La ruta de la coca

La situación de los cultivos de hoja de coca en el país es sin duda preocupante. Y no está siendo tratada con la atención que merece, probablemente por la manera cómo los desatinos del Gobierno parecen monopolizar la discusión pública semana a semana. Para ponerlo en cifras, se calcula que tenemos alrededor de 62.000 hectáreas de este cultivo en el territorio nacional y, según ha advertido el exministro del Interior Rubén Vargas, este año podríamos alcanzar las 100.000 hectáreas; un espacio suficiente para producir 180.000 toneladas de hoja de coca. De ese total, el mercado tradicional de coca absorbe apenas 12.000 toneladas al año, por lo que no es precipitado asumir que el resto termina alimentando las pozas del narcotráfico.

Lo que es igual de grave es que la erradicación de los cultivos ha ido decreciendo en los últimos tiempos y hoy estamos lejos de cumplir con la meta de eliminar 25.000 hectáreas al año. No en vano, en marzo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) indicó que “la superficie total de cultivo ilícito de arbusto de coca en el Perú no ha dejado de aumentar”, una opinión compartida por la subsecretaria adjunta de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EE.UU., Heide Fulton.

Y, sin embargo, los anuncios que ha realizado el Gobierno de Pedro Castillo desde que llegó al poder –y, en particular, los efectuados en los últimos días– nos han mostrado un gobierno que parece más interesado en promover el cultivo de coca que en reducirlo.

La semana pasada, por ejemplo, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, afirmó durante el Consejo de Ministros Descentralizado celebrado en el Vraem –el corazón de la producción de cocaína en el país– que se reestructurará la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), encargada de la comercialización de la hoja de coca para fines legales en el país, y que, por mientras y durante un año, se les comprará hoja de coca no solo a los productores empadronados, sino también a aquellos “a los que defina el nuevo padrón a construir”.

No obstante, como han alertado tanto el exministro Vargas como el exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos, la normativa vigente “prohíbe que se comercialice hoja de coca que no está empadronada”. Además de ilegal, el anuncio de Torres se estrella con los problemas de liquidez que ya ha exhibido Enaco para adquirir la hoja de coca de los empadronados, por lo que su promesa solo servirá para aumentar falsas expectativas entre los cocaleros.

En el mismo evento, Torres ratificó la apuesta del Gobierno para que sean los cocaleros los que ‘autoerradiquen’ sus propios cultivos que terminan, en su gran mayoría, abasteciendo al narcotráfico. La idea pertenece al famoso “pacto social ciudadano” del presidente de Devida, Ricardo Soberón –como sabemos, cercano al congresista Guillermo Bermejo, cuya agenda prococalera está ampliamente documentada–, y resulta tan cándida que hace dudar sobre los verdaderos intereses del Gobierno en la contención del incremento de los cultivos de hoja de coca.

A lo anterior, hay que sumarle el anuncio realizado también la semana pasada por el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, de que para el 2026 las 40 bases antisubversivas ubicadas en el Vraem –que se hallan abocadas a luchar contra el narcotráfico y el terrorismo rampante en la zona– serán reconvertidas a “centros de producción”. Aunque luego el Ministerio de Defensa intentó matizar estas declaraciones a través de un comunicado y afirmó que se trata de un “estado final deseado” y no de una estrategia concreta, la polémica ya estaba desatada.

“Es un despropósito que lo único que logrará es fomentar el narcotráfico”, ha dicho al respecto un ex jefe militar en el Vraem como César Astudillo. Una posición parecida a la de la extitular de Defensa Nuria Esparch: “El anuncio de desactivación de las bases contraterroristas es un despropósito en este momento. […] ¿O la idea es que el narcotráfico se mueva [más] libremente?”.

Como es evidente, además de a los cocaleros, a los que les viene bien este tipo de anuncios es a los narcotraficantes. ¿El Gobierno es consciente de ello? Pues hay que decir que, si no es así, al menos parece seguir esa ruta.