El primer ministro Gustavo Adrianzén enfrenta duras críticas tras la confirmación del asesinato de los 13 trabajadores mineros secuestrados en Pataz, La Libertad, hecho que desató una ola de indignación política y ciudadana. Diversos congresistas cuestionaron al jefe del gabinete por minimizar el caso la semana pasada, cuando puso en duda la veracidad del secuestro ocurrido el 26 de abril.
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“Esto es de sólo hace cuatro días. En la luna. No hay razón objetiva para no censurarlo”, escribió en la red social X Edward Málaga Trillo, congresista no agrupado, aludiendo a las declaraciones del premier, quien había señalado que el Gobierno no tenía confirmación oficial del hecho y pidió no generar alarma.
A su turno, Silvana Robles de la Bancada Socialista expresó: “13 trabajadores ejecutados en Pataz, en terrenos de la minera Poderosa, y el Gobierno dudó de la veracidad del secuestro pese a denuncia. Este es el resultado de las leyes pro crimen y la ineficacia del Ejecutivo, que trabaja a espaldas de la población. Ni los estados de emergencia ni el cuarto de guerra han sido eficaces. Una presidenta y ministros que no actúan frente a la violencia, no pueden seguir en el cargo”.
Por su parte, el también legislador Alejandro Muñante, integrante de la bancada de Renovación Popular, mencionó: La tragedia de Pataz es una muestra clara de un estado de emergencia fallido. Resultado de una nefasta receta diseñada por burócratas alineados con ONG y organismos de derechos humanos que el gobierno insiste en implementar. Nuestra solidaridad para los familiares de las víctimas.
El congresista Jorge Montoya también se pronunció señalando lo siguiente: “El Gobierno no puede seguir siendo espectador de la violencia que azota a las zonas mineras del país. Lo que ha ocurrido en Pataz es una tragedia que evidencia el abandono, la impunidad y la falta de acción concreta en materia de seguridad”.
Por su parte, Rafael Belaunde, presidente del partido Libertad Popular y exministro de Energía y Minas, también criticó al primer ministro: “La PCM dudaba de la veracidad del secuestro, hoy asesinato confirmado de 13 trabajadores de un minero con contrato de explotación con Minera Poderosa. Los órganos de seguridad a los que hace referencia el PCM, es como él, Dina y todo el gobierno, una manga de incompetentes. Nada cambiará hasta que se vayan mediante el voto y repudio popular”.
La presidenta de Fuerza Moderna y exminisrtra de Desarollo e Inclusión Socuial, Fiorella Molinelli se sumó al reclamo: “Hace 3 días el gobierno minimizaba el secuestro en Pataz. Hoy, 13 mineros aparecen asesinados. ¿Cuántas vidas más costará tanta indiferencia e incompetencia? Un Estado que duda cuando debe actuar, también es cómplice”.
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El crimen fue presuntamente perpetrado por un grupo armado liderado por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, señalado como parte de una red de minería ilegal que opera con impunidad en la zona. El sábado 26 de abril, 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de Minera Poderosa, fueron secuestrados. Sus captores exigieron cuatro millones de soles por su liberación, pero nunca volvieron a comunicarse con las familias.
Este domingo 4 de mayo, agentes de la Policía Nacional hallaron los cuerpos sin vida de los trabajadores dentro de un socavón en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz. Todos estaban maniatados y ejecutados con disparos a quemarropa, según fuentes oficiales.
Cabe mencionar que la zona se encuentra bajo estado de emergencia, pero los cuestionamientos apuntan a que las medidas de seguridad no han sido efectivas. Minera Poderosa ya había denunciado que desde 2020 sus operaciones han sido blanco de ataques de mineros ilegales, lo que ha obligado a abandonar concesiones y ha puesto en riesgo a trabajadores y mineros artesanales en vías de formalización.
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