Desaprobados en economía

La presidenta de la República acaba de cumplir un año en el cargo y el balance económico de su gestión no es muy favorable que digamos. La población tiene la percepción de que no está haciendo lo necesario para sacarnos de la recesión, según revelan todas las encuestas de opinión pública. Al margen de las simpatías políticas que se pueda tener y de lo que digan los voceros del Ejecutivo, no se puede ver ningún resultado concreto en ese frente.

Existe la sensación de que el Gobierno no tiene una estrategia estructurada y debidamente coordinada para remontar la delicada situación económica, agravada por la inseguridad que se vive en todos los rincones del país. El repudiable atentado contra la minera Poderosa es un claro reflejo de la pasividad que viene mostrando para combatir el crimen organizado.

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En enero las estimaciones de crecimiento del PBI para este 2023 se situaban en niveles cercanos al 3%. Pero, llegamos a diciembre y la realidad es muy distinta. Tanto los analistas privados como las autoridades han rebajado sus proyecciones que ahora apuntan a que la expansión de la producción nacional no llegaría al 1%, y muchos ya prevén que cerrará el año en terreno negativo, con lo cual la economía peruana registraría uno de sus mayores retrocesos en tres décadas.

Así, en el camino se han perdido casi tres puntos porcentuales de impulso, que tienen un alto costo en términos de recaudación, generación de empleo y reducción de la pobreza. Como es obvio, el ritmo de avance ha sido arrastrado a la baja -en parte- por la inestabilidad política y la convulsión social que azotara al país tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, que debilitaron la ya golpeada confianza del sector privado para invertir y acelerar el crecimiento. Sin embargo, el actual gobierno tampoco ha sabido estar a la altura para sacarnos del profundo hoyo en la que Castillo nos sumió, y la responsabilidad que le toca en ello no es poca.

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Además de semiparalizado, parece estar empeñado en dar mensajes y señales contradictorias que despiertan incertidumbre en los agentes económicos, como cuando se habla de destrabar proyectos mineros, pero a la vez se escucha al primer ministro decir que Tía Maria no está en la agenda y se envía al Congreso un controversial proyecto de ley sobre ordenamiento territorial, que ha generado más preocupación que entusiasmo en el sector. Esta incoherencia indica que aún falta mayor voluntad política para impulsar inversiones que podrían enrumbar al país nuevamente hacia la senda del progreso. El asunto no podría ser más serio, sobre todo en momentos en que las expectativas empresariales no se encuentran en su mejor momento.

Lograr más inversiones es el gran reto del país, más aún en un escenario de fuerte desaceleración de la actividad productiva, y estas no pueden darse solo en el sector público, sino que es imperativo que, a pesar de los innumerables obstáculos, el sector privado apueste por llevar adelante nuevos proyectos o avanzar más rápido con los que ya tiene.

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El plan de reactivación económica del Ministerio de Economía y Finanzas, que contempla 25 medidas o “balas de plata”, centradas precisamente en un shock de inversiones, al que se ha denominado “Unidos”, no ha despertado mayor entusiasmo. Pero, por más dudas legitimas y escepticismo que suscite, no puede negarse que es un paso en la dirección correcta para recuperar la confianza perdida y esa es una ventana de oportunidad que no se debería desaprovechar.

Estos esfuerzos ofrecen un punto de partida sobre el que empezar a construir para volver a crecer a las tasas a las que estábamos acostumbrados, y marcarán la evolución de las expectativas del 2024, pues será difícil para las autoridades inyectar optimismo si los resultados no van de la mano. Esperemos que todo esto no quede en simples declaraciones de buenas intenciones.