Editorial: Cautelar… la institución presidencial

El Tribunal Constitucional (TC) sesionará hoy para evaluar si admite la demanda competencial que el Ejecutivo ha presentado contra la moción aprobada el viernes pasado en el Congreso para debatir y votar una posible vacancia del presidente Martín Vizcarra, y también la medida cautelar que busca suspender el proceso en marcha.

Como se sabe, si esta última es concedida, la representación nacional tendrá que abstenerse de llevar adelante mañana la discusión y votación sobre la materia en cuestión, lo que ha motivado malestar en algunos sectores políticos que ven el recurso como una argucia legal del Gobierno –y del presidente Vizcarra en particular– para evitar dar al país las explicaciones que hacen falta en torno a su relación con el tristemente célebre Richard Cisneros y otros asuntos sobre los que editorializamos en este Diario apenas dos días atrás.

La herramienta de la que ha echado mano el Ejecutivo, sin embargo, es constitucional y si una mayoría de los magistrados del TC se pronuncia a favor de la cautelar, su efecto deberá ser inmediato. No obstante, si bien tal circunstancia removería los problemas que complican hoy jurídicamente la posibilidad de que el presidente Vizcarra termine su mandato, es claro que con los obstáculos políticos no pasaría lo mismo.

Lo que sugieren los audios que todos hemos escuchado seguirá pesando en el ánimo de la ciudadanía. Y también lo harán las inquietudes sobre el largo tiempo que le tomó al mandatario prescindir de los servicios de la señora Mirian Morales en el despacho de la Presidencia (a pesar de tener la evidencia de que, cuando trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hizo contratar indebidamente a Claudia Mere Vidal, hermana de su expareja) y los contratos o puestos en el Estado obtenidos por los cuatro amigos con los que solía practicar deporte.

Nada podrá proteger o cautelar a la institución presidencial del impacto negativo que tendría sobre ella una prolongación del silencio del jefe de Estado al respecto. Es seguro que dar las explicaciones que señalamos pondrá al mandatario en una posición incómoda, pero hace rato que todo esto dejó de ser un asunto que le atañe solo como político o individuo. Si son los atributos del cargo que ostenta lo que eventualmente le permitirá salvar el difícil trance legal en que se encuentra, tendrían que ser también las responsabilidades que ese mismo cargo le demanda lo que guíe sus actos políticos en medio de esta crisis.

Por eso, sea cual fuere el resultado de la sesión de hoy en el TC, el mandatario no puede seguir postergando el compromiso que la dignidad que le ha sido confiada por la ciudadanía le impone. Esto es, el de comparecer ante ella, despejar los nubarrones que se ciernen actualmente sobre Palacio de Gobierno y asumir lo que le toque. Y si finalmente esa comparecencia no tiene lugar en el Congreso, quizás hasta gane en legitimidad, pues no estará contaminada por los aires de confrontación política que por el momento dominan ese escenario.

Si existe algún recurso tras el cual el presidente daría la impresión de estar ocultándose para no dar la cara por los graves eventos que ensombrecen su gestión, este no es, pues, de orden legal. Es, más bien, discursivo y tiene que ver con todas esas elaboraciones que repite en cada presentación pública, sobre supuestos complots de los que estaría siendo víctima.

Lo cierto, sin embargo, es que ninguna conspiración lo obligó a reunirse con Richard Cisneros y a luego tratar de negarlo. Ninguna conjura tampoco lo forzó a conservar a su lado a una colaboradora que había incurrido en actos indebidos. Y ninguna confabulación, por último, determinó la provechosa relación de sus amigos tenistas con el Estado…

Sobre todo eso, el presidente Vizcarra tiene que ofrecer explicaciones ya y sin medias verdades. Porque si hay algo realmente indispensable de cautelar en medio de esta agitada tormenta es la institución de la presidencia.