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Cerca de 10 minutos le tomó a la Comisión de Economía del Legislativo presentar y someter a votación un nuevo dictamen que busca otorgar facilidades para el pago de créditos en el marco de la emergencia. Fue el presidente de la referida comisión, Anthony Novoa, quien presentó en sesión de ayer miércoles el dictamen.
Cerca de 10 minutos le tomó a la Comisión de Economía del Legislativo presentar y someter a votación un nuevo dictamen que busca otorgar facilidades para el pago de créditos en el marco de la emergencia. Fue el presidente de la referida comisión, Anthony Novoa, quien presentó en sesión de ayer miércoles el dictamen.
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Luego de precisar la acumulación de un nuevo proyecto a los ya 19 considerados, la iniciativa fue aprobada por unanimidad y sin mayor debate. El resultado es un dictamen que, en opinión de diversos especialistas, presenta una serie de errores.
Lo aprobado
En el dictamen se lee textualmente que el propósito es “prohibir generar cargos adicionales a los usuarios que tengan préstamos vigentes y otras obligaciones financieras con entidades del sistema financiero”, los mismos que son generados por el no pago de las cuotas en los meses del estado de emergencia.
Las financieras, cajas municipales y rurales, edpymes y cooperativas están excluidas del alcance del dictamen, siempre que “solo otorguen préstamos a la pequeña y microempresa”. Aquí se incurre en un primer error, según la lideresa de Regulación Financiera de EY Law, Ljubica Vodanovic. “Es uno de los puntos que debe aclararse. Para determinar ello, se tendría que evaluar a la cartera de cada entidad”, acotó.
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Al colocar textualmente esta condición, el dictamen también ignora que la cartera de estas entidades está compuesta además por créditos a la mediana empresa, hipotecarios y de consumo. “El dictamen es confuso. Dado que este documento compila varios proyectos, debió contar con opinión técnica previa de la SBS”, dijo.
Criterios amplios
Para acogerse a la ley solo se evaluarán las condiciones de créditos de aquellas personas jurídicas con facturación mensual bruta no mayor que S/129.000 (30 UIT) y a personas naturales con ingresos no mayores que S/10.750 (2,5 UIT). Este último límite ha sido observado por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). “Este criterio de focalización resulta muy amplio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, más del 95% de la población económicamente activa del país se encuentra en dichas condiciones”, recalca.
Las reprogramaciones
El dictamen asume que se realizarán reprogramaciones y bajo las siguientes condiciones: se establece un período de gracia durante el estado de emergencia o los 90 días después de publicada la ley –si el dictamen llegara a aprobarse– donde solo se puede cobrar los intereses de la deuda. Si el interés mensual supera el 50% de la cuota, “solo deberá cobrarse como máximo el 50% de la cuota”.
Después, las reprogramaciones deben estar dadas de tal manera que “la suma del valor nominal de todas las cuotas de cada préstamo que se reprograme debe ser igual a la suma del valor nominal de todas las cuotas que el mismo préstamo pagaría inicialmente”. Es decir, no se agregan cargos adicionales.
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El socio de la firma legal DLA Piper Perú, Sergio Barboza Beraún, explica que con lo dispuesto no se trata de un congelamiento del crédito, pero está dictando bajo qué condiciones se debe dar la reprogramación. “Y con ello está interviniendo en un contrato privado. Además, también podrían haber clientes que sí puedan pagar, pero estando bajo este supuesto, podrían excluirse del pago”, explicó.
Para el docente de Economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, la norma también ignora que los bancos ya han hecho este tipo de tratamientos.
“No había mayor necesidad de legislar este tipo de cosas. Además de crear un incentivo al no pago, los bancos ya habían hecho estas reprogramaciones”, dijo. Sobre esto último, Asbanc destaca que se han reprogramado voluntariamente 5,9 millones de créditos, equivalentes a 107 mil millones de soles al 26 de junio del 2020.
“Decisión responsable”
El vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, José Núñez, considera que el dictamen aprobado constituye una “decisión responsable” que no genera problemas financieros. Asbanc ha dejado claro que la medida “afecta sensiblemente las fuentes de ingresos de las entidades financieras, las cuales sustentan el pago de intereses de millones de ahorristas”.
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