La salida fácil

A partir de hoy los distritos de Lince y el Cercado de Lima se encontrarán en estado de emergencia, tal y como ya lo están San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y la provincia de Sullana, en Piura, desde hace 20 días. “Queremos preservar la seguridad y la vida de los peruanos, de los negocios, y queremos combatir de manera radical el proxenetismo, la prostitución clandestina, la trata de personas”, explicó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al anunciar la medida el lunes, en conferencia de prensa.

Más allá de la suspicacia lógica que esta declaración despierta –pues uno pensaría que el proxenetismo y la trata de personas se neutralizan con labores de inteligencia policial y no suspendiendo las actividades comerciales en los distritos en los que estos delitos pululan durante las madrugadas–, es evidente que su motivación se halla en un hecho pasmoso: la detonación de una granada en los exteriores de un hostal en Lince a inicios de mes. Y que, así como la explosión de un artefacto similar en las afueras de la discoteca Xander’s el 15 de setiembre motivó la declaración del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, el atentado que mencionamos antes ha desencadenado la ampliación de esta medida.

Como hemos dicho antes, sin embargo, el riesgo de estas declaraciones de emergencia es que terminen por esconder la complejidad del problema de la inseguridad ciudadana en el país y que, de paso, sirvan como distractores para maquillar la incompetencia o la desidia de nuestras autoridades. En el debate sobre la pertinencia de esta medida, por ejemplo, con facilidad se pierde de vista el rol que juegan los municipios distritales al respecto (con los que el Gobierno no ha tenido una reunión para tratar integralmente esta problemática hasta ahora) y, tal y como ha puesto de manifiesto un informe de este Diario, hay ciertos indicadores que conviene tomar en cuenta porque demuestran que varios de ellos no están respondiendo a la altura de lo que la coyuntura demanda.

Uno de dichos indicadores es el hecho de que, pese a que las 43 gestiones municipales que administran la capital del país solo llevan diez meses en el cargo, 21 han rotado de gerentes de seguridad. Es decir, casi la mitad de ellas. Los casos más alarmantes son los de Ate y Pueblo Libre, que han tenido hasta cuatro gerentes de seguridad en lo que va del 2023 (esto es, uno cada dos meses y medio). Curiosamente, tanto el alcalde de Ate, Franco Vidal, como su par de Pueblo Libre, Mónica Tello, han solicitado en las últimas semanas al Ejecutivo que declare en emergencia a sus distritos.

Lo mismo que han pedido otras autoridades cuyas gestiones van ya por su tercer gerente de seguridad, como las de Jesús María o La Victoria. El burgomaestre del primer distrito, Jesús Gálvez, por ejemplo, declaró en una entrevista con el portal web Nativa que el Gobierno debería copiar las tácticas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y apresar ciudadanos a mansalva. “Tenemos una cantidad de gente que va a tener que caer y después va a tener que demostrar que son inocentes; es lo que está haciendo Bukele”, expresó. Mientras que el del segundo, Rubén Cano, acudió a inicios de setiembre al Congreso para pedirle a un grupo de legisladores que intervengan con miras a que La Victoria sea declarada en emergencia.

Como es evidente, esta rotación en un área tan sensible hace imposible cualquier política de largo plazo que pueda haber en los municipios para apoyar al Ejecutivo en esta tarea. Este Diario ha demostrado además que en los distritos afectados por este problema el porcentaje de ejecución de la partida presupuestal para orden y seguridad es notoriamente menor que el que exhiben las jurisdicciones que han mantenido al mismo gerente de seguridad desde sus inicios.

Así, en lugar de optar por la salida fácil de pedir que se declare en emergencia a sus distritos, los alcaldes de la capital podrían empezar a tomarse el trabajo de la seguridad ciudadana con mayor seriedad empezando por casa.