:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/fe1a557f-8b75-41de-a437-0da04d769eea.png "Nataly Abramonte Mondragon")
En los últimos tres años, ha surgido con frecuencia la iniciativa legislativa destinada a implementar nuevas causales para la pena de muerte y denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El más reciente es el proyecto de ley 06270/2023-CR, propuesto el 31 de octubre del 2023.
Esta tendencia ha generado una creciente demanda popular en la ciudadanía que, insatisfecha con la efectividad del sistema penal actual, exige medidas concretas adecuadas para erradicar la criminalidad. Sin embargo, este debate implica consideraciones legales internas y compromisos internacionales de relevancia.
Nuestro país tiene la potestad de modificar sus normas penales y podría implementar nuevas causales para la pena de muerte, pero conforme a las leyes y tratados internacionales adscritos.
Por lo tanto, el principal obstáculo es la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, que prohíbe la pena capital en países que la han abolido y la limita en aquellos que la mantienen. Ampliar las causales implicaría retirarse de la convención, lo que resultaría en la pérdida de la protección que este tratado ofrece, dejando a los peruanos sin la posibilidad de recurrir a su instancia para denunciar violaciones de sus derechos por el Estado Peruano.
Un país que abandona un tratado de derechos humanos puede sufrir sanciones diplomáticas y económicas, aislamiento internacional con dificultades en acuerdos y relaciones internacionales.
Aunque la pena de muerte podría parecer una solución eficaz para combatir la criminalidad, su costo en términos de derechos humanos y credibilidad internacional es alto. Es imperativo que el Perú fortalezca su justicia interna y protección de derechos humanos, respetando compromisos internacionales y promoviendo una cultura de respeto y dignidad para todos sus ciudadanos.
