Cifras de la PNP sobre extorsiones y homicidios: las inconsistencias en los registros que generan cuestionamientos

De acuerdo con el reporte policial, entre enero y junio de 2025 se registraron 1.680 homicidios, frente a los 1.267 reportados en el mismo periodo de 2026, lo que representa 413 casos menos. En el caso de las extorsiones, la PNP informó que las denuncias pasaron de 13.901 en el primer semestre de 2025 a 6.659 este año, una reducción de 7.242 casos. En tanto, los secuestros descendieron de 583 a 468 denuncias, mientras que los asaltos y robos de vehículos pasaron de 1.885 a 1.318 casos.

No obstante, el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal cuestionó la consistencia de las cifras difundidas por la Policía al advertir diferencias entre los registros publicados por la propia institución y otras bases de datos oficiales. En el caso de las extorsiones, señaló que el balance policial reporta 6.659 denuncias durante el primer semestre de 2026, pese a que el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior había informado previamente 7.694 denuncias por ese delito para el mismo periodo.

Carbajal también advirtió diferencias en las cifras correspondientes al año anterior. Mientras el reciente balance policial señala 13.901 denuncias por extorsión entre enero y junio de 2025, la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) registraba 14.200 denuncias para el mismo período. Asimismo, recordó que existe un marcado desfase entre los registros de la Policía y los del Ministerio Público, que entre enero y mayo de 2026 contabilizaba 10.458 denuncias por extorsión, una cifra considerablemente superior a la reportada por la institución policial.

A partir de estas diferencias, el analista sostuvo que “los datos de la PNP denotan registros desfasados y con altos subregistros”, lo que, a su juicio, termina visibilizando una tendencia errónea de reducción. Además, señaló que resulta inexplicable que los registros acumulados disminuyan de un reporte a otro, cuando lo esperable es que continúen aumentando conforme transcurren los meses.

Respecto a los homicidios, Carbajal manifestó que mantiene “reparos y dudas” sobre las cifras oficiales debido a que la Policía no publica una base de datos abierta y desagregada que permita verificar la información mes a mes y por regiones. En contraste, destacó que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) sí ofrece registros públicos y, según esa fuente, durante el primer semestre de 2026 la reducción de homicidios sería de alrededor del 10 % respecto al mismo período de 2025.

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ejecutado entre noviembre de 2025 a abril de 2026, reveló que la denominada “cifra negra” de la criminalidad continúa siendo elevada en el territorio nacional. Según el informe, solo el 18,2 % de las personas que fueron víctimas de algún hecho delictivo presentó una denuncia, lo que significa que el 81,8 % no acudió a las autoridades. En Lima Metropolitana y el Callao la situación es similar: apenas el 19,2 % de las víctimas denunció el delito, mientras que el 80,8 % optó por no hacerlo.

El principal motivo para no denunciar es la percepción de que hacerlo “es una pérdida de tiempo”, razón señalada por el 43,5 % de las víctimas a nivel nacional y por el 48,8 % en Lima y Callao. Además, el INEI reportó una ligera disminución en la proporción de denuncias respecto a abril de 2025, al pasar de 18,7 % a 18,2 % a nivel nacional y de 20,3 % a 19,2 % en Lima y Callao.

El vocero del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos sostuvo en entrevista con El Comercio que las cifras de denuncias por extorsión deben interpretarse con cautela, ya que no necesariamente reflejan la verdadera magnitud del delito. “El dato de denuncias no significa necesariamente que haya reducido el fenómeno. Una cosa es que te extorsionen y otra cosa es que denuncies que te extorsionen”, explicó. En ese sentido, señaló que, al contrastar los registros de la Policía con la información del INEI, una posible interpretación es que las víctimas han dejado de denunciar. “Lo que se puede interpretar es que la ciudadanía ya no tiene confianza en que la denuncia tendrá un resultado positivo para ellos”, dijo.

Para Nicolás Zevallos, esta pérdida de confianza puede estar modificando el comportamiento de las víctimas, especialmente en el ámbito empresarial. “Muchos, sobre todo empresarios y emprendedores, están optando por acceder a la extorsión, por sumarla a sus costos, por pagarla. Y eso es un problema serio”, afirmó. A su juicio, esta situación implica que “estamos rompiendo toda la eficacia que puede tener el sistema de seguridad para proteger a las víctimas”, pues el delito deja de ser denunciado y pasa a asumirse como un costo de operar.

Sobre las cifras de homicidios, el especialista consideró que el país necesita fortalecer su sistema de estadísticas de seguridad ciudadana y evitar interpretaciones basadas únicamente en variaciones mensuales. “Ese tipo de datos no se debe medir mes a mes, sino en tendencias y por ciclos mucho más extensos”, sostuvo Zevallos. Asimismo, recordó que el único dato oficial elaborado con una metodología interinstitucional es el producido por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, liderado por el INEI, que integra información de la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE y otras entidades.

El experto también advirtió que actualmente conviven distintas fuentes oficiales con resultados diferentes. Mientras el comité interinstitucional reportó una tasa de 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, los registros de la Policía alcanzan los 16,7 por cada 100.000 y el Sinadef muestra una cifra menor. “Si el Estado peruano va a decidir usar el método de homicidios de la Policía tiene que comunicarlo formalmente”, señaló Zevallos, al considerar que es necesario contar con un criterio único para medir la evolución de este delito.

Finalmente, indicó que el país también requiere una medición específica sobre la victimización por extorsión, ya que las denuncias no permiten dimensionar el problema. “Sería necesario un ejercicio similar que nos diga con precisión la victimización por extorsión. No la denuncia, la victimización”, explicó. Añadió que las encuestas en hogares podrían estar subestimando el fenómeno, debido a que gran parte de las extorsiones se concentran en las empresas. “Si el fenómeno lo concentras en empresas, lo más probable es que eso sea mucho más alto”, precisó, aunque aclaró que esta última apreciación corresponde a una hipótesis y no a un dato confirmado.

El exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general (r) PNP Juan Carlos Sotil, consideró que las inconsistencias detectadas en las estadísticas sobre extorsión reflejan un problema estructural en el manejo de la información criminal en el país. A su juicio, la existencia de registros distintos entre las propias dependencias policiales y otras instituciones impide elaborar diagnósticos precisos y diseñar estrategias efectivas contra el delito.

“Siempre hemos observado que hay información dispersa y discordante entre una unidad y otra. Incluso los datos que maneja la misma Policía, en diferentes dependencias, son distintos”, afirmó. Según explicó, ello evidencia que “no se está tratando con seriedad la ciencia estadística”, pese a que constituye la base para producir inteligencia policial. “Si trabajas con seriedad la ciencia estadística, esa es la base para producir inteligencia, tanto estratégica como táctica”, sostuvo el experto policial.

Sotil comparó la lucha contra la extorsión con el diagnóstico de un paciente. “Si no auscultamos bien al paciente, en este caso el delito de extorsión, si no sabemos los datos, si no manejamos cifras y no analizamos la información de las denuncias, ¿cómo vamos a recetar el medicamento adecuado para este fenómeno criminal?”, cuestionó. En ese sentido, señaló que las estadísticas deben servir para identificar el perfil de las víctimas, los autores, los vehículos utilizados, las armas empleadas y otros patrones que permitan orientar las investigaciones.

Asimismo, advirtió que una reducción en las denuncias no necesariamente significa que el delito esté disminuyendo. “Lo que yo creo, por lo que veo a diario en la prensa, es que lo que está creciendo es la cifra negra”, indicó. A su juicio, cada vez más víctimas prefieren negociar con los extorsionadores antes que acudir a una dependencia policial debido a las limitaciones operativas. “Hoy día hay mucha gente que prefiere negociar con el extorsionador antes que ir a denunciar a la Policía”, afirmó. Entre los factores mencionó la precariedad de la infraestructura policial, la falta de tecnología y las dificultades para rastrear las comunicaciones utilizadas por las organizaciones criminales.

Respecto al sistema de estadísticas sobre criminalidad, el exjefe de la Dirincri planteó que el Estado debe consolidar la información en una sola entidad. “Existen observatorios de criminalidad en distintas instituciones y, lejos de ayudarnos a consolidar la información, terminan discutiendo cuál cifra es válida”, señaló. Por ello, propuso que el Ministerio del Interior concentre el procesamiento de la información y lidere un equipo especializado encargado de establecer estadísticas oficiales sobre delitos como homicidios y extorsiones. “La estadística es sumamente importante y, si el Estado no determina qué entidad es la responsable, no vamos a saber exactamente cuántos homicidios hay, cuántas extorsiones se denuncian y cuántas no. Esa información tiene que servir para combatir el crimen, no solo para elaborar un diagnóstico”, concluyó.