Fue asesor legal de más de 30 empresas de revisiones técnicas vehiculares, escuelas de manejo y centros de salud para sacar brevetes, muchas de ellas cuestionadas por irregularidades, y hoy es el funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que se encarga de darles autorización para operar.
Se llama Paul Concha y es titular de la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) desde el 25 de marzo del 2017, cuando fue nombrado por el hoy presidente Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes. La dirección que lidera Concha se encarga de normar, regular y emitir autorizaciones en el sistema de transporte y tránsito terrestre. Desde su despacho se decide, por ejemplo, todo lo vinculado a brevetes y revisiones técnicas, temas de los últimos informes de la campaña #NoTePases de El Comercio.
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—De clientes a autorizados—
A mediados de este año, por orden del Ejecutivo, Concha presentó una declaración de intereses detallando que trabajó dando asesoría legal a por lo menos 30 empresas de revisiones técnicas, centros médicos y escuelas de choferes, entre otras del rubro del transporte. La mayoría de estas asesorías las realizó hasta marzo del 2017, mes en que el abogado de 55 años fue designado director de la DGTT. Varias de las empresas que fueron sus clientes se encuentran hoy bajo evaluación del propio despacho de este alto funcionario.
Una de las firmas para las que trabajó Concha es la escuela de conductores T-Apruebo, denunciada por el periodista Juan Pablo León en el documental “Brevete para un ciego” de El Comercio. Esta empresa tiene trabajadores que se encargan de clonar las huellas digitales de los postulantes para aprobarles el curso de licencia de conducir profesional, burlando el control del MTC, y así acreditar que asistieron a clases. Concha fue su asesor legal entre enero y julio del 2013.
Otro de sus clientes fue Revisiones Técnicas del Perú, que tiene una planta en Huarochirí donde han aprobado más de 500 vehículos de la línea El Chosicano. Este Diario comprobó en agosto que personal de la referida planta emite certificados de manera irregular pidiendo coimas. Concha fue abogado de esta empresa entre setiembre del 2015 y marzo del 2017.
La lista también incluye al Grupo Tecnológico Automotriz, que tiene como nombre comercial Farenet, recientemente denunciado por “Cuarto poder” por emitir certificados de revisión técnica a vehículos que no cumplen con las condiciones técnicas para circular a cambio de pagos irregulares.
—Cuestionado—
El abogado Luis Quispe Candia, experto en temas viales y presidente de la ONG Luz Ámbar (en la que también trabajó Concha en mayo del 2016), objetó que una persona que antes ha brindado servicios legales a empresas cuestionadas de este rubro sea ahora quien autorice el funcionamiento de las mismas desde la DGTT.
“Lamentablemente, con toda esa evidencia, lo menos que puedo decir es que hay conflicto de intereses. No quiero ser ejemplo para nadie, pero aquí cuánta gente ha venido [a Luz Ámbar para pedir asesoría]. Empresas de transporte, empresas de taxi, y siempre nos hemos negado. No representamos a nadie. Nos hemos negado porque tarde o temprano sale a la luz”, dice.
“Creo que [Paul Concha] no debió aceptar ese cargo. Es un cargo muy delicado. Este cargo puede ejercerlo una persona independiente que no le debe nada a nadie”, añade Quispe.
Miguel Sidia, presidente del Instituto de Transporte y Tránsito de Lima, dijo que prefiere no emitir juicios, pero que “es cuestionable, aunque son cosas anecdóticas”. “Principalmente hay que hacer que el tema del transporte y el tránsito sea política de Estado para evitar más muertes en las pistas”, añadió Sidia.
Paul Concha fue uno de los fundadores de la asociación Transitemos. Su actual presidente, Alfonso Florez, cree que estos hechos no comprometen al titular de la DGTT y que “es un excelente profesional”.
—Los descargos—
En entrevista con El Comercio, Paul Concha aseguró que no existe conflicto de intereses en su cargo actual, y que sí informó sobre sus trabajos de asesoría legal.“Yo soy absolutamente consciente del cargo que desempeño. Tengo 18 años como abogado especializado en transporte. No solamente he asesorado estos establecimientos. Y los he asesorado en el marco de la ley. No he incumplido ninguna disposición legal. Apenas asumí el cargo dejé el asesoramiento y me he sujetado a lo que dicen las disposiciones legales”, respondió.
“No existe impedimento en la norma. Yo, oportunamente, a través de mi declaración jurada de intereses informé con transparencia que presté servicios. Precisamente estoy aquí por el conocimiento que tengo sobre el sector”, añadió el funcionario.
Mañana “Cuarto poder”, en alianza con #NoTePases, emitirá la segunda parte de una investigación sobre las irregularidades en las plantas de revisiones técnicas.
