¿El brillo del oro se puede opacar por una actividad ilícita que flagela al Perú? Esto dice el Observatorio de Minería Ilegal

El reciente récord histórico del oro puede abrir grandes oportunidades para diversas operaciones auríferas y proyectos mineros que nuestro país busca sacar adelante. Sin embargo, también puede agravar una de las actividades ilícitas más destructivas que se encuentra en pleno auge: la minería iegal. César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal y abogado especializado en materia ambiental, analiza los riesgos presentes en conversación con El Comercio.

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- El oro ha superado los US$4.000 por onza. ¿Qué efectos inmediatos puede tener este precio histórico sobre la minería ilegal en el país?

Si bien el oro ya superó [ese nivel], se proyecta que podría llegar a los US$5.000 hacia fin de año. Este récord histórico llevará a un incremento importante de la minería ilegal en todo el territorio peruano. No solo atraerá a mineros que se desplazan de otras regiones, sino también a actores internacionales —venezolanos, brasileños y colombianos— que ingresan al país para extraer oro y, con ello, destruir ecosistemas y patrimonio natural de todos los peruanos.

- ¿En qué regiones se podría ver un mayor repunte de la extracción ilegal ante este incentivo económico?

En los últimos meses se ha visto un aumento alarmante en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco. También en Cajamarca y Loreto, donde antes no había tanta presencia. En regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco, donde la minería ilegal ya estaba consolidada, esta crecerá aún más. Además, empiezan a aparecer nuevas zonas en la Amazonía de Pasco y Junín, con maquinaria y extracción directa en los ríos. Las autoridades no están preparadas para hacer frente a este escenario.

- ¿Qué capacidad tiene hoy el Estado para fiscalizar o controlar el crecimiento de esta actividad?

Lamentablemente, no se tienen las capacidades ni las condiciones necesarias. El Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación han visto reducidos sus presupuestos en casi 45%, lo que limita su capacidad para enfrentar grupos criminales vinculados a la minería ilegal. A ello se suma la falta de recursos logísticos en la Policía y la Marina, que carecen de insumos y explosivos para realizar interdicciones. Este escenario de debilidad institucional facilita la expansión de la minería ilegal en la Amazonía.

- ¿Se percibe un desplazamiento hacia nuevas zonas, como la sierra norte o la selva alta?

Sin duda. La minería ilegal está creciendo hacia la sierra y la selva norte, y también en zonas de selva alta como Pasco, Junín y Ucayali, donde antes no había actividad de este tipo. Estamos viendo cómo estas redes criminales se adaptan rápidamente y buscan nuevas áreas donde operar ante la falta de control efectivo.

- ¿Cuánto puede estar perdiendo el Estado en recaudación debido a que parte del oro no se formaliza ni se declara?

El perjuicio económico es enorme. Hay actividades que jamás podrán formalizarse, como las que se realizan sobre cuerpos de agua o en áreas naturales protegidas. En esos casos, los recursos se están robando a todos los peruanos. La Unidad de Inteligencia Financiera [de la SBS] ya ha demostrado que la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva y la que más dinero lava, incluso superando al narcotráfico. A diferencia de este último, no existen unidades policiales ni fiscalías especializadas con los recursos necesarios para combatirla. Además, el uso de maquinaria nueva, combustible y mercurio en zonas prohibidas ocurre con total impunidad.

- ¿Cuánto estima usted que podría durar este ‘boom’ y qué pasaría si el precio del oro cae?

No creo que el precio caiga en el corto plazo; más bien, seguirá subiendo por la inestabilidad global. Si eso ocurriera (cayera el precio del oro), algunos actores podrían retirarse, pero la estructura ilegal ya instalada no desaparecerá. Desde la pandemia, el precio del oro ha mantenido una tendencia al alza, y todo indica que continuará así. Por eso, es urgente repensar la estrategia del Estado, empezando por el control de insumos: sin combustible, maquinaria ni mercurio, no hay minería ilegal.