Los 100 primeros días de este gobierno de izquierda han dejado un panorama desolador y angustioso. Por un lado, está en proceso el desmantelamiento de diversos avances institucionales, que fueron una conquista del Estado Peruano y garantía de un futuro mejor para todos. Así, el Gobierno se ha propuesto acabar con la meritocracia en la educación suprimiendo evaluaciones, y con la meritocracia general del Estado, al solicitar al Tribunal Constitucional el retiro de la demanda contra la ley CAS, que acaba con el sueño de un Estado meritocrático. Además, copa el aparato público con gente no calificada y, eventualmente, prontuariada o filosenderista.
Asalta Indecopi, una isla de excelencia, nombrando a una persona no idónea, decidida a despedir a secretarios y vocales de valía. Cambia a los comandantes generales del Ejército y la FAP porque no dejaron pasar ascensos sin mérito recomendados por Palacio, erosionado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. En lugar de impulsar la reforma del transporte para mejorar la calidad de vida de los usuarios, la cancela, prorroga 10 años el caos y, para ese efecto, descabeza a la Sutrán y a la ATU, que tanto tiempo costó crear.
En general, atiende el interés rentista de los sindicatos y de grupos mafiosos, no del pueblo o de los alumnos o de los ciudadanos. Detiene la erradicación de la coca, promete el empadronamiento de los cocaleros que siembran para el narcotráfico y descabeza Devida. Por supuesto, deja escapar a Los Dinámicos del Centro, y pone a la DINI en manos inescrupulosas y peligrosas.
Fomenta, así, el crimen organizado, pero, al mismo tiempo, militariza la capital solo para cosechar una aprobación popular que le empezó a ser esquiva desde que generó la subida del precio de dólar, de los productos básicos y de los combustibles. Con tal de rendir culto al ídolo ideológico de la asamblea constituyente, destruye la capacidad adquisitiva del pueblo, retirando el pan de la mesa familiar. La inflación bate récords.
Y como si el presente no bastara, arruina también el futuro. Buscando la felicidad del “momento constituyente”, la propia primera ministra induce la retracción de la inversión privada, que será negativa en dos dígitos el próximo año. Sin embargo, no es suficiente. En el paroxismo destructivo, había que dañar al único sector que le da viabilidad a políticas tan desastrosas: la minería. Entonces, congresistas de Perú Libre coordinan con dirigentes comunales y políticos locales los ataques a las minas de Ayacucho y a Antamina, y la primera ministra justifica la violencia.
Y para que no se le escape la clase media del azote, el Gobierno propone una reforma tributaria que subirá las tasas impositivas a los alquileres, las ventas de inmuebles, los ahorros y los sueldos, al mismo tiempo que enfría la economía. Tampoco se salva la clase popular emergente, que perderá toda esperanza de alcanzar los beneficios de la formalidad con la llamada Agenda 19, que profundiza la gran injusticia de la informalidad.
El país no aguantará cinco años de este tratamiento. El camino de salida fue señalado en la votación del jueves, donde se dio una alianza tácita entre el Gobierno y las bancadas de centro (AP-APP-SP-Podemos Perú) contra la mitad de Perú Libre, que no dio la confianza. El propio Guido Bellido ha tuiteado que “el hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda”. Le está señalando la salida: el centro. Pero, claro, eso no es coherente con una primera ministra que declara que sería “absolutamente legítimo que se lleguen a conseguir las firmas para hacer una asamblea constituyente”, ni con la permanencia de algunos ministros.
El presidente tiene que tomar decisiones, entonces. Pero el mismo Bellido agrega que solo es “un sindicalista básico”. No parece capacitado para tomar decisiones. ¿Qué hacemos?
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