A punta de pistola, tres horas secuestrada y abandonada en un puente: el estremecedor relato de una víctima de falsos colectiveros

Fingían ser transportistas y luego apuntaban con armas a sus pasajeros para exigirles los datos de sus cuentas bancarias. Ese era el modus operandi de una banda criminal que fue capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) el último miércoles en el distrito de Santiago de Surco. El operativo permitió la detención de los tres delincuentes, quienes simulaban ser conductor, cobrador y acompañante.

Una víctima de esta organización pasó por la misma situación un día antes de la intervención policial. En diálogo con El Comercio, relató cómo fueron las tres horas de tensión que vivió luego de subir a un auto, donde fue encañonada con una pistola, amenazada y finalmente abandonada en medio de la calle sin sus objetos de valor.

María, a quien llamaremos así para proteger su identidad, contó que se encontraba en el paradero de La Cultura, en San Borja, aproximadamente a las 7 de la noche, cuando esperaba un bus que la llevara a su casa. “Ya había escuchado antes sobre falsos colectiveros que eran criminales, pero como no era por esta zona, pensé que no me iba a pasar. Aun así, siempre trataba de estar precavida. Le mandaba a mi novio mi ubicación por WhatsApp para que siguiera mi recorrido y me esperara en el paradero donde bajaba”, relató.

Añadió que vio un auto con un jalador, un conductor y una mujer sentada a su costado. El vehículo tenía lunas polarizadas. “Ver a la mujer me inspiró cierta confianza, aunque igual tenía dudas porque cuando le pregunté al conductor si iba por la zona donde debía bajar, me dijo que sí, pero sin mirarme y demostrando poco interés”, recordó.

“Las ventanas estaban completamente cerradas y, cuando subí, vi que todos se cubrían el rostro. Ahí sentí que algo no estaba bien. Por eso saqué mi celular, tomé una foto discreta del conductor y se la envié a mi novio junto con mi ubicación. Le dije que tenía miedo y él me pidió que me bajara de inmediato, pero el señor empezó a acelerar. No sabía qué hacer”, agregó.

En ese momento, el integrante de la banda que hacía de jalador sacó un arma y le apuntó a la cabeza, mientras que la mujer que estaba adelante inclinó su asiento y le bloqueó las piernas. “Me quedé paralizada. El conductor dijo que eran una banda criminal y que, si intentaba hacer algo, me matarían y botarían mi cuerpo en un descampado. Sentí muchísimo terror. Luego el jalador me quitó la mochila y el celular”, contó.

“No quería mirar nada porque estaba aterrada, pero escuché que el conductor se comunicaba con alguien fuera del vehículo, quien le indicaba qué rutas tomar para evitar a la policía. Es toda una red criminal. El jalador me pidió las claves de mis aplicativos bancarios y en ese momento se dio cuenta de que estaba compartiendo mi ubicación con mi novio. Eliminó ese mensaje, pero luego vio que también le había enviado una foto. Ahí me golpeó el rostro, me insultó y borró la imagen y cualquier rastro que pudiera dar con mi paradero”, reveló.

María señaló que en ese instante pensó que le iban a disparar. Aterrada y en estado de shock, pidió por su vida. “Me advirtieron que si la policía los encontraba, me iban a matar. Accedieron a todas mis cuentas, las vaciaron, se quedaron con mis pertenencias y finalmente me dejaron en un puente, por San Juan de Miraflores”, indicó.

Con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó un bus que la dejó en el Jockey Plaza. Allí pidió prestado un teléfono a un transeúnte para comunicarse con su novio y avisarle que estaba a salvo. “Me costaba mucho hablar. Mi pareja llegó de inmediato y nos dirigimos a la comisaría de San Borja, donde tomé el colectivo. Enviaron un patrullero para revisar la zona”, contó.

“Al día siguiente capturaron a estas tres personas cuando intentaron hacer algo similar en Surco. Ese era su modus operandi; hacerse pasar por transportistas, robar pertenencias y exigir a los pasajeros los accesos a sus cuentas bancarias. Nunca he sentido que vivamos en un país seguro, pero esto ha marcado un antes y un después en mi vida. Ya no puedo tomar transporte público. Vivimos con el temor constante de ser secuestrados. Incluso en taxi puedes ser pepeado o violado. Ya no estás seguro en ningún lado”, denunció.

La joven pidió a la fiscalía actuar con celeridad para que se dicte prisión efectiva contra los detenidos y que este caso siente un precedente que permita capturar a los demás integrantes de esta red criminal, así como a otras organizaciones que operan bajo el mismo esquema delictivo.

En búsqueda de la mujer

El enamorado de la víctima contó que se encontraba en su casa trabajando de manera virtual y esperaba el mensaje de su pareja avisándole que ya estaba de regreso. “Siempre compartimos nuestras ubicaciones para saber si llegamos bien. Todo parecía normal; ella me dice que salió del trabajo y toma el colectivo, pero luego me envía su ubicación y una foto donde se veía parcialmente al conductor, y me escribe ‘tengo miedo’”, relató.

“Le pedí que por favor se bajara y me dijera dónde estaba para ir a buscarla, pero en ese momento dejó de compartir su ubicación y la foto fue eliminada del chat. Mi preocupación se disparó. Empecé a llamarla y no contestaba. Traté de mantener la calma y me acerqué a la caseta de serenazgo más cercana. Llamaron a la policía, pero me dijeron que no estaba dentro de su jurisdicción y que llamara al 105. Honestamente, no sentí mucha apertura. Luego mi novia me llamó y fui a recogerla de inmediato”, contó.

El joven enfatizó la inseguridad que se vive en el país y señaló que, si bien es consciente del riesgo que implica tomar colectivos informales, considera que el sistema de transporte formal en Lima presenta serias deficiencias. “Sentimos mucha impotencia. Ahora mi novia tiembla en la calle, los ruidos fuertes la alteran y está muy asustada por todo lo que vivió. Por un lado, me siento tranquilo de que esté conmigo, pero la Policía y la fiscalía tienen que actuar con mucha más celeridad”, dijo.

“El 23 de enero debía realizarse una audiencia con los tres para determinar si se ampliaba el plazo de detención y continuar con las investigaciones. Hasta ahora no tenemos confirmación de si fueron retenidos más días o liberados. Estamos muy asustados. Ni la Fiscalía ni la Policía contestan el celular y, cuando lo hacen, no nos brindan ningún tipo de información”, concluyó.

Intervención

La acción policial se produjo un día después de lo ocurrido con María, durante un patrullaje de la División de Investigación de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), liderado por el coronel Marco Aybar, en Santiago de Surco. Los agentes detectaron un vehículo estacionado con lunas polarizadas, lo que levantó sospechas.

Al inspeccionar el automóvil, los efectivos hallaron a dos personas retenidas junto a los tres sospechosos. La rápida intervención policial evitó que el delito se concretara.

Durante la intervención, la Policía encontró dos armas de fuego en poder de los detenidos. Los intervenidos fueron identificados como Joseph López Aparco (22), con antecedentes por secuestro con arma de fuego; Dennis Castillo García (36), con registro por conducir en estado de ebriedad; y Brisa Seguil Contreras (24), con antecedentes por fraude informático.

Según la PNP, se trataría de una banda criminal organizada, con roles definidos para la comisión de secuestros exprés y delitos informáticos. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Este Diario se contactó con la Fiscalía de Lima Centro, a cargo del caso, para conocer la situación de los implicados y trasladar la preocupación de la víctima ante una posible liberación. Sin embargo, pese a los múltiples intentos de confirmación, no hubo respuesta.

Análisis

Expertos consultados por El Comercio explicaron la importancia de la coordinación entre la Policía y la Fiscalía para enfrentar a las bandas criminales. Víctor Manuel Quinteros, especialista en seguridad ciudadana y exdirector general de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), sostuvo que este tipo de casos debería ser visto en un juzgado de flagrancia, órganos especializados que permiten sentencias más rápidas, en lugar de pasar por procesos largos y engorrosos.

“Estos procesos no deben dilatarse. La denuncia tiene que ser atendida de inmediato. La Policía no puede actuar sola; los otros actores del sistema, como fiscales y jueces, deben intervenir de manera eficaz. Además, es importante preguntarnos por qué los ciudadanos optan por los colectiveros. Esto evidencia la limitada cantidad de unidades y la baja accesibilidad del transporte público formal”, señaló.

Por su parte, el especialista en seguridad ciudadana y exadjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, consideró que hace falta un control más severo frente a los delitos cometidos bajo la fachada de colectivos informales. “Es cierto que hay personas que buscan ganarse la vida como transportistas, pero otros se aprovechan para cometer delitos. En ese contexto, las autoridades de tránsito tienen que ejercer un control real. Los ciudadanos buscan alternativas debido a los problemas existentes en el transporte”, afirmó.

“Mientras sigan existiendo pocas unidades frente a la alta demanda, largas filas y escasas opciones de pago, las personas continuarán recurriendo a los colectivos. La Policía puede realizar un trabajo de inteligencia adecuado para identificar a estas bandas y desarticularlas”, concluyó.