El programa estatal de financiamiento permitiría otorgar créditos puente dirigidos a promotores inmobiliarios que trabajan en el segmento de vivienda social.. (Foto: GEC)
El programa estatal de financiamiento permitiría otorgar créditos puente dirigidos a promotores inmobiliarios que trabajan en el segmento de vivienda social.. (Foto: GEC)
Redacción EC

La Cámara Peruana de la Construcción () propuso que el Gobierno establezca un programa de financiamiento por S/ 600 millones para dar continuidad a la ejecución de .

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Según el gremio, el programa estatal de financiamiento permitiría otorgar créditos puente dirigidos a promotores inmobiliarios que trabajan en el segmento de vivienda social.

Para Capeco, el referido programa debería ser gestionado por el Fondo Mivivienda, con recursos del Banco Central de Reserva (BCR) o del Banco de la Nación a fin de cubrir una posible reducción de las preventas.

La asociación, sostuvo que al posibilitar la continuidad de los proyectos, no solo se permitiría asegurar la disponibilidad de oferta asequible en el 2020 sino que también se brindaría estabilidad al mercado y acabaría con la incertidumbre de los demandantes de vivienda social.

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Asimismo, la organización argumentó que se evitaría el riesgo de quiebra o inviabilidad de los proyectos, permitiendo la existencia de oferta, incluso de vivienda no social por la existencia de proyectos mixtos y el equilibrio del mercado en los años siguientes.

Capeco aclaró que los recursos para los créditos serían gestionados por los bancos e irían directamente a financiar las obras para que el riesgo de financiamiento sea mínimo.

Otras medidas que evitarían una afectación al sector inmobiliario, a consideración del gremio, serían la aprobación un incremento adicional de los subsidios del programa Mivivienda, la modificación el reglamento de contratación de obras de mantenimiento vial a ejecutar por los gobiernos locales en el marco de Arranca Perú para evitar que estas se adjudiquen por sorteo y al precio mínimo; y evitar, a través de norma nacional, que municipalidades restrinjan el reinicio de obras o impidan el otorgamiento de licencias de proyectos de vivienda.

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