(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Fernando Rospigliosi

El cientista político de la Universidad de Pittsburg Aníbal Pérez-Liñán ha investigado y sistematizado la nueva manera de derrocar presidentes en la región desde principios de la década de 1990: “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina” (FCE, 2009).

Después de la proscripción de los golpes militares, se han derribado a 15 gobiernos en América Latina de esa manera, sin acabar con la democracia. Probablemente sucederá con otros.

En lugar de un resumen del libro, prefiero citas textuales que considero relevantes.

(Advertencia: este artículo puede herir la sensibilidad de personas alérgicas a la realidad. Se les recomienda abstenerse).

“Las democracias latinoamericanas demostraron ser resistentes e inestables al mismo tiempo; estar dispuestas a castigar la corrupción presidencial, pero ser incapaces de evitarla; ser sensibles a los reclamos populares solo en un contexto de protestas masivas y frustración generalizada”.

“Como en décadas anteriores, los gobiernos elegidos democráticamente siguen cayendo, pero a diferencia de las décadas anteriores, no se derrumban los regímenes democráticos”.

“El juicio político al presidente ha surgido como un instrumento poderoso para desplazar presidentes ‘indeseables’ sin destruir el orden constitucional”.

“Los juicios políticos son posibles cuando los medios masivos investigan y revelan escándalos políticos de manera sistemática y cuando el presidente no puede mantener un control estricto del Congreso, ya sea porque el partido gobernante es muy pequeño o porque está controlado por una facción opositora. La habilidad de la legislatura para remover un presidente de su cargo también gira, en última instancia, en torno al grado de movilización popular contra el gobierno. Cuando una amplia coalición social toma las calles para exigir la renuncia de un presidente, la caída de ese gobierno no suele demorarse”.

“El juicio político no es solo un recurso legal para remover del cargo a presidentes a quienes se ha encontrado culpables de delitos graves; suele ser un arma institucional que se emplea contra presidentes que se enfrentan a una legislatura beligerante”.

“Cuando los escándalos mediáticos perjudican al gobierno y crece la indignación popular contra el presidente, hasta a los legisladores leales les resulta difícil resistirse a la presión pública a favor de un juicio político”.

“Mientras que los escándalos y la política legislativa son claves para explicar el proceso de juicio político, la movilización masiva constituye el factor fundamental que lleva a la remoción de los presidentes de sus cargos independientemente del procedimiento específico que se haya empleado para alcanzar ese objetivo”.

“Los presidentes pueden enfrentarse a otras instituciones políticas o ignorarlas cuando están disfrutando de un período de popularidad, pero serán atacados con ferocidad cuando los índices de aprobación sean bajos”.

“En tiempos difíciles, cuando la gente sale a la calle a protestar contra el presidente, los políticos oportunistas reconocen rápidamente la necesidad de abandonar el barco del presidente y unirse al campo de la oposición”.

“Hay una relación causal entre el estilo de liderazgo presidencial y la fortaleza del escudo legislativo. Los presidentes que adoptaron una estrategia aislacionista se encontraron en una posición especialmente débil para impedir un proceso de juicio político al avanzar sus mandatos”.

“Los presidentes que adoptaron un estilo de confrontación, en cambio, estaban en una situación más fuerte aún si, en última instancia, no lograron sobrevivir en sus cargos”.

“Las manifestaciones callejeras han desempeñado el papel más decisivo para determinar qué presidentes son derrocados y sugiere que los movimientos sociales se han convertido en el nuevo ‘poder moderador’ de los regímenes civiles”.

“Hay tres formas en que una movilización masiva puede debilitar a un presidente. Primero, las protestas generalizadas pueden enviar una señal a las élites de que el presidente ha perdido todo rastro de apoyo popular y es por consiguiente un blanco fácil. En esa situación, los enemigos pueden organizarse, los aliados desertar y un juicio político o una declaración de incapacidad pueden avanzar fácilmente.Segundo, el malestar popular puede adquirir un carácter violento –en forma de saqueos o disturbios– y crear una situación de extrema incertidumbre. Importantes sectores políticos que en otras circunstancias respaldarían al presidente pueden retirar su apoyo para evitar una profundización del conflicto social. Tercero, si el Estado responde a las protestas populares con represión, pueden producirse tragedias que socaven la legitimidad del gobierno y aceleren la caída del presidente”.

“La movilización –cualesquiera sean sus orígenes– es más letal cuando se traduce en amplios movimientos sociales que abarcan a múltiples sectores políticos”.