El plan “V” de Cerrón

Una sentencia lanzada por el secretario general de Perú Libre durante una escuela de formación política de su partido ha vuelto a poner sobre el tapete el nulo compromiso que existe de su parte con el sistema institucional que sostiene la democracia. El martes de la semana pasada, en efecto, Vladimir Cerrón dijo ante los concurrentes al mencionado evento: “Nosotros reafirmamos desde que se fundó el partido que en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica, lamentablemente”.

La intervención del ex gobernador regional de Junín se produjo días antes de que la Comisión de Constitución del Congreso mandara al archivo el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Pedro Castillo que buscaba abrir la posibilidad de que se consultara, a través de un referéndum, la convocación de una asamblea constituyente. Pero los pronunciamientos de los voceros de las distintas bancadas presentes en la referida comisión hacían previsible el desenlace que la discusión luego en efecto tuvo, así que Cerrón era consciente a esas alturas de que, amén de inconstitucional, la opción de la “vía pacífica” impulsada en ese momento por el Gobierno era inexistente.

Así las cosas, en la práctica, estaba dejando abierta –y como única salida posible– la “vía no pacífica”, es decir, violenta. Un camino que, como se sabe, es consistente con la prédica de muchas de las organizaciones políticas marxistas-leninistas que han existido y existen alrededor del mundo y que en el pasado reciente dejaron un saldo de destrucción y muerte también en nuestro país.

Si a esa afirmación agregamos la observación –suya también– de que el presidente Castillo está actualmente “encorsetado” por distintas leyes que fueron hechas para que “no pueda cambiar las cosas”, lo que tenemos es una clara sugerencia de romper el ordenamiento legal valiéndose de la violencia. Máxime si en entrevistas concedidas poco tiempo antes, el mismo Cerrón había hablado de un supuesto “plan B” que sería puesto en marcha si el Congreso archivaba el proyecto en cuestión.

El mecanismo es un viejo conocido de los sectores totalitarios: si la democracia no les permite alcanzar sus objetivos, el problema es la democracia y hay que echársela abajo apelando a cualquier recurso.

Apelar o incitar a la violencia es, por supuesto, un delito. Pero, además, hay que denunciar el argumento tramposo que subyace al razonamiento, insinuado por varios voceros del oficialismo, de que esta se justificaría por el hecho de que en este caso no se estaría dejando a las mayorías o al “pueblo” expresar su voluntad. La verdad es que las mayorías y minorías se expresaron ya al elegir a los congresistas que componen hoy la representación nacional. Y los eligieron para que hiciesen aquello que la ley les señala: entre otras cosas, evaluar la calidad y constitucionalidad de los proyectos que son sometidos a su consideración y aprobarlos o archivarlos según sea el caso.

En el asunto que nos ocupa, pues, las mayorías han hablado a través de sus representantes. En eso consiste la democracia representativa. En buena cuenta, lo que se pretende en este trance es acusar a la mayoría de ser mayoría y hacerlo patente por las vías –pacíficas, por cierto– que el ordenamiento legal vigente estipula.

El “plan A” de quienes quieren cambiar la Constitución que nos rige para eliminar los estorbos que hoy les impiden ejercer el poder a sus anchas ha fracasado porque era inconstitucional y estaba pobremente formulado. Pero resulta que ahora esos mismos actores políticos intentan poner en práctica un “plan B” (o más bien “V”) con el que quieren procurarse a las peores lo que no pudieron conseguir a las malas.

Ante eso, lo que nos corresponde a los medios independientes es denunciarlo, y a la ciudadanía, impedirlo. Y una primera forma de hacerlo es exigiéndole al Gobierno y al propio presidente un deslinde con los devaneos violentistas del señor Cerrón.