La investigación que resume una presidencia

Diecisiete meses es un plazo muy corto para que una gestión pueda emprender importantes reformas que dejen huella en un país con tantos problemas como el nuestro. No lo es, en cambio, para que una que se propone lucrar con el presupuesto público desde el día uno pueda hacerlo, desde distintos sectores y con la complicidad de un gran número de funcionarios. En sus casi 17 meses de operaciones, la administración que lideró Pedro Castillo, ciertamente, no dejó ninguna reforma sustantiva o política de Estado alguna que pueda perdurar a través del tiempo. Lo que sí dejó, por el contrario, fue una estela de indicios de corrupción que comenzó a advertirse desde sus inicios y que hoy le ha permitido al Ministerio Público estructurar un caso bastante sólido.

Ayer, justamente, la fiscalía solicitó al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Castillo (actualmente recluido) y sus exministros Juan Silva (prófugo) y Geiner Alvarado (con impedimento de salida del país) en el marco de la investigación que se les sigue por el delito de organización criminal. De aprobarse, se trataría de la segunda medida de este tipo que recibe el expresidente, quien, como sabemos, se halla cumpliendo un mandato similar en el penal de Barbadillo por su golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Sin embargo, a diferencia de este último caso, el que nos concierne ahora es mucho más emblemático en la medida en que implica una radiografía completa del paso de Castillo por el poder. Allí están comprendidos los presuntos actos de corrupción que marcaron su gobierno (el del puente Tarata III, el de Petro-Perú y el de las obras en Anguía y el famoso Decreto de Urgencia 102-2021) y, aunque no comprende otras investigaciones que empañaron igualmente su gestión (como la de los ascensos en la policía y las Fuerzas Armadas, por ejemplo), también hace referencia a ellas.

De igual manera, en las pesquisas aparecen todos los personajes que protagonizaron diferentes escándalos de corrupción en su gobierno, desde Zamir Villaverde hasta Hugo Espino, desde Yenifer Paredes hasta Karelim López y desde Samir Abudayeh hasta ‘Los Niños’ de Acción Popular. Así como las declaraciones de los cada vez más numerosos colaboradores eficaces y testigos protegidos, exfuncionarios que no quisieron ser cómplices de la ilegalidad y dimitieron (o fueron forzados a dimitir), y empresarios que abiertamente han aceptado haber entregado coimas a funcionarios de su gestión, que han permitido conocer el trasfondo de estos presuntos negociados. Se trata, en suma, de una investigación que resume toda una presidencia.

Pero no solo hay en esta indicios de corrupción. También están reseñados los intentos del supuesto grupo por obstruir la labor de la justicia, proteger a sus miembros, acosar testigos o captar legisladores para que el entonces presidente Castillo y sus ministros Silva y Alvarado superaran todos los intentos que se presentaran en el Parlamento para destituirlos.

Los elementos de convicción y la tesis trazada por la fiscalía en este caso, además, son importantes en esta coyuntura porque revelan que muy probablemente Castillo y sus hombres de confianza (su “buró político”) ya tenían pensado esquilmar el Estado desde antes que el primero ganara las elecciones del 2021 y que el nombramiento de funcionarios que claramente no cumplían con los requisitos para ser designados en puestos importantes del escalafón estatal no fue otra cosa que los movimientos de esta supuesta organización criminal para asegurarse de que sus objetivos se cumplirían. Con ello, la grita de los defensores del exmandatario adentro y afuera del país sobre que este es un perseguido político contra el que no existen indicios de ningún tipo queda reducida a lo que realmente es: una pataleta insostenible.

Queda, por supuesto, que el Poder Judicial evalúe los argumentos que le presentarán la fiscalía y la defensa de los implicados durante la audiencia. Y nunca está de más recordar que estamos ante un pedido de prisión preventiva que está muy lejos de constituir una condena firme en este caso. Pero su avance, como decimos, es importante para que los peruanos podamos conocer toda la verdad del breve, pero no por ello inocuo, paso de Pedro Castillo por la presidencia de la nación.