Desde este Diario hemos insistido en la necesidad de que los partidos políticos que aspiran a varios cargos públicos lleguen al poder de la mano de cuadros técnicos intachables. En ese sentido, para ciertos puestos de la administración pública, no tendría por qué ser un demérito mantener cercanía con una agrupación política que ganó posiciones de autoridad mediante los votos; de hecho, sería lo esperable.
Pero no es eso lo que se está registrando en el Congreso de la República. Por ejemplo, a finales de abril pasado, Eduardo Salhuana, presidente de la Mesa Directiva del Legislativo y congresista por Alianza para el Progreso (APP), aceptó que propuso a Yessenia Lozano como jefa del nuevo Centro de Modalidades Formativas. Lozano se identifica como la “hija política” de César Acuña, líder de APP, y gozaba de un sueldo de S/19.000 mensuales –más que cualquier congresista– sin preparación o trayectoria suficiente que los justifiquen.
La práctica parece sistemática. Ayer, El Comercio reveló que las hermanas Estefany y Diana Dávila Callao también fueron colocadas por APP en puestos en el Congreso sin contar con la experiencia necesaria. Diana, por ejemplo, fue asistente del entonces congresista Omar Chehade en el 2021. Entró por “recomendación de gente del partido”, de acuerdo con el exparlamentario. Desde entonces ha mantenido diversas posiciones dependientes de APP en el Congreso a pesar de no contar con título universitario. Ella trabaja ahora en la Oficina de Comunicaciones. Mientras tanto, su hermana Estefany –quien sí cuenta con título universitario– entró este año al área de Administración de Bienes.
A nadie le debería sorprender que, ahí donde se levante una piedra parlamentaria, aparezca otra situación así. APP, por su influencia en el Legislativo, ha sido la agrupación con mayor oportunidad de aprovechar la planilla congresal como botín partidario, pero difícilmente es el única. Fuerza Popular, Somos Perú y otros partidos tienen acusaciones similares. El próximo Senado, de hecho, dará nuevas oportunidades para distribuir posiciones frescas. El acuerdo tácito sería entonces que ningún partido fiscalice demasiado la relación de trabajadores, sus afiliaciones políticas y sus competencias profesionales, porque el Congreso entero tiene techo de cristal. Total, los únicos que tienen mucho por perder en estas reparticiones de planillas son los ciudadanos que reciben pobres resultados y peor análisis legislativo a cambio de sus tributos.
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