Blindajes al susto

Tres días atrás comentamos en este Diario la iniciativa legislativa presentada por el congresista de Perú Libre Segundo Montalvo para endurecer las sanciones a los delitos de calumnia y difamación, e incluir precisiones adicionales referidas a las redes sociales y los sitios webs.

Se trataba, dijimos, de un proyecto que iba a contramano de lo que la doctrina jurídica internacional señala a propósito de las penas que convienen a los “delitos contra el honor”. De un tiempo a esta parte, como se sabe, la tendencia apunta a que tales sanciones no incluyan la privación de la libertad del periodista acusado de haber incurrido en esas faltas, pues aquello constituiría una respuesta desproporcionada frente a ellas y sería, además, un recurso susceptible de utilización política por quien ostentase el poder y quisiera bloquear las críticas. Por ello, nos hicimos eco de la observación de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) sobre el particular y señalamos que el proyecto de marras buscaba “amordazar la denuncia periodística” en un contexto en el que el Gobierno es ya incapaz de contener el torrente de destapes sobre corrupción que lo cercan.

Pues bien, no transcurrieron ni 24 horas antes de que la bancada del partido por el que el actual presidente postuló en las elecciones del año pasado (y que, por eso mismo, es oficialista, así trate de negarlo) corroborara el ánimo intimidatorio que profesa contra todo el que ponga la lupa sobre los signos de conductas delictivas en las más altas esferas del Ejecutivo. La bancada de Perú Libre presentó este lunes, en efecto, una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por supuestas infracciones constitucionales relacionadas con el abuso de autoridad y la obstrucción de la justicia en agravio del Estado.

La iniciativa, por cierto, tiene pocas probabilidades de prosperar. Por un lado, por el hecho de que la han firmado congresistas de Perú Libre que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (es decir, el grupo de trabajo encargado de evaluar la denuncia en primera instancia): algo que está expresamente prohibido por el artículo 89 del reglamento del Congreso. Y, por el otro, porque miembros de las bancadas de Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Fuerza Popular ya adelantaron su desacuerdo con el empeño del oficialismo.

Pero más allá de eso, cabe anotar también la falta de sustento del que ese empeño adolece. De acuerdo con la denuncia de Perú Libre, las supuestas faltas cometidas por la fiscal Benavides habrían sido la remoción del cargo de la fiscal suprema Bersabeth Revilla (a cargo de la investigación de su hermana, la juez superior Emma Benavides) y el retiro del fiscal Pablo Sánchez de la coordinación del equipo especial que investiga el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. La verdad, no obstante, es que la fiscal Benavides tenía autoridad para adoptar las dos medidas; y en el caso de la segunda, además, ya el mismo Sánchez se tomó el trabajo de aclarar que su salida del equipo en cuestión fue por decisión propia.

En consecuencia, la iniciativa, como mencionábamos, no parece estar destinada a prosperar… Pero ello no impide distinguir la intención que oculta.

Como en el caso del proyecto para hacer más severas las penas a los periodistas que cometan lo que, a ojos de los gobernantes de turno, sea difamación o calumnia, lo que se detecta aquí es una voluntad de blindar al presidente Castillo y a su entorno de los clamorosos ‘affaires’ de crimen organizado por los que se los investiga, y de hacerlo a través del amedrentamiento. El mensaje que las iniciativas transmiten de manera apenas embozada es: “Vamos a castigar a cualquiera que ose poner al descubierto todo aquello que nos esmeramos por mantener bajo un manto de opacidad”. Un esfuerzo por conseguir al susto la protección para los ya mencionados personajes que no conviene perder de vista.