Esta semana, el juez Leodán Ayala dictó 36 meses de prisión preventiva para Vladimir Cerrón como parte de la investigación que se le sigue por lavado de activos y organización criminal. El resultado, hay que decirlo, era predecible, pues en la medida en que el fundador de Perú Libre se halla prófugo ha quedado claro que no tiene intenciones de colaborar con la justicia. Y, de la misma manera, el fallo no cambia la situación procesal de quien lleva ya más de 40 días escondido, aunque sí se acumula a otros reveses que ha venido sufriendo en el terreno judicial en los últimos meses.
El principal ha sido el que confirmó en segunda instancia la sentencia de tres años y seis meses en su contra por corrupción en el conocido como Caso Aeródromo Wanka, por el que el exgobernador regional de Junín pasó a la clandestinidad el 6 de octubre pasado. Desde entonces, mientras permanece fugado ante el poco interés del gobierno de la presidenta Dina Boluarte por dar con su paradero, Cerrón ha presentado a través de sus abogados hasta tres recursos de hábeas corpus que han sido rechazados por el Poder Judicial. Quizá por ello su hermano Waldemar busca darle una mano y el mes pasado ha presentado un polémico proyecto de ley para que las personas puedan plantear hábeas corpus “ante cualquier juez constitucional”, lo que le permitiría al fugado obtener su libertad siempre y cuando encontrase un magistrado que sea funcional a sus intereses.
En lo que respecta al fallo de esta semana, este se enmarca en el proceso que se le sigue a Cerrón por haber dirigido una presunta organización criminal enquistada dentro de Perú Libre que habría lavado dinero utilizando, entre otros, militantes del partido a fin de insertar “dinero maculado” –proveniente de redes criminales como Los Dinámicos o Los Tiranos del Centro– al circuito legal a través del financiamiento de campañas, la adquisición de bienes para la agrupación política o financiando gastos de sus integrantes.
En lo que va de esta investigación, además, las autoridades han hecho un llamativo hallazgo de una nota fechada en abril del 2013 en la que el excandidato presidencial deja constancia de una entrega de S/6.000 a un individuo de nombre Nandino Dennis del Castillo, “como contribución del partido político nacional Perú Libre al mayor (r) Antauro Humala Tasso, quien se encuentra detenido por razones de sus ideales etnocaceristas”. La última parte de la frase anterior es, dicho sea de paso, falsa –Antauro Humala fue encarcelado por rebelarse contra un gobierno democrático y dirigir un asalto en el que él y sus huestes asesinaron a cuatro policías–, pero no sorprende viniendo de quien se la pasa despotricando desde la clandestinidad contra las autoridades y calificándose a sí mismo como un perseguido político.
La realidad, sin embargo, es que ni Antauro Humala estuvo preso por sus “ideales” ni Cerrón está fugado por sus ideas. Lo que más bien va dibujando el avance de las múltiples investigaciones contra el prófugo es que se valió de su paso por el Gobierno Regional de Junín y del partido que fundó para enriquecerse de manera ilícita. Y es probable que lo mismo hubiera ocurrido si hubiese llegado a la Presidencia de la República, como intentó hacer en más de una oportunidad.
Por supuesto, que Cerrón solo acumule derrotas en el ámbito judicial y se halle oculto no quiere decir que haya perdido todo su poder. Como hemos dicho antes, todavía conserva una bancada parlamentaria y su hermano, tan proclive a presentar iniciativas legislativas para sacarlo de su situación actual, es nada menos que segundo vicepresidente del Congreso. De hecho, esta semana se ha conocido también que Jaime Villanueva, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, negoció con Cerrón los votos del partido del lápiz para suspender a la exfiscal Zoraida Ávalos a cambio de archivar investigaciones en su contra. Esto ha sido contado por el propio Villanueva.
Un dato que lleva a saludar que la justicia y la fiscalía continúen adelante en las investigaciones contra el secretario general de Perú Libre.
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