Entre crisis y actas confusas: así eran los caóticos domingos electorales en el Perú del ayer

Como la de cualquier otra República en la que sus autoridades son elegidas por elecciones generales, la historia del Perú está plagada de denuncias de fraude, violencia o coacción política, especialmente a lo largo de todo nuestro siglo XIX republicano. Por ello, en el Congreso de 1892, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se abrió un álgido debate sobre la reforma de la Ley de Elecciones, uno de los primeros esfuerzos institucionales por dar mayor transparencia y rigor técnico al sistema electoral. Se buscaba establecer los pasos, desde la instalación de las mesas de sufragio hasta la proclamación de los ganadores, para combatir las malas prácticas.

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Como dice la nota publicada en El Comercio el 16 de octubre de 1892, se buscaba una ley electoral que prevenga los “fraudes” y las “dualidades”, es decir, cuando dos grupos políticos distintos reclamaban para sí la victoria y se determinó que cualquier incidente debía quedar registrado en actas firmadas por todos los miembros. El debate ya proponía protocolos modernos: el conteo de votos proclamando en voz alta el nombre de cada cédula bajo verificación de los escrutadores.

Gracias a este impulso técnico, en 1895 el ciudadano común pudo, por primera vez, marcar una cédula directamente por su candidato (Nicolás de Piérola fue el ganador), abandonando el viejo sistema de delegados intermedios. No obstante, eran mesas rudimentarias: el voto no siempre era secreto, la coacción era frecuente y solo votaban varones alfabetos. Para 1907, bajo el mandato de José Pardo, la modernización sumó un requisito clave para frenar la suplantación de identidad: la firma del votante en el registro.

Mujeres y cartillas cívicas

Con el título de “Cartilla cívica”, El Comercio inició en 1956 una campaña para informar a sus lectores sobre cómo ejercer su derecho al voto. En su edición del 23 de mayo, detallaba las nuevas responsabilidades de los miembros de las mesas para asegurar el orden y la legalidad de un proceso electoral que marcaría el fin del “Ochenio” de Manuel Odría, y en el que Manuel Prado Ugarteche alcanzó la presidencia por segunda vez. Aquellas elecciones fueron las primeras en nuestra historia en las que las mujeres pudieron votar y ser elegidas, tras ley promulgada un año antes.

Con sutiles variaciones, esas mesas de sufragio fueron la base de las actuales: la firma del presidente de mesa en cada cédula era el sello de autenticidad de cada voto emitido, siendo él quien debía recibirlas y custodiarlas. Los ciudadanos que se presentaran a votar debían figurar en el padrón de la mesa, y sus miembros debían anotar de puño y letra la palabra “Votó” en la columna respectiva, frente al nombre del elector que depositaba su voto en el ánfora y firmaba en su línea respectiva. A los personeros, la ley demandaba “corrección, orden y seriedad”. Ya se anunciaban penas para los Miembros de Mesa que no ocuparan su puesto: de 3 a 90 días de la renta. Asimismo, cualquier alteración o falsificación de la votación promovida por un miembro de mesa sería penada con dos años de cárcel. La multa era entonces de 50 soles, en tiempos en que el sueldo de un obrero era de 600 soles mensuales.

Por entonces, el elector escribía el nombre de su candidato en la cédula y se consideraba válido el voto aun si el nombre del candidato figuraba de forma distinta. Sin embargo, no faltaron los incidentes aquel domingo 17 de junio, día de las elecciones. Los redactores de El Comercio asignados a la cobertura electoral dieron cuenta de las dificultades de los miembros de las Mesas por el número de actas y cédulas por llenar, suscribir y sellar. El extenso papeleo confundía a una población no acostumbrada a procesos electorales. Asimismo, se reportó mesas para transeúntes repetidas, números de libreta electoral que no figuraban en los padrones, votos en las ánforas que superaban los votantes registrados en actas, algún desmayo entre los miembros de mesa, así como miles de casos de personas que, quedándose sin sufragar por llegar tarde al centro de votación, se les selló la libreta electoral para no pagar la multa.

Crisis, nulidad y pantalones

En su portada del 14 de julio de 1962, El Comercio recoge la denuncia del Ejército sobre un presunto fraude masivo alegando la presencia de menores de edad, libretas duplicadas y padrones alterados a mano. Estas denuncias, aunque nunca probadas fehacientemente, terminaron en un golpe de Estado liderado por el general Pérez Godoy, anulando la competencia entre Haya de la Torre, Belaúnde y Odría. Al año siguiente, en nuevos comicios resultaría ganador Fernando Belaúnde. Como informó El Comercio, cerca de dos mil miembros de mesa (de 24 mil registrados) no concurrieron a recoger sus credenciales (Por entonces, ya la multa para los miembros de mesa ausentes había escalado a los dos mil soles, inflación mediante). Ello generó una notable demora para abrir las mesas de votación. Hasta el mismo domingo de elecciones, miembros morosos se presentaban para recoger sus credenciales, cuando ya sus mesas funcionaban con suplentes.

El domingo 13 de noviembre de 1966 se llevaron a cabo las elecciones municipales, un termómetro político para el gobierno de Belaúnde. Se impuso en Lima el oficialista Luis Bedoya, quien derrotó a Jorge Grieve, de la coalición formada por el APRA y el odriísmo. Fue la segunda vez en el siglo XX que elegíamos alcaldes por voto directo. En su edición del día siguiente, entre las diversas notas publicadas, una nos llama la atención: “El 40% de mujeres fueron a votar en pantalones”, dice el titular. Reflejo de una época machista, el perplejo redactor añade: “la situación motivó la intranquilidad de muchos votantes varones, y se escucharon expresiones como “qué buen voto”. Algunas cosas, felizmente, sí cambian.