Desenfocados

Durante el último fin de semana, las redes institucionales del Congreso publicaron en la red social X un post donde aseguraban que coincidían en “combatir la seguridad ciudadana” por tramitar 19 proyectos de ley sobre “terrorismo urbano”. La falacia institucional recae en que el Congreso eliminó la figura de “terrorismo urbano” y aprobó un texto sustitutorio de “criminalidad sistemática” que se aprobó en primera votación en octubre del 2024. Se van a cumplir cuatro meses en los que esa fórmula se encuentra estancada en el trámite legislativo, en una decisión que depende exclusivamente del presidente del Congreso. Tramitar no es un logro. El logro es conseguir los consensos para aprobar leyes que tengan concordancia con la coyuntura.

Siguiendo con la línea de la seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo le ha recordado al Congreso que, desde mayo del 2024, aguardan la aprobación del proyecto de ley que crea el sistema nacional especializado de flagrancia delictiva. Esta iniciativa cuenta con un dictamen desde octubre del 2024, y el presidente del Congreso no lo puso al debate en el pleno.

A diferencia de la “criminalidad sistemática” donde los especialistas han expresado dudas sobre su efectividad, el sistema especializado de flagrancia ha venido dando resultados en algunos distritos donde se empezó a aplicar la figura. Este Diario reveló que, en su primera semana de aplicación en San Martín de Porres –donde el alcalde Hernán Sifuentes proporcionó un local al Poder Judicial para la operatividad–, se lograron 30 sentencias. Hay pruebas de la efectividad del sistema, pero el Congreso prioriza otros temas.

El Ejecutivo también ha recordado el estancamiento del proyecto de ley que propone la creación del ministerio de infraestructura. Esta iniciativa fue presentada en julio del 2024 y ni siquiera ha sido debatida en la Comisión de Constitución, por lo cual no existe fórmula final. Si bien el Gobierno nunca presentó su anunciado plan de fusiones de ministerios, el Congreso tampoco ha querido hacer su propio trabajo para plantear su propia fórmula.

Tampoco se ha visto que el Parlamento tenga interés en revisar las observaciones del Ejecutivo y tomar postura respecto a la ley observada que propone restablecer la figura de la detención preliminar. Dicha norma fue observada el 13 de enero pasado, y 20 días después, la Comisión de Justicia no tiene resuelto el tema.

Ni siquiera existen posturas claras de control político hacia el Gobierno. Las declaraciones y gestión del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, sobre la situación de la sobreproducción de mangos y limones en el interior del país no ha despertado más que algunos posts en X de ciertos congresistas. En otras épocas, el ministro ya estaría en el pleno interpelado respondiendo por la falta de planificación en su sector.

Sin lectura política, sin reacción y sin agenda, los parlamentarios demuestran una vez más que están más enfocados en cambiar su estilo de vida –al estilo José Jerí– antes que rescatar algo de la imagen tan golpeada de la institución que representan.