Manotazos de extraditado

Más de seis años después de permanecer fugado de la justicia peruana, Alejandro Toledo continúa desplegando todos sus esfuerzos para evitar rendir cuentas ante ella. Este miércoles el expresidente presentó un documento ante otro juzgado estadounidense para suspender el proceso de extradición en su contra. Se trata del tercer recurso de este tipo que ha presentado para impedir su entrega a nuestro país. Ahora, su defensa legal alega que el Departamento de Estado de Estados Unidos –que, como recordamos, dio luz verde para su extradición a nuestro país hace poco más de 15 días– violó la quinta enmienda de la Constitución del país norteamericano al vulnerar el debido proceso. Pero no solo eso.

En el escrito los abogados del expresidente sostienen también que el sistema judicial peruano “carece de independencia e imparcialidad” y que las consecuencias de ser traído a nuestro país podrían ser fatales para él. “Lo que está en juego para el doctor Toledo no podría ser mayor, ya que claramente enfrenta la pérdida de la libertad y otros daños irreparables, incluido el riesgo de muerte”, se lee en la solicitud que se hizo conocida ayer.

Es cierto que nuestro sistema judicial está bastante lejos de ser perfecto y que, de hecho, la confianza que genera entre los peruanos suele ser bastante baja en las mediciones que se hacen al respecto. Pero también es justo decir que, bajo ese argumento, ninguna persona podría ser juzgada en el Perú mientras el Poder Judicial no dé muestras de ser un dechado de probidad y eficiencia, lo que, por supuesto, sería un sinsentido.

El factor que debe considerarse en este caso es el del acervo de evidencias que demuestran que el exmandatario no viene siendo procesado por motivaciones extrajudiciales y, en ese sentido, la situación del fundador de Perú Posible luce bastante desfavorable para sus intereses. En su contra, como sabemos, existen indicios bastante elocuentes sobre la recepción de presuntos sobornos de Odebrecht y sobre la manera en la que estos se reintrodujeron en el circuito económico para solventar diversas operaciones inmobiliarias de Toledo y su esposa Eliane Karp (por los que ella, además, tiene sus propias cuitas judiciales en nuestro país).

Desde que se conoció que Marcelo Odebrecht había confesado ante las autoridades estadounidenses haberle pagado millonarios sobornos a Toledo por la carretera Interoceánica a finales del 2016, el expresidente ha tratado de torcer los hechos para presentarse a sí mismo como un perseguido político y al sistema judicial peruano como uno que se ha ensañado especialmente con él por haber liderado la Marcha de los Cuatro Suyos en las postrimerías del régimen fujimorista. Se trató desde el inicio de un intento bastante burdo de confundir a las autoridades estadounidenses y de una afrenta para quien habiendo ostentado el cargo más alto de nuestro país ahora se empeña en presentar ante el mundo una imagen bastante antojadiza de este.

No obstante, en reiteradas oportunidades, Washington ha dado muestras de no comprar su discurso (de lo contrario, no habría aprobado su extradición), por lo que la insistencia del señor Toledo en seguir utilizando este libreto no es otra cosa que un manotazo de ahogado, un intento desesperado por agotar todos los recursos para impedir lo que, a estas alturas, parece inminente.

Lo anterior, por cierto, no quiere decir que los esfuerzos del exmandatario hayan sido infructíferos, pues no han faltado quienes han hecho eco de sus palabras para abogar por que no sea entregado a las autoridades peruanas. La semana pasada, por ejemplo, se hizo pública una misiva en la que un grupo de intelectuales encabezados por el politólogo Steven Levitsky le pide al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, suspender la extradición del ex jefe del Estado arguyendo, entre otros, que las “instituciones jurisdiccionales” peruanas “han sido corrompidas y están peligrosamente politizadas”.

Afortunadamente, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han logrado ser persuadidas ni por el exmandatario ni por quienes vienen repitiendo muchos de sus argumentos para evitar que vuelva al país que alguna vez lo honró presidente y al que debe responder por las elocuentes evidencias de corrupción que pesan en su contra.