Recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2025. Aproximadamente 8,8 millones de ciudadanos, equivalentes al 25,7% de la población, viven en hogares que no pueden cubrir el costo de una canasta básica de consumo (1.848 soles para 4 personas). Si bien se reporta una ligera reducción de la pobreza en comparación al 2024, sería un error caer en la autocomplacencia. Nuestro país no ha recuperado los niveles de pobreza previos a la pandemia (20,2% en el 2019) y está muy lejos de alcanzar la meta fijada por el propio Estado Peruano en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social: 15% de pobreza monetaria al 2030 (MIDIS 2022).
Sumemos a este complejo panorama la situación de la población no pobre vulnerable, la cual asciende al 32,8%. ¿Quiénes son? Ciudadanos que se encuentran en riesgo de caer en la pobreza ante cambios negativos o choques adversos en su economía, como pueden ser enfermedades o pérdida de empleo y —en un contexto de creciente inseguridad ciudadana— extorsiones o robo.
Casi 60% de la población peruana es pobre o vulnerable, situación que no ha generado suficiente atención pública, a pesar de mantenerse en el último lustro. Por otro lado, el patrón de pobreza se ha complejizado y enfrentamos un escenario marcado por dos tendencias: a) Urbanización de la pobreza: aproximadamente el 70% de los pobres se ubican en el ámbito urbano. La pobreza en la capital del país prácticamente se duplicó desde el 2019, superando el total de pobres en el ámbito rural; b) Recrudecimiento de la pobreza rural: si bien se ha reducido en promedio, aquí se concentra la pobreza extrema y continúan trampas de pobreza, como por ejemplo la persistencia de la pobreza indígena: 46,2% de los hogares cuyo jefe tiene una lengua materna nativa amazónica son pobres. Finalmente, a nivel departamental, es alarmante la persistencia de elevados niveles de pobreza en regiones como Cajamarca, Loreto y Puno.
Retomar el ritmo de reducción de la pobreza requiere mejorar el crecimiento económico, indispensable para impulsar la creación de empleo y aumentar la inversión pública necesaria para generar mejores servicios y oportunidades para la población pobre y vulnerable. En un contexto marcado por crecientes presiones fiscales, es urgente sincerar la situación de la inversión pública orientada a la reducción de la pobreza y cierre de brechas, con el fin de mejorar su efectividad y su capacidad de respuesta al nuevo perfil de pobreza que enfrenta el país. El debilitamiento de la gestión pública, la inestabilidad política, la alta rotación de personal y la corrupción también han afectado el funcionamiento de los programas sociales, siendo la crisis del programa de alimentación escolar Qali Warma una penosa muestra del acelerado deterioro de la capacidad del Estado para traducir inversión pública en bienestar.
La agenda de superación de la pobreza tiene el potencial de generar consensos y promover la acción colectiva. Los partidos políticos tienen la oportunidad de impulsar acuerdos sobre medidas prioritarias y sostenibles, construyendo sobre lo avanzado e impulsando innovaciones para superar la inercia programática que resta efectividad a la inversión social.
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