La ciudad sin alcalde

Ayer, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y, en consecuencia, su teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo, asumirá la conducción del municipio de la capital. Como ha explicado el experto en temas electorales José Villalobos, la vacancia obedece al hecho de que Muñoz ocupó el cargo de director de Sedapal mientras era alcalde. Según detalla el especialista, la Ley de Elecciones Municipales exige que para ser candidato a alcalde, quien ocupe cargo en una institución del Estado debe renunciar a él. “Además, la Ley Orgánica de Municipalidades sanciona con vacancia el impedimento sobreviviente después de la elección”, ha agregado.

En esa medida, si bien un acuerdo municipal de noviembre pasado había rechazado el pedido de destitución del burgomaestre por esa misma causa, al declarar fundada la apelación presentada por el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez, el JNE parece haber procedido en esta ocasión de forma correcta. Cabe anotar, sin embargo, que en otras oportunidades y respecto de otras personas que ejercen puestos de representación popular, la institución en cuestión ha hecho la vista gorda y no ha cumplido con su responsabilidad. El caso más clamoroso es el de la actual vicepresidenta, Dina Boluarte, quien al postular a ese cargo el año pasado era funcionaria del Reniec y solo pidió licencia. Curiosamente, hace poco más de dos semanas renunció al puesto. Una circunstancia que, hay que subrayarlo, no la libra de las sanciones que deberían derivarse de la falta en la que incurrió.

Regresando a lo sucedido con el alcalde Muñoz, sin embargo, la decisión del JNE da fin a una gestión que ha transcurrido sin pena ni gloria. Los problemas de la capital siguen siendo hoy los mismos que aquellos que el vacado burgomaestre ofreció enfrentar durante su campaña. Y algunos han empeorado. ¿O alguien tiene la impresión de que la situación del transporte, la seguridad o la limpieza en Lima han mejorado en los últimos tres años? Los vecinos de la ciudad ciertamente no, pues las encuestas revelan una desaprobación a la gestión encabezada por él que recientemente había alcanzado uno de sus puntos más altos (55%, según la más reciente medición de Ipsos).

Uno de los atributos que, en una arremetida final, llevó a Muñoz a la victoria en las elecciones municipales del 2018 fue su tono discreto y alejado de las altisonancias populistas de algunos de sus adversarios en ese proceso. Un dato que parecía prometer una administración sensata y razonable. Tal esperanza, no obstante, se vio pronto diluida a poco de haberse iniciado su gestión, cuando, en un esfuerzo por sintonizar con la justificada indignación de los limeños hacia los peajes cuya concesión había estado tocada por la corrupción bajo la gestión de Susana Villarán, el recién elegido burgomaestre se precipitó a decir que tales peajes “no iban” sin detenerse a reflexionar si, tomando en cuenta consideraciones legales, la medida que anunciaba podía resultar más cara que el problema que pretendía solucionar. En esa ocasión, escribimos aquí que, entre ser serio y ser popular, el alcalde había optado nítidamente por lo segundo. Y seguimos pensando lo mismo.

Sea como fuere, lo que obtuvimos de entonces en adelante fue una autoridad edilicia que, al igual que las dos anteriores, no estuvo a la altura de los retos que planteaba la capital. Y ahora, con la decisión del JNE, podemos decir que todo indica que Lima seguirá siendo una ciudad sin alcalde, y de una manera quizás más aguda.

Mención aparte merecen las palabras del defenestrado burgomaestre, que ayer arremetió contra el JNE y lo acusó descabelladamente de haber sido copada por “el cerronismo”. Uno puede estar en contra de la severidad de la decisión tomada por el ente electoral, pero de ahí a acusarlo de responder a intereses opacos existe un abismo del que una vez superado ya no se vuelve.

En cuanto a Romero Sotelo, hay que decir que no se pueden perder de vista los cuestionamientos que ya pesaban sobre él al convertirse en teniente alcalde relacionados con la omisión de información acerca de sus vínculos con empresas en la hoja de vida que presentó al postular y en la declaración jurada de intereses que hizo ya como funcionario. Estemos atentos a su manejo de la ciudad entonces.