

Rutas de Lima emitió un comunicado este miércoles en el que anuncia que ha acatado el fallo judicial que suspende el cobro del peaje en Conchán pese a que considera que la resolución es “arbitraria” y “vulnera el marco normativo peruano”.
En la misiva, la empresa señala que la medida es “parte de una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político” que es impulsada principalmente por la Municipalidad de Lima y su alcalde Rafael López Aliaga. En esa línea, califican el fallo en primera instancia como una vulneración a “las garantías a la inversión privada” y recuerdan que ya son 26 las casetas de peaje “que no podemos operar debido a decisiones abusivas”.
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Rutas de Lima hace hincapié en dos puntos: el primero, que el peaje en Conchán tiene una antigüedad mayor de 20 años y fue colocado por el Estado antes que les entregaran en concesión las vías. Más adelante, recalcan que, según Ositrán, no es necesario que hayan rutas alternas, las cuales, en este caso, “sí existen”.
En ese sentido, afirman que la construcción o mejoramiento de estas vías son “de entera responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
La empresa indica que tras estas decisiones judiciales no está recibiendo “casi el 50% de sus ingresos”, lo que impacta significativamente en su situación financiera, ya que aún tienen la obligación de operar y mantener todas las vías bajo su responsabilidad.

“Rechazamos firmemente esta ofensiva impulsada por las autoridades que de manera expresa y reiterada, y en abierto desprecio por la seguridad jurídica, han mencionado que van a despojarnos de nuestros activos y derechos en claro incumplimiento del marco legal y sin ningún respeto a los contratos y a la inversión privada”, se lee.

Antecedentes
El último martes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en Conchán. Esta medida estará vigente hasta que se emita un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del contrato de concesión.
De esta forma, el Poder Judicial admitió en parte el hábeas corpus presentado por la Municipalidad de Lurín en representación de los vecinos.
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