Editorial El Comercio

El congresista de ha sido retirado por su bancada de la Comisión de Inteligencia y las razones de tal decisión no parecen descabelladas. Como se sabe, de acuerdo con el Ministerio Público, una declaración de José Hernández Fernández, ‘El Español’, lo habría presentado como funcional a los intentos del gobierno del ahora expresidente Pedro Castillo por adquirir equipos tecnológicos para interceptar las comunicaciones de quienes se oponían a él.

Detenido de manera preliminar el martes pasado, Hernández es investigado por integrar una presunta red criminal que buscaba atentar contra funcionarios de la fiscalía, efectivos de la Policía Nacional, periodistas y colaboradores eficaces que brindaban información sobre supuestos actos de corrupción de la administración encabezada por el actual inquilino del penal de Barbadillo. Y la declaración que se le atribuye habría estado referida a la ayuda que el legislador fujimorista podía prestar secretamente desde su posición en la Comisión de Inteligencia al ya mencionado plan para espiar a los adversarios políticos del anterior gobierno. “Desde dentro podemos hacer muchas cosas a través de él”, habrían sido sus palabras exactas al aludir a Cordero Jon Tay en una conversación con un oficial en retiro de la Marina.

La situación, en realidad, luce complicada para el parlamentario que nos ocupa, pues en esa misma conversación ‘El Español’ habría afirmado que él estaba interesado en asistir a una feria de equipos electrónicos a celebrarse en octubre del año pasado en Panamá… y el registro migratorio del legislador revela que efectivamente estuvo en ese país entre el 10 y el 14 de ese mes. Lo más inquietante de las aseveraciones de Hernández, además, es el dato de que el congresista pensaba cubrir personalmente sus gastos para evitar que en el Congreso se supiera de su viaje.

Estamos, pues, ante la descripción de un topo. Es decir, de un político que, aparentando lealtad a la agrupación de oposición que lo llevó al Parlamento, funciona subrepticiamente como un agente del oficialismo, y en asuntos con ribetes delictivos. Las imputaciones, desde luego, tendrán que ser probadas antes de concluir a la ligera que son ciertas, pero, mientras tanto, daría la impresión de que la precaución de la bancada de Fuerza Popular de removerlo de la comisión que cumple una tarea tan delicada como la de supervisar las actividades de ‘inteligencia’ del gobierno de turno, y de ponerlo en general salmuera, está justificada. Pero no es suficiente.

Lo decimos porque cabe recordar que toda esta circunstancia no constituye el único problema que apremia a Cordero Jon Tay. El congresista enfrenta también denuncias por intimidación y agresión física de parte de su expareja. En diciembre del 2021, por ejemplo, el programa dominical “Panorama” divulgó un reportaje en el que se incluían declaraciones en las que ella anotaba: “Me pateó […] la garganta hasta no poder hablar dos días”. Y en las que relataba también una ocasión en la que había sido objeto de una agresión tan severa que sus brazos terminaron amoratados y tuvo que decir que se había accidentado. De hecho, la Comisión de Ética aprobó en mayo del año pasado un informe con relación a esas denuncias que recomienda al pleno suspenderlo por 60 días. La votación del informe, empero, está pendiente todavía en esa instancia, como tantas otras...

Sobre esto, y sobre su responsabilidad de haber propuesto para el Parlamento a un personaje de las características ya señaladas, Fuerza Popular guarda un silencio que ni siquiera en el Día Internacional de la Mujer parece haber estado dispuesta a romper y que la dejan en mal pie. Es cierto que existen indicios de que Cordero Jon Tay no solo actuaba bajo las instrucciones de ese partido, pero no estaría mal que en la organización naranja se hicieran por lo menos cargo de la parte de sus desaguisados que sí les toca.

Editorial de El Comercio

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