienes tuvieron que ejercer su derecho al sufragio al día siguiente.

Entre los elementos presentados como sustento del pedido fiscal, se encuentran las actas de licitación para el pliegue y repliegue del material electoral, donde los postores que competían contra la empresa Galaga S.A.C., ofertaron menor costo por el servicio y se variaron las condiciones o requisitos de los vehículos contratados para el reparto.

Todo ello llevó a que la ONPE beneficie a Galaga con la adjudicación por más de S/ 6,3 millones.

La fiscalía había dispuesto que la Dircocor realice la revisión de los equipos informáticos que usan o usaron los funcionarios y exfuncionarios de ONPE, Juan Antonio Phang Sánchez, José Samané Blas, Hilda Otoya Alvarado, y otros.

Hasta el cierre de este informe, el juzgado correspondiente no había emitido ninguna decisión respecto al pedido fiscal.

Tampoco se había dado a conocer si Corvetto Salinas pasó a condición de investigado o continua en calidad de “testigo”.

Mientras tanto, Bernardo Pachas Serrano, quien asumió como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales interino, se presentó en conferencia de prensa y anunció que se encuentran trabajando para concluir con el escrutinio y resolución de las actas electorales que aún faltan procesar.

Sobre el particular, anunció que se enviaron 50.983 actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). De dicho total, la cantidad de 5. 664 corresponden a la elección presidencial, para senadores por distrito único se derivaron 12.903 actas, sobre senadores para distrito múltiples 9.539 actas, para la cámara de diputados otras 11.902 actas; mientras que para el Parlamento Andino 10.975 actas.

A renglón seguido anunció que comunicarán a la Contraloría General de la República o la oficina de Control Interno de la institución para que participe en todos los procesos de selección y adquisición de servicios y bienes con la finalidad de transparentar los mismos.

Finalmente, anunció que se encuentran coordinando con el Jurado Nacional de Elecciones para llevar adelante el proceso de la Segunda Vuelta Electoral, de acuerdo al cronograma establecido, el 7 de junio próximo.

“A pesar de la salida de don Piero Corvetto, nosotros tenemos que continuar con el trabajo”, señaló.

Por ello, aseguró que se tomarán las “acciones operativas” y “medidas correctivas” para el camino a la segunda vuelta de la elección presidencial.

“Estamos trabajando con el Jurado (Nacional de Elecciones) para cerrar todas las actas observadas, sobre todo presidencial, que el Jurado proclame a los ganadores que pasen a la segunda elección presidencial y realizar las adquisiciones necesarias, como las cédulas de votación que hay que mandarlas a imprimir, el acta padrón, contratar a la empresa de pliegue y repliegue del material electoral y todos los servicios”, dijo.

Finalmente, anunció que como fecha tentativa, estiman que este viernes concluyan con procesar las actas referidas a la elección presidencial. “Acta procesadas, que es diferente a las actas computadas, luego viene el trabajado de primera instancia de los Jurados Especiales y si hubiera alguna apelación, en segunda instancia, al Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.