Ayudando a la delincuencia

A principios de mes, el Ministerio del Interior envió a la Presidencia del Consejo de Ministros un proyecto para cambiar la ley de armas. La intención es que sea promulgado como decreto de urgencia (DU), y el propósito es desarmar a los civiles que son respetuosos de la legalidad; es decir, que adquieren un arma en un establecimiento y cumplen los requisitos para obtener una licencia.

Si se llega a realizar ese desatino, serviría solo para incentivar y favorecer la delincuencia, porque los criminales no compran sus armas en negocios legales ni las registran a su nombre. Y tendrían menos reparos en cometer sus fechorías, pues actuarían con la certeza de que sus eventuales víctimas no podrían oponer resistencia.

Sería, además, ilegal, porque en una situación excepcional como la que vive el país, el Gobierno no puede cambiar todo el ordenamiento jurídico como le venga en gana. Está autorizado a emitir decretos de urgencia, que, como su nombre lo indica, son solamente para materias urgentes e impostergables.

Como bien ha señalado un editorial de El Comercio en referencia a un reciente DU sobre el cine, el Gobierno no “debería interpretar esta potestad pasajera como un cheque en blanco para aprobar lo que se le antoje sin la inmediata fiscalización del Parlamento. A todas luces, ello sería un abuso y […] podría terminar generando precedentes desafortunados. No obstante, el presidente Martín Vizcarra parece inclinado a dar pasos temerarios en esta dirección”. Y concluye precisando que “es claro que el Gobierno está legislando sobre materias que trascienden de manera flagrante las urgencias que puede tener el país” (11/12/19).

Por supuesto, la seguridad ciudadana es una urgencia, pero que no se atiende con normas para desarmar a los civiles sino con una política eficaz para combatir el delito, cosa de la que, como es evidente, carece el Gobierno.

De hecho, se veía venir. Como advertí en esta columna, en la presentación del nuevo Gabinete, el presidente Martín Vizcarra anunció un decreto para que no haya “más armas ilegales en las calles”. Un absurdo, porque la ley prohíbe las armas ilegales. “Pero es obvio que esa medida no irá contra los delincuentes sino contra los usuarios legales, contra los que sí cumplen la ley y son fácilmente identificables” (2/11/19).

Los intentos de prohibir las armas en manos de los civiles tienen por lo general dos fuentes. Una, el populismo. Es decir, cuando gobernantes y funcionarios incapaces de combatir el delito, para engañar al público y desviar la atención de su ineptitud, lanzan medidas de este tipo y adormecen los reclamos durante un tiempo haciendo creer que así van a disminuir los crímenes. Dos, la ideología. Así como hay gente que cree que liquidando el mercado y la propiedad privada la economía va a mejorar, hay fanáticos ignorantes que piensan que desarmando a los ciudadanos cumplidores de la ley va a atenuarse la incidencia delictiva.

Eso, por supuesto, es falso. Por ejemplo, en Brasil, en el 2003, cuando la tasa de homicidios era de 23 por 100.000 habitantes, el presidente Lula da Silva prohibió totalmente las armas legales a los civiles. Quince años después, en el 2018, la tasa de homicidios había subido a 28 por 100.000. En México, donde hay restricciones muy fuertes a los civiles, existen más de 20 millones de armas ilegales.

En el Perú, las fuentes de armas para la delincuencia son básicamente el contrabando, y la policía y las fuerzas armadas, algunos de cuyos miembros alquilan o venden armas.

Por ejemplo, hace poco fueron condenados a diversas penas de prisión 6 militares por el robo de 18 fusiles Galil en un cuartel del Ejército (“La República”, 9/6/19). En Otuzco, un policía se robó dos pistolas en la comisaría y las vendió a delincuentes (RPP, 18/7/19). En Trujillo, el jefe de la región informó que dos policías vendieron armas a delincuentes (“Perú21”, 15/10/19).

Frenar el contrabando y controlar las acciones delictivas en las fuerzas del orden requiere de gobernantes y funcionarios honestos y competentes, especie casi inexistente en el actual gobierno. Por eso van por la fácil demagogia, atacar a los civiles que cumplen la ley.

Naturalmente, no se trata de incentivar a los ciudadanos a armarse y enfrentar a la delincuencia. La seguridad es la tarea más básica del Estado y hay que exigirle al Gobierno que cumpla su función en lugar de usar los recursos para, por ejemplo, espiar a sus adversarios políticos. Pero en circunstancias como las actuales, es un despropósito pretender prohibir la adquisición de un arma a las personas que lo desean y que están capacitadas para ello.