Las recientes inundaciones en Arequipa han vuelto a evidenciar una realidad incómoda pero persistente: la activación de las quebradas no es un hecho extraordinario, sino un fenómeno cíclico propio de la dinámica natural del territorio. Las torrenteras, que permanecen secas gran parte del año, se activan con lluvias intensas —cada vez más frecuentes debido al cambio climático— y reclaman el espacio que históricamente les ha pertenecido. El problema no es la naturaleza, sino la ocupación progresiva y sistemática de sus cauces.
Durante décadas, la ciudad ha crecido sobre estos lechos naturales. La expansión urbana, muchas veces impulsada por intereses inmobiliarios por encima de criterios técnicos, ha reducido el ancho de las quebradas, las ha canalizado de forma inadecuada o incluso ha invadido parcialmente sus cauces. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) han advertido reiteradamente sobre estos riesgos. Sus estudios han identificado zonas críticas; sin embargo, la presión del mercado y una gobernanza territorial débil han prevalecido.
Esta vez, las zonas afectadas no corresponden solo a asentamientos informales. Distritos consolidados como Yanahuara, Cerro Colorado, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero han sufrido también los embates del agua y el lodo. Recuperar plenamente el cauce original de muchas torrenteras implicaría demoliciones masivas y socialmente inviables. La ciudad se encuentra, por tanto, atrapada en una condición estructural que la expone a repetir estas tragedias periódicamente.
La situación es aún más grave en áreas marginales, donde la ocupación informal de laderas y cauces se ha producido sin infraestructura adecuada ni control técnico. Allí, la ausencia de sistemas de drenaje, obras de protección o mecanismos de alerta temprana convierte cada episodio de lluvias intensas en una amenaza directa para la vida de cientos de familias. La vulnerabilidad social amplifica el riesgo físico.
Frente a este escenario, fortalecer la gobernanza y la planificación territorial rigurosa resulta indispensable. En esa línea, el Instituto Metropolitano de Planeamiento de Arequipa (IMPLA), junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha impulsado instrumentos clave como el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
El PAT, que me ha correspondido liderar, incorpora distritos periféricos como Vítor —también afectados por inundaciones— históricamente excluidos de la planificación integral. Para ello, se ha trabajado con instituciones especializadas y expertos en gestión de riesgos para identificar zonas vulnerables ante terremotos y eventos asociados al cambio climático, como la activación de quebradas e inundaciones. Los criterios de resiliencia y gestión del riesgo se integran como eje estructurante del modelo territorial y de la zonificación propuesta.
En relación con las quebradas, tanto el PAT como el PDM incorporan el concepto de “Costuras urbanas”. Esta propuesta, surgida de un proyecto académico premiado internacionalmente, plantea tratar las torrenteras no como espacios residuales, sino como infraestructuras verdes resilientes. Se propone mantener el ancho natural de los cauces —evitando su reducción, práctica recurrente desde mediados del siglo XX— e implementar defensas efectivas contra inundaciones. En épocas de estiaje, estos espacios podrían habilitarse como parques lineales, ciclovías y áreas recreativas, especialmente en sectores periféricos con déficit de espacios públicos. No se trata de ocupar las quebradas, sino de convivir inteligentemente con ellas.
En gestión del riesgo se sostiene que no existen desastres naturales, sino consecuencias de nuestras decisiones. La lluvia es natural; el problema aparece cuando edificamos sin planificación en zonas inadecuadas. Arequipa debe aprender de lo ocurrido y apostar por un crecimiento ordenado y preventivo para convertirse en una ciudad más segura y resiliente.
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