Perú-Petro tiene que dar explicaciones

Hace unas semanas, Perú-Petro retrocedió en su intención de otorgarle los lotes I, VI y Z-69 a Petro-Perú. Lo hizo después de que distintos gremios y expertos del sector hidrocarburos levantaran la voz sobre el despropósito que esto significaba. Retrocedió, sí, pero a medias. La semana que pasó, la presidenta de Perú-Petro, Isabel Tafur, informó que el directorio aprobó de forma unánime la entrega a Petro-Perú de los lotes I y VI a través de un contrato de licencia por el plazo de dos años y que lo mismo ocurriría con el Z-69. Dos años es el tiempo que le tomará a Perú-Petro sacar los lotes a concurso internacional.

Los actuales operadores de los lotes vienen desde hace años manifestado su interés en mantener la operación, sea por la extensión de los contratos o por un concurso internacional. Y, sin embargo, Perú-Petro no solo no respondió, sino que consideró que era mejor entregarlos, sin selección previa, a una empresa en grave crisis financiera y cuya operación actual está en riesgo. Al punto que sus representantes debieron solicitar nuevos aportes y facilidades financieras del Estado. Al cierre de junio del 2023 el activo corriente de Petro-Perú fue de US$1.667 millones contra un pasivo corriente de US$2.995 millones. Si es claro que Petro-Perú no está en capacidad de enfrentar nuevas líneas de negocio que demandarán recursos financieros, ¿cómo pudo Perú-Petro calificarla financieramente estando en esas condiciones? Sobre todo si consideramos que el negocio de la explotación petrolera es de alto riesgo. Petro-Perú, además, ha reconocido que no tiene la capacidad ni el ‘knowhow’ técnico para sostener una operación petrolera; por eso, Perú-Petro no la pudo calificar técnicamente.

Pero vamos más allá. Petro-Perú es el mayor infractor ambiental del sector. Ha recibido 637 infracciones, que equivalen al 36% del total de infracciones del sector y un monto sancionado de más de S/122 millones. La incapacidad de Petro-Perú para operar instalaciones petroleras bajo los estándares ambientales exigidos por la regulación es evidente.

Lo lógico, eficiente y rentable para el Estado hubiese sido extender dos años más los contratos vigentes a los actuales operadores, ya que cambiar de operador generará procesos de transferencias y aprendizajes que ocasionarán costos e ineficiencias. Más aún si consideramos que la gestión privada es siempre más eficiente que la pública, no genera costos al Estado y garantiza ingresos para los peruanos en regalías e impuesto a la renta. Y esto es bastante más de lo que puede garantizar Petro-Perú que, al generar pérdida,no paga impuesto a la renta.

La realidad es que el Gobierno Peruano ha querido generar caja para Petro-Perú, sin importar que su propia falta de capacidad de operación e incapacidad financiera de inversión lo llevaran a mantener baja la producción y, con ello, bajas las regalías para el Estado. Al no tener la capacidad de realizar las inversiones que los lotes requieren y que Perú-Petro le hubiese exigido a cualquier inversionista privado, habrá un deterioro de los activos, disminución de la producción y generación de pasivos ambientales materiales. Con esto, en dos años, los inversionistas serios habrán perdido el interés por estos lotes. No le sorprenda que, entonces, Perú-Petro descarte el concurso internacional y le extienda el contrato a Petro-Perú.

Este es un claro ejemplo de interferencia política en la toma de decisiones, que termina afectando los activos y los ingresos del Estado Peruano. Además de limitar la competencia en el sector al permitir el ingreso a operación a un actor que no solo no está capacitado, sino que, además, ha sido designado arbitrariamente.

¿Cuánto de incapacidad y corrupción estamos dispuestos los peruanos a tolerar? ¿Qué tiene que suceder para que, efectivamente, levantemos la voz y nos opongamos a estos “extraños” manejos en el sector hidrocarburos? Si el Congreso quisiera servir de algo, debería llamar al directorio de Perú-Petro a explicar las razones que motivan esta decisión. Más aún cuando Perú-Petro está modificando procedimientos e interpretando normas para justificar la injustificable entrega de los lotes en operación a Petro-Perú. De paso, el Congreso debería también interpelar al ministro de Energía y Minas para que explique por qué al asumir la cartera no renunció a su puesto en Petro-Perú.