Una delegación de líderes regionales de Perú llegó a Belém do Pará, en Brasil, para participar en la Cumbre de los Pueblos (Cúpula dos Povos), donde presentó una agenda ambiental resultante de un proceso participativo nacional denominado La Ruta de los Pueblos.
Esta iniciativa reunió, entre abril y octubre, a más de 300 dirigentes sociales provenientes de las 25 regiones del país. Su objetivo principal fue la construcción colectiva de propuestas sobre transición energética, soberanía alimentaria, impulso de economías locales y la protección efectiva de los territorios, temas que buscan posicionar en el debate internacional en el contexto de la COP30.
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El documento destaca la urgencia de vincular las políticas climáticas globales con las realidades y demandas territoriales. La delegación peruana enfatizó que la COP30 enfrenta críticas recurrentes por la limitada apertura hacia comunidades impactadas por el cambio climático y aquellas que, históricamente, defienden sus territorios de actividades extractivas y contaminantes.
Entre los integrantes que participaron en la conferencia figuran Ebelin Vilca (Runai Earth – Puno), Miguel Meza (Valle del Tambo – Arequipa), Edivar Carrasco (Reserva Ecológica de Chaparrí – Lambayeque) y Wrays Pérez, vicepresidente de la Alianza de las Cuencas Sagradas de la Amazonía. A ellos se sumó la congresista Ruth Luque, quien advirtió que la crisis ambiental actual converge con un contexto de descontento social interno en Perú.
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Durante la cumbre, los representantes peruanos expresaron de manera directa su insatisfacción frente al proceso oficial. Miguel Meza sostuvo que “la COP30 no está recogiendo el sentir de quienes defienden los territorios; no basta con fondos si no se frenan las actividades que contaminan”.
Señaló la importancia de que los reclamos de las poblaciones amazónicas, andinas y costeras sean incorporados en la toma de decisiones, en vez de priorizar solamente soluciones financieras.
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Por su parte, Edivar Carrasco recordó que la defensa de ecosistemas frágiles, como el bosque seco de Chaparrí, conlleva riesgos personales para los protectores ambientales, entre ellos denuncias judiciales e incluso amenazas de muerte.
Wrays Pérez, desde la perspectiva amazónica, observó que los compromisos internacionales en materia climática suelen quedar en la firma, mientras las actividades extractivas avanzan sobre la selva, afectando comunidades y biodiversidad.
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El espacio recibió el respaldo de la congresista Ruth Luque, quien subrayó que el enfoque de la agenda ambiental y social debe trascender los discursos oficiales. Según los representantes, la distancia entre las discusiones en los foros internacionales y las realidades vividas en los territorios pone en evidencia la necesidad de establecer mecanismos de participación efectiva e inclusiva para las poblaciones directamente afectadas por el cambio climático.
La delegación peruana anunció que el proceso participativo continuará durante el año 2025 y que el documento será presentado ante el Congreso y el Ejecutivo como una exigencia institucional concreta.
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El propósito es abrir un canal permanente para que las propuestas y experiencias de los territorios no sean solo representadas, sino efectivamente incorporadas en las políticas públicas y en las negociaciones futuras, dotando de legitimidad social a las respuestas frente a la emergencia climática.
En el debate público se sumaron voces expertas que analizaron el contexto de la COP30. Richard O’Diana Rocca, coordinador de la oficina de Derechos Humanos y Asesoría Legal del CAAAP, señaló que estas cumbres persisten como “espacios de burbuja”, donde funcionarios, empresas y Estados interactúan en un lenguaje orientado al denominado “capitalismo verde”, muchas veces distante de los problemas urgentes de las comunidades locales.
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“Cuando la participación depende de autorizaciones casi inaccesibles, se dejan fuera justamente a quienes deberían estar en el centro del debate. Naciones Unidas no debería pedir solo más seguridad, sino garantizar participación real y plural”, sostuvo.
