Feminicidio de Sheyla Cóndor: Defensa pide incorporar a PNP como tercero civil por incumplimiento de funciones de agentes

La defensa de Elsa Sonia Torres Vivanco, madre de Sheyla Cóndor, solicitó al Poder Judicial incorporar a la Policía Nacional del Perú (PNP) como tercero civilmente responsable en el proceso penal que investiga las presuntas irregularidades cometidas por tres efectivos policiales durante las primeras horas de la búsqueda de la joven.

El pedido corresponde a una investigación distinta del proceso principal por el presunto feminicidio de Sheyla Cóndor. En este caso, la Fiscalía investiga al comandante Ronald Teodosio Núñez Díaz, al mayor Harold Sandro Villar Castro y al suboficial Miguel Ángel Carrera Meléndez por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes funcionales. Según la tesis fiscal, los agentes habrían retrasado la atención de la denuncia presentada por la madre de la víctima y alertado al principal sospechoso, Darwin Condori, sobre las diligencias que se realizaban en su contra.

Como se recuerda, tres días después de hallarse los restos de Sheyla Cóndor, el principal sospechoso de este crimen, el suboficial de tercera PNP Darwin Marx Condori Antezana(25), fue encontrado sin vida en el tercer piso del hostal La Perla, en San Juan de Lurigancho

Según la defensa, estas presuntas actuaciones obstaculizaron las primeras diligencias de búsqueda de Sheyla, consideradas cruciales para su ubicación. Por ello, además de la eventual responsabilidad penal de los investigados, solicita que la institución policial responda civilmente por los daños ocasionados.

La tarde del 16 de noviembre de 2024, la madre de Sheyla Cóndor, Elsa Torres, encontró los restos cercenados de su hija al interior del departamento del policía Darwin Marx Condori Antezana, en Comas, luego de días de intensa búsqueda tras la desaparición de la joven de 26 años. Antes de llegar al lugar de los hechos, intentó denunciar al feminicida ante la misma institución donde él laboraba, encontrándose con muchos obstáculos que le ocasionaron perder horas cruciales en la búsqueda de su hija.

Según las investigaciones y testimonios, el suboficial Miguel Carrera se habría negado a recibir la denuncia completa en la comisaría de Santa Luzmila, ocultando elementos de prueba del paradero del principal sospechoso, el también policía Darwin Condori, e incluso alertado vía llamada telefónica que el caso “moría ahí”, llegando incluso a falsificar una acta de ocurrencia sobre una diligencia que nunca realizó.

Sobre el segundo policía, el comandante Ronald Núñez, a él se le señala de haber mantenido inacción funcional deliberada tras haber sido notificado formalmente del caso, el 16 de noviembre, omitiendo disponer acciones operativas preventivas inmediatas para ubicar al implicado, mientras este permanecía en su domicilio particular.

En tanto, respecto al tercer policía, el mayor Harold Villar, se le imputa de haber coordinado telefónicamente con el comandante Núñez y con el propio sospechoso para alertarlo de la denuncia en su contra, lo que habría facilitado que Darwin Condori abandonara de inmediato un operativo policial para darse a la fuga poco antes de que se hallaran los restos de Sheyla Cóndor en su departamento de Comas.

El abogado penalista Aarón Aleman sostuvo que no existe una relación clara y objetiva de dependencia entre los investigados y la PNP, ya que todos tenían la condición de efectivos policiales en actividad y desempeñaban funciones propias de su cargo al momento de los hechos que son materia de investigación.

Los delitos por los que se les investiga no fueron conductas aisladas, sino que se habrían producido dentro del ámbito institucional de la policía, para ser exactos en la comisaría de Santa Luzmila, durante actuaciones oficiales, tales como la recepción de denuncias. Para esto, la defensa argumenta que los imputados actuaron amparados en su condición de agentes estatales, utilizando las competencias y recursos brindados por la institución.

“Lo que está ocurriendo ahora corresponde al caso de Santa Luzmila, con el comandante y los tres oficiales investigados. Buscamos que la Policía Nacional del Perú sea incorporada como tercero civil responsable para que, eventualmente, los daños y perjuicios sean asumidos por la institución”, explicó el abogado Aarón Alemán, defensa de la familia Condori Torres.

El letrado precisó que este proceso es independiente de la investigación por el presunto feminicidio. “Recuerda que, en realidad, hay tres procesos. Uno es el de feminicidio, que es el principal. Otro es el de obstrucción a la justicia, falsedad ideológica e incumplimiento de funciones en el ámbito de la actividad policial”, señaló.

Cabe precisar que el Juzgado realizó una audiencia pública el 3 de julio de 2026 para evaluar la oposición presentada por la Procuraduría del Ministerio del Interior-PNP, el Ministerio Público y la defensa de Núñez Díaz ante este pedido de incorporación. Sin embargo, a diferencia de audiencias anteriores, el juez dejó al voto el pedido y no emitió una decisión en el acto.

Alemán resaltó que la incorporación de la PNP es fundamental para garantizar una reparación integral, efectiva y oportuna para la familia de la víctima, ya que los daños ocasionados —afirma— no pueden desvincularse del ejercicio, aunque haya sido irregular, de la función pública policial.

El abogado sostuvo que la solicitud para incorporar a la Policía Nacional del Perú como tercero civilmente responsable fue presentada hace aproximadamente un mes y medio, pero recibió la oposición de la Fiscalía, la Procuraduría Pública de la Policía Nacional y las defensas de los tres investigados.

A juicio de la defensa, la posición del Ministerio Público resulta contradictoria, ya que la propia investigación atribuye a los imputados la presunta comisión de delitos en su condición de efectivos policiales. “La propia tesis fiscal sostiene que hubo un delito cometido por efectivos policiales. No entiendo cómo luego puede oponerse a que la Policía, como institución, responda por los daños y perjuicios. Esa posición no me resulta coherente”, afirmó Alemán.

En esa misma línea, el abogado cuestionó la actuación de la Procuraduría Pública de la Policía Nacional. Según explicó, esta se constituyó como actor civil dentro del proceso, lo que supone reconocer la existencia de un delito y de un daño que debe ser reparado. Sin embargo, posteriormente se opuso a que la institución policial asuma una eventual responsabilidad civil. “Si te constituyes como actor civil, estás reconociendo que existe un delito. Sin embargo, luego sostienen que la Policía Nacional no tiene nada que ver con el asunto. Esas dos posiciones no son congruentes”, sostuvo. Asimismo, criticó que la Procuraduría haya solicitado una reparación civil de S/15.000, mientras la familia de Sheyla reclama aproximadamente S/1 millón.

Finalmente, el abogado cuestionó que tanto la Procuraduría como las defensas de los investigados sostengan que no está acreditada la condición de policías de los tres procesados, pese a que, según indicó, ello nunca fue materia de discusión durante la investigación. Incluso advirtió que esa postura sería incompatible con una eventual solicitud para que el caso sea derivado al fuero policial militar. “Ellos mismos se han identificado, ellos mismos se han acreditado, ellos mismos se han apersonado. No es un hecho controvertido. Ahora recién lo quieren controvertir de manera inexplicable”, señaló.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Según explicó el abogado, el Ministerio Público solicitó una ampliación del plazo para concluir las diligencias pendientes y, una vez finalizadas, deberá decidir si presenta una acusación formal o solicita el sobreseimiento del caso. Mientras tanto, los tres policías investigados afrontan el proceso bajo comparecencia con restricciones, ya que la Fiscalía no ha solicitado prisión preventiva.

En este escenario, la defensa espera que el Poder Judicial resuelva el pedido para incorporar a la Policía Nacional del Perú como tercero civilmente responsable. Sin embargo, el abogado expresó su preocupación por el cambio de postura que, según afirma, han asumido algunas de las partes durante el proceso. “Nosotros pedimos transparencia, objetividad y justicia”, sostuvo, al advertir que una decisión desfavorable impediría que la institución responda por los daños y perjuicios que, a su juicio, ocasionó la actuación de sus efectivos.

Asimismo, el letrado advirtió que, si entra en vigencia la nueva normativa sobre el Fuero Policial-Militar, la defensa de los investigados podría solicitar que el caso sea derivado a esa jurisdicción. “Con la nueva ley existe un riesgo latente. Lo primero que probablemente solicitará la parte contraria será que este caso pase al fuero policial militar”, señaló. A su juicio, ello evidenciaría una contradicción con la postura actual de las defensas, pues “en ese momento ya no podrán sostener que los investigados no son efectivos policiales, porque justamente necesitarán reconocer esa condición para pedir que el caso sea visto por el fuero policial militar”.