Extorsión en montos bajos y frecuentes: el punto ciego que el decreto del gobierno no resuelve

Las medidas complementarias del decreto supremo aprobado este domingo se agrupan en cuatro niveles: prevención financiera, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica. Algunas de ellas serán la supervisión por parte de la SBS del monitoreo de pagos vinculados a denuncias y el acceso a información previa coordinación entre la Unidad De Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, el MTC evaluará rutas, paraderos, terminales y vehículos para implementar seguridad operativa con herramientas como cámaras y botones de pánico integrados al sistema C5i. En cuanto a respuesta inmediata, la PNP deberá desplegar centros de comando y patrullaje focalizado, así como mecanismos de protección a víctimas (reserva de identidad, botón de pánico y otros).

Una las principales disposiciones es el refuerzo del control de los flujos financieros vinculados a pagos extorsivos, para detectar movimientos extorsivos en transferencias de recursos vinculadas a denuncias por extorsión, en el marco de las normas vigentes de prevención del lavado de activos y financiamiento del delito de terrorismo.

Esto, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la PNP. El fin último es desarticular las redes económicas del crimen organizado.

Al respecto, el experto en seguridad y crimen organizado, Frank Casas, dijo a El Comercio que la medidas es muy básica y limitada, pues lo que se debiera buscar no solo es el congelamiento del dinero, sino que este sea incautado y se afecte a la organización criminal que está detrás. Para eso, explicó que el caso tiene que pasar por todo el proceso de la cadena penal, que empieza con detección de la UIF, luego a investigación y persecución por parte de la PNP y Fiscalía, y después a una sentencia inmediata judicial.

“Pero la norma solamente se queda en los primeros dos pasos. Entonces, la mirada está incompleta. No se resuelven los problemas que existen en Fiscalía y en el Poder Judicial para sentenciar de una manera mucho más inmediata este tipo de casos“, sostuvo.

Por su parte, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, indicó que toda la información que pueda entregar el sistema financiero a la UIF se hace sobre la base del marco de los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Los sistemas del sector financiero se establecen sobre la base de umbrales, es decir, de líneas de movimiento de dinero que va a nivel individual a partir de los $10,000 y $1.000 en las transacciones.

“Pero los pagos extorsivos en este país son bastante por debajo de los $1000. Son montos relativamente pequeños, pero de una frecuencia permanente Y en estos momentos, los umbrales que existen en el sistema financiero no están preparados para captar estos movimientos. Entonces, no hay sistema en el sector financiero que va a poder perseguir esta esta información, porque sus umbrales son muy superiores a los montos que usualmente suelen solicitarse en una extorsión”, detalló.

El decreto supremo dispone también el despliegue de centros de comando y patrullaje focalizado, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, articuladas a los sistemas de videovigilancia de los distintos niveles de gobierno. También se contempla la implementación de más botones de pánico en la ciudad.

Asimismo, se establecen mecanismos de inteligencia policial mediante la elaboración de mapas delictivos georreferenciados para identificar zonas críticas y optimizar la planificación de operativos preventivos y disuasivos.

Sobre estas medidas, Casas hizo una precisión: el patrullaje se realiza sobre la base de las denuncias, algo que es un problema, ya que la gente no está denunciando estos hechos extorsivos por temor a represalias, principalmente. Ahí, dijo, hay una limitación en la implementación de estas medidas.

“Si no se mejora el proceso para tratar de incrementar la denuncia o tener otro proceso en paralelo integral de recojo de información para saber dónde se encuentran realmente las personas que están sufriendo el delito, lo que vas a tener es un de planificación del patrullaje limitado”, resaltó.

En tanto, Casas también comentó que en el caso de los botones de pánico sirven más quizás para la búsqueda de niños cuando estos pierden o para hechos, no obstante, pero para el delito que requiere respuesta inmediata usualmente no funciona, ya que no es de fácil uso. Menos aun, agregó, a nivel de la extorsión.

“Ya sabemos cómo funciona la extorsión, no es que está en la vía pública, sino que te extorsionan desde cualquier celular, posiblemente de larga distancias. Además, es sistemático y si no te violentan a ti, atentan contra tu familia“, detalló.

Y por otro lado, destacó que la respuesta inmediata no solamente debe ser policial, también tiene que ser desde la Fiscalía, porque sino el hecho delictivo queda impune o por lo menos en investigación. “Todavía no hemos resuelto el déficit de policías y de fiscales para que puedan atender los casos de urgencia. Sumado a ello norma que le faculta a la PNP la investigación preliminar es bastante vaga, con contrariedades y no queda claro si realmente la policía es el titular de la investigación preliminar o es la fiscalía. Ahí existe un problema que resolver de carácter logístico y de articulación“, explicó.

En tanto, Valdés acotó que los botones de pánico solamente funcionan bajo dos condiciones. Bajo la existencia de un centro de comando control integrado que despache de manera automática a la unidad policial más cercana. Por lo mismo, dijo, se requiere de un C5I o un C4I con el que el Perú no cuenta. Esto es lo que garantiza que la respuesta sea automática y el despacho también, sin intervención del ser humano. Sin de necesidad de que alguien responda una llamada.

“Lo capta la computadora y esta inmediatamente ubica a través del GPS a la moto o el conductor más cercano y le da la orden instantánea para que pueda reaccionar. Eso supone un un sistema que no tenemos. Entonces es inoperativo, imposible de ponerlo en práctica”, aseguró.

Norma pone en marcha elementos tecnológicos de seguridad como el Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i). Sobre esta medida, Casas precisó que esta disposición nace con la idea de que estén tecnológicamente integrados la PNP, los bomberos, fiscalía, gobiernos locales, regionales, etc, para tener la información al detalle las 24 horas y poder tomar acción.

No obstante, refirió que hasta el momento no se sabe realmente cómo se encuentra este proceso de integración tecnológica. “De hecho, siempre hay muchos problemas porque cada municipio compra sus propias cámaras con características que no son compatibles entre sí. A veces incluso la misma Contraloría ha detectado de que hay muchas cámaras de vigilancia que no están en funcionamiento, no les dan mantenimiento", manifestó.

Por su parte, Valdés agregó que lo que hay en el país actualmente son C1, dedicados a la vigilancia puntual a través de cámaras o circuitos de radio, también C2 que adicionalmente coordinan respuestas. Estos últimos son los que suelen tener los distritos con mayor recursos económicos, o eventualmente un C3 que están orientados a la atención de emergencia, vigilancia, respuesta y atención de emergencias. Son embargo, eso es lo máximo que hay.

“Solo algunos distritos del país, contados con los dedos de la mano,, tienen esto. Esta ley se estructura en base a la existencia del C5I que no existe en el país. No hay. Por lo tanto, están engañando al sistema de transporte y a los ciudadanos y este engaño surge desde el Congreso, que presentó a la normal al presidente Jerí y este la aprobó“, expresó.

Valdés agregó que el un C5 inteligente requiere de un proyecto de inversión pública, pues cuesta al menos unos 500 millones de dólares. Además, precisó que requiere de una serie de características de infraestructura, como estar en un edificio que soporte embates catastróficos y tener una altísima seguridad, como la de un aeropuerto o un hospital de primer nivel.

El decreto aprobado dispone mecanismos de protección a las víctimas de extorsión y sicariato en el transporte, que incluyen la reserva de identidad, canales de orientación, botones de pánico y patrullaje focalizado, garantizando una atención oportuna e integral a quienes son afectados por estos delitos.

Al respecto, Frank Casas destacó que al menos esto puede ser lo más relevante de esta norma, bajo la perspectiva de poder generar algún tipo de mecanismo de reparación o resarción de daños para aquellos familiares de las víctimas de los atentados.

“Reparación económica en principio y psicológica. Siempre es positivo que alguien se preocupe finalmente por las víctimas. El tema del derecho a encontrar justicia no solo se basa en apresar a un delincuente, sino también que alguien repare la afectación realizada por ese delito", sostuvo.

Por otro lado, para Valdés el Estado no se encuentra en la capacidad de efectuar este tipo de reparación, ya que no tiene fondos para eso. “Las normas dicen que el Estado debe hacerse cargo de su resarción laboral (de las víctimas), de su reposición educativa, etc. Pero eso no ocurre”, afirmó.

La norma también establece medidas de apoyo posterior al delito, como la creación de un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral.

En tanto, se faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a evaluar y certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente tecnologías como cámaras de vigilancia y botones de pánico integrados a los sistemas de comando y control policial.