El líder de Renovación Popular y precandidato presidencial Rafael López Aliaga se pronunció sobre el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027. Sostuvo que dicho plazo es excesivo y “debería ser solo por un año”.
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“Yo creo que es mucho el plazo que están pidiendo ahora. Debería ser un año nada más, pero ya es cuestión del Congreso que decida”, indicó ante la prensa tras acudir a votar, como parte de las elecciones internas de Renovación Popular.
López Aliaga dijo que dentro del Parlamento “hay mucha gente ligada a la minería ilegal”, y que ese vínculo influye en el debate sobre el Reinfo. “Ustedes lo ven en las listas. Hay mucha gente ligada a minería ilegal”, afirmó.
Este domingo, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que uno de los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), y vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya (Puno), Javier Bernal Salas, encabeza la lista de precandidatos para diputados por Puno de Renovación Popular.
El precandidato reiteró que, de llegar a la Presidencia, adoptará medidas radicales para enfrentar la minería ilegal, especialmente en Madre de Dios.
“El 28 de julio entramos con el Ejército. Lo que pasa en La Pampa es una ciudad liberada. Ahí se violan niñas, se viola la ecología, se viola el estado de derecho. Eso se acaba”, subrayó.
Además, planteó que la compra estatal del oro será una herramienta para acelerar la formalización minera. “En Chile lo resolvieron rápidamente. Es un tema fácil de resolver”, comentó.
Durante sus declaraciones, López Aliaga criticó la pensión vitalicia que la vacada expresidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso. “Cero, debería devolver el dinero que ha cobrado”, dijo.
El líder de Renovación Popular adelantó, además, que una eventual gestión suya implicaría una reestructuración drástica del Estado. Propuso fusionar los 19 ministerios actuales en solo seis, eliminar órdenes de servicio y recortar gastos superfluos.
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Los recursos resultantes —aseguró— se destinarían a tres prioridades: alimentación infantil desde el embarazo hasta el fin de la etapa escolar, alivio económico para la clase media endeudada por tarjetas de crédito con intereses de hasta 120% anual, y una reforma de pensiones para adultos mayores.
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